Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Periódicamente aparecen informes sobre la transición demográfica en Europa, indicando que Europa se está convirtiendo en un continente con demasiados ancianos y con muy pocos infantes y jóvenes, mostrando a España como un caso claro de esta alarmante situación. Se subraya que dicha transición demográfica llevará al declive de las economías europeas (y, por lo tanto, de la economía española) debido a su insostenibilidad. Se asume que una economía donde aumenta el número de ancianos y disminuye el número de jóvenes es una economía que inevitablemente entrará en declive, pues se convertirá en una economía de consumo (sobre todo de recursos públicos, tales como pensiones y servicios sanitarios públicos) a costa de una economía productiva, basada, por supuesto, en la gente joven. En este escenario, el conflicto social ya no radica en el choque de intereses entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, sino en un conflicto entre los grupos etarios, y muy en particular entre los jóvenes por un lado y los ancianos (que viven a costa de los primeros) por el otro. No es por casualidad que suelan ser economistas conservadores de sensibilidad liberal (que en términos populares se les conoce como neoliberales) los que acentúan el supuesto desastre que implica para la viabilidad del Estado del Bienestar –pensiones y servicios sanitarios públicos- el envejecimiento de la población. Alarmados por este hecho, insisten en que las pensiones públicas y los servicios sanitarios deben reducirse y privatizarse, pues no es ni justo, ni es eficiente, ni es posible continuar sosteniendo con el erario público al Estado del Bienestar, presentando como solución a esta insostenibilidad su privatización. No es tampoco por casualidad que sea el capital financiero –la banca y las compañías de seguros- el que promocione tal alarmismo demográfico. El principal portavoz de ese capital, el Sr. Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, resumió esta postura en unas declaraciones al Wall Street Journal, el diario de la banca estadounidense, en las que señaló que la Europa Social (es decir, el Estado del Bienestar) no era ya sostenible.

En un libro reciente, Juan Torres y yo hemos mostrado las enormes debilidades de esta postura económica neoliberal, carente de evidencia científica que la avale (ver Lo que debes saber para que no te roben la pensión, Editorial Espasa, año 2013). Comencemos con los datos, y el más inmediato es el que la crisis del sistema público de pensiones no tiene nada que ver con la transición demográfica. Repito, nada que ver. El problema de las pensiones públicas en España no es que no haya suficientes jóvenes (que con sus cotizaciones sociales pagan las pensiones de sus padres y abuelos), sino que no haya suficiente trabajo para los jóvenes. En realidad, España está exportando gente joven. No hay falta de jóvenes en España. El problema de las pensiones está, pues, en el mercado de trabajo, con un enorme desempleo, una tasa de ocupación muy baja, y unos salarios muy bajos que continúan bajando. Y todo ello como consecuencia de las políticas públicas de una clara sensibilidad neoliberal, que traducen el enorme ataque del mundo del capital (hegemonizado por el capital financiero) contra el mundo del trabajo. Y utilizo deliberadamente el término “ataque”, pues estas políticas neoliberales (que consisten en recortes del gasto público social y en reformas laborales para reducir los salarios) intentan debilitar al mundo del trabajo a fin de conseguir una mayor rentabilidad, la cual está alcanzando, no solo en España sino en toda Europa, unos niveles muy altos. El pensamiento neoliberal quiere esconder esta realidad, refiriéndose no al conflicto capital-trabajo, sino al conflicto (inexistente) entre jóvenes y ancianos.

El escándalo actual

El enorme crecimiento de la productividad y el aumento del porcentaje de la población que trabaja explica el gran crecimiento de la riqueza en nuestras sociedades, crecimiento que podría sostener (e incluso aumentar) los Estados del Bienestar. Esta situación es más que evidente en España, donde el PIB de hoy es veinticuatro veces superior (en moneda constante) al que existía a principios del siglo XX, dato que por lo visto era desconocido (o fue ocultado) por el llamado “Comité de (supuestos) Expertos” nombrado por el gobierno del PP (que tenía como objetivo –nunca declarado- mostrar que las pensiones públicas tenían que reducirse). Estos “expertos” indicaron que, puesto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado desde principios del siglo XX hasta hoy, la economía española no puede permitirse el lujo de ir pagando las pensiones de los ancianos que continúan jubilándose a los 65 años. Los llamados “expertos” no se hicieron la pregunta lógica: ¿por qué una economía que se ha multiplicado por 24 en el periodo 1900-2000, no puede pagar las pensiones de una población cuya esperanza de vida a los 65 años se ha multiplicado por 2?

Cuando los economistas neoliberales señalan que es injusto que la edad de jubilación (65 años) no haya variado desde hace algo más de noventa años, no dicen nada sobre el hecho de que el número de horas diarias de trabajo (8 horas) en el mundo laboral no haya variado nada desde el siglo XIX. En realidad fue John Maynard Keynes el que predijo que el aumento de la productividad permitiría que la gente trabajara solo 15 horas a la semana en 2030. No se tiene en cuenta, pues, que el enorme crecimiento de la riqueza, resultado del crecimiento de la productividad, permite una notable expansión del Estado del Bienestar.

El impacto de la productividad

Hace unos cuarenta años el 18% de la fuerza laboral trabajaba en el campo en España. Hoy es solo el 2%, y con lo que este porcentaje produce hay suficiente alimento para mantener a la población española. Imagínese la ridiculez que hubiera significado que algún economista hubiera dicho en aquel momento, hace 40 años, que España se moriría de hambre hoy –año 2014- como resultado de falta de trabajadores en el campo. Pues una situación idéntica ocurre con las pensiones. El hecho de que en el año 2050 vaya a haber, en lugar de 2,4 trabajadores por pensionista (con datos de 2010), solo 1,15, no tiene que ser ningún problema, pues 1,15 trabajadores producirán más riqueza de la que hoy producen 2,4. Es más, cualquier país puede escoger pagar las pensiones a través de fondos generales del Estado (como ya están haciendo muchos países) en lugar de hacerlo a través de las cotizaciones sociales. Y hay suficiente riqueza en el país para sostener el altamente popular Estado del Bienestar.

El problema, pues, no es la falta de riqueza, sino la distribución de la riqueza, el tema clave del que el capital (es decir, la gran banca y la gran patronal) no quiere que se hable, pues es el máximo beneficiario de las políticas públicas que han favorecido sistemáticamente sus rentas a costa de las rentas del trabajo. Al inicio de la crisis, España se gastaba 66.000 millones de euros menos en su Estado del Bienestar de lo que se debería haber gastado por su nivel de riqueza económica. Y no se los gastaba porque el Estado no los recogía. En España la mayoría de la población que estamos en nómina pagamos en impuestos un porcentaje de nuestros ingresos semejante (solo ligeramente inferior) al promedio de los ciudadanos de los países de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al de España). En cambio, los que derivan sus ingresos de la propiedad del capital pagan solo un 10% de lo que hacen sus homólogos en la UE-15. Y estos tienen un enorme poder político y mediático. ¿Se dan cuenta de por qué se habla tanto de transición demográfica y tan poco de la redistribución de la riqueza?