JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO

En el marco de los juicios contra los acusados por el 11-S en Guantánamo, la CIA ha admitido la utilización de prácticas como el denominado waterboarding. Se trata de una técnica, ya utilizada en la Edad Media, en la que los detenidos son inmovilizados y se les arroja agua en la cara y en las vías respiratorias. Lo que se produce es una situación de asfixia forzada, en la que el interrogado experimenta una sensación de ahogamiento cercana a la muerte. Algunos medios han aprovechado la revelación para instalar un viejo interrogante: ¿no es lícito, acaso, torturar a un detenido para obtener información que puede salvar vidas?

Hace tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar una respuesta afirmativa a este dilema. La aprobación en 2001 de la llamada Patriot Act otorgó al poder ejecutivo un considerable margen de actuación en la lucha antiterrorista. Esta normativa vino acompañada por un protocolo que flexibilizaba el alcance de la tortura. Entre otras cosas, se llegó a decir que ésta podía ser “equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, como desfallecimiento orgánico, deterioro de las funciones corporales o, incluso, la muerte”. Algunos, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no buscaron rodeos para justificar esta práctica: “De lo que se trata –declaró– es de salvar vidas norteamericanas y no los derechos humanos de los terroristas”. El presidente George Bush puso su grano de arena y vetó un proyecto de ley que pretendía poner coto a las torturas acuáticas. Se podría pensar que a este lado del Atlántico la respuesta a una situación de este tipo sería la opuesta. Después de todo, a Europa le gusta presentarse ante el mundo como la cuna de Beccaria y Voltaire, como el continente de la paz, del diálogo y de las grandes Declaraciones de Derechos Humanos. Sin embargo, mientras las élites europeas se prodigan en proclamas a favor de las libertades civiles y políticas, la tortura no ha dejado de hacerse un hueco en las prácticas institucionales.

Primero, se supo de la existencia en los países del Este de una red de prisiones clandestinas donde se recluía y se torturaba con absoluta impunidad a personas que el Gobierno de los Estados Unidos consideraba terroristas. Luego, se constató la existencia de ciudadanos europeos desaparecidos en extrañas circunstancias, que habían sido secuestrados por la CIA. La inocencia acabó de perderse cuando se conoció la participación europea en el transporte y detención ilegal de presos que luego eran torturados en Guantánamo o en otros países del mundo.

El recurso a la tortura, sin embargo, no sólo se explica por la subordinación de la Unión Europea a las obsesiones militaristas del Gobierno de los Estados Unidos. En países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, se han aprobado normas y se han consentido prácticas que muestran que no se está ante un fenómeno accidental. Y lo mismo ocurre en el caso español, donde un reciente informe de Amnistía Internacional opina –al igual que la Relatoría Especial de la ONU hace unos años– que la tortura es una práctica más que esporádica en las comisarías. Dar una explicación acabada a este fenómeno de regresión jurídica y moral no es fácil. Sin embargo, parece inevitable vincularlo a una situación de fragmentación social que permite construir un otro deshumanizado y sin ningún tipo de derechos: el terrorista, el que amenaza la seguridad, la no-persona. Sólo esa construcción mental permite a algunos aceptar la tortura como un acto de defensa justificado, aunque sólo sea en situaciones excepcionales”. Como un acto, en suma, en el que no se participa directamente, pero que se está dispuesto a tolerar entre el telediario y la próxima publicidad comercial.

Para referirse a esta situación que inhibe la capacidad de reacción moral de la gente frente a prácticas de objetiva barbarie, algunos autores han hablado de “fascismo societario”. La expresión puede discutirse. Pero permite poner de relieve que se trata de una práctica promovida desde arriba, pero también, en buena parte, consentida desde abajo. Cuando Hitler llegó al poder, se dio cuenta, tras sondear a las principales cancillerías europeas, que nadie movería un dedo por el genocidio de los judíos. También Bush, después del 11-S, tuvo la seguridad que algo similar ocurriría respecto de las torturas de los presos en Guantánamo.

Cuando el consejero autonómico o el ex ministro de turno aseguran que en la lucha antiterrorista es preferible “pecar por exceso que por defecto” o que “no hay que producir bajas; pero, si son inevitables, que no sean nuestras”, las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la tortura no sólo la perpetra el torturador, sino también la sociedad que la tolera. Y que ese acostumbramiento a la barbarie degrada a quien la sufre, pero también a quien la acepta, aunque sea de manera excepcional.

Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

Ilustración de Iker Ayestaran