Tras una espera que, en plena segunda ola, a muchos se nos ha hecho larga, el Ejecutivo comunitario ha presentado su propuesta para la creación de una Unión de la Salud.

Después de haber escuchado en numerosas ocasiones que la competencia primaria de protección de la salud y de los servicios sanitarios es de los Estados miembros y después de haber sido testigos de las consecuencias directas e indirectas de tal condición desde que a primeros de año se instaló en nuestras vidas el coronavirus, asistimos estos días a un paso importantísimo, anunciado en septiembre por la presidenta von der Leyen: el germen de la Unión Europea de la Salud.

Tal como pedimos los socialdemócratas europeos hace meses en un documento propio cuyo contenido fue recogido más tarde en gran medida en una resolución ampliamente apoyada por la Eurocámara en julio, el nuevo marco de seguridad sanitaria de la UE planta las bases para ir más allá de la gestión de crisis y pandemias, suponiendo el primer paso hacia una unión fuerte de la salud en los 27 Estados miembros.

Con escrupuloso respeto a los artículos 168 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativos a la salud y el mercado interior, la Comisión Europea propone aprender de las lecciones que nos deja esta pandemia y, sobre todo, atender a las demandas de los ciudadanos europeos que no solo han identificado la salud como una prioridad, sino también como una de las áreas en las que esperan más y mejores acciones por parte de la Unión.

Así, la propuesta legislativa de la Comisión que deberemos estudiar y negociar en el Parlamento Europeo recoge tres importantes reglamentos: uno sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, otro para reforzar el papel de la Agencia Europea de Medicamentos y un último dedicado a cambiar el mandato del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Todo ello con los objetivos evidentes de reforzar la gestión de crisis y corregir las deficiencias detectadas hasta ahora como, por ejemplo, la falta de análisis de datos recogidos, la insuficiente movilización de grupos de trabajo, la adopción y declaración de medidas y urgencias comunes en toda la UE o la realización de seguimientos del riesgo de escasez de medicamentos y productos sanitarios, por nombrar algunas.

A estas propuestas legislativas les seguirán antes de acabar el año dos iniciativas fundamentales para la creación de una Unión de la Salud: la Estrategia farmacéutica para Europa y el Plan europeo de lucha contra el cáncer. Dos ámbitos de gran relevancia en nuestro continente, especialmente el segundo que ha pasado a un segundo plano por el coronavirus, pero que sigue ahí, causando estragos como la segunda causa de muerte en la UE, tras las enfermedades cardiovasculares.

En definitiva, lo que aquí está en juego es la salud de 450 millones de europeos y, admitámoslo abiertamente, la credibilidad de la Unión Europea como una organización capaz de atajar no solo los problemas derivados de una crisis económica sin precedentes, sino también las dificultades sanitarias a las que hacen frente los Estados miembros y sus habitantes. Hoy estamos un poco más cerca de demostrarlo.