Una de las películas de cine negro que más pasiones me despierta es Chinatown. En el film, Roman Polanski desarrolla una trama de intriga policíaca a través de una red de corrupción en la compañía de gestión del agua de Los Ángeles, enclave especialmente árido del oeste de Estados Unidos. El cine negro es un género caracterizado por desvelar sin rubor las contradicciones de la sociedad occidental en su plano más canalla. Chinatown muestra la codicia en forma de traiciones y asesinatos, guiados por un móvil perverso: convertir la gestión de un bien básico, y escaso en una ciudad de millones de habitantes, en la oportunidad perfecta para sacar tajada, aunque se lleve consigo vidas y el dinero de la ciudadanía.

Barcelona, aunque anda un poco mejor que Los Ángeles en pluviometría, también es una ciudad con problemas de agua, especialmente en su factura. La capital catalana se encuentra entre las tres primeras en el ranking del precio del agua en los hogares según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias en 2017 en 35 ciudades españolas. La principal razón: La privatización de su servicio. La empresa “mixta” (85% privada y 15% pública), Aigües de Barcelona, que ostenta desde 2012 la concesión de la gestión del agua en la ciudad, emite facturas en la que más de la mitad de los costes no tienen nada que ver con el servicio, sino con su actividad empresarial, como publicidad o repartir dividendos.

En estos momentos, esta concesión se encuentra pendiente de resolución judicial ya que la adjudicación a la empresa no tuvo concurso público. Lo cierto es que desde los años 70 del siglo XIX, la gestión del agua de Barcelona ha estado en manos privadas sin contrato alguno de concesión hasta que CiU y PSC acordaran una licencia a la medida de Agbar y Caixabank, socios mayoritarios de la nueva Aigües de Barcelona. Casi como pudiera relatar Polanski, también en Barcelona el agua ha sido protagonista de múltiples casos de corrupción política y codicia empresarial. Donaciones a fundaciones de Convergència por valor de 855.000 en el Caso 3%, sobornos y regalos en el Caso Lezo, implicación en el Caso Pokemon, que consistió en una red de sobornos a alcaldes y enchufes, Operación Púnica, puertas giratorias como la que ha cruzado recientemente Santi Vila, etc. Sin olvidar la mayor privatización de la historia de Catalunya: Aigües del Ter-Llobregat, en estos momentos bajo investigación judicial también.

El detective J.J. Gittes (Jack Nicholson) hace tiempo que hubiese intuido que algo olía a podrido entre las tuberías y los despachos donde se gestiona el agua de Barcelona. Sin embargo, más de 140 años después sin una concesión clara y un contrato sin concurso, continuamos en medio de una trama de intriga que hace unos meses se quiso resolver a través de la multiconsulta ciudadana que avalaban más de 50.000 vecinos y vecinas, y que fue vetada posteriormente por la oposición en Barcelona. Parece ser que en la hoja de ruta política de algunos no está ahorrar a la vecindad barcelonesa más de la mitad de los costes de la gestión del agua, que son causados por la privatización de este servicio de primera necesidad, ni está, ni se le espera, ni ninguna vocación de servicio público les mueve.

Recuperar nuestro derecho a administrar nuestros recursos debería estar marcado en fluorescente en el listado de prioridades para conseguir hacer avanzar a Barcelona en el camino de la justicia urbana. El agua no es propiedad de nadie, sino necesidad de todos y su gestión ha de ser transparente. Remunicipalicemos el servicio de aguas como ya lo han hecho París, Berlín o Londres. Nuestro bolsillo lo agradecerá, y estaremos un paso más cerca de hacer una ciudad a la medida de su vecindad, y no de grandes empresas que pretenden hacer de lo público su chiringuito, centrémonos en reforzar la lucha de los barrios de la ciudad, que tanto necesitan de este impulso.