KATTYA CASCANTE

El Gobierno español, que reclama un asiento en las instituciones globales, debe asumir con idéntica energía las responsabilidades y promover los compromisos necesarios para enfrentarse a los retos que la globalización implica. Asegurar el derecho a una alimentación adecuada en el mundo supone un bien público necesario y, por ello, la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria para Todos, celebrada los pasados días 26 y 27 en Madrid, ha supuesto un contrapeso al único resultado constatable: el hambre sigue aumentando.

La crisis desatada durante el primer semestre del pasado año ha supuesto un punto de no retorno en el cuestionamiento del sistema agroalimentario actual. La estimación del incremento en más de cien millones de personas hambrientas en tan sólo unos meses pone de manifiesto su inaplazable

reestructuración. El asunto no es que se produzcan pocos alimentos, sino la incapacidad de muchas personas para acceder a los mismos. Los enfoques convencionales, cuestionados incluso antes de la actual crisis financiera, son el motor de arranque hacia nuevos instrumentos en los que, como ya avanzaba la Declaración de Córdoba (2008), los alimentos se conciban en primer lugar para alimentar a las personas, y no con criterios de preferencia de los mercados internacionales.

Se advierte, por tanto, una crisis de gobernanza en la que es necesario redefinir las reglas del juego, aunque de nada sirve si son de nuevo las potencias económicas y geoestratégicas quienes diseñan el nuevo sistema. De hecho, las recientes propuestas del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, o el Nuevo Acuerdo sobre Seguridad Alimentaria promovido desde el Banco Mundial comienzan a plantear reformas en este sentido. Proteger la recientemente reformada PAC con la subida de aranceles hacia los productos agrícolas de importación y garantizar la suficiencia alimentaria dentro de las fronteras europeas son las líneas más conservadoras de estas propuestas. Un fuerte proteccionismo frente a la necesidad de los países agrícolas de incrementar sus exportaciones hacia nuevos mercados internacionales con mejores ventajas a las actuales. Por desgracia, la cumbre de Doha de diciembre tampoco supuso un avance, ni siquiera en la intención de que los más poderosos renuncien a sus cuotas de negocio y, por tanto, de que la desventaja con los países mas empobrecidos disminuya.

Está claro que el consenso de partida se centraba en una preocupación de todos; sin embargo, la solución no parece igualmente compartida. Ni siquiera los organismos internacionales con mandatos específicos sobre agroalimentación consiguen dejar atrás sus luchas de poder y focalizarse hacia un mismo objetivo.

La desaceleración en la todavía ascendente subida de los precios de los alimentos en el mercado internacional no permite hablar de síntomas de recuperación. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, subrayó la necesidad de que cada Estado debía crear un marco institucional a nivel nacional para proteger el derecho a la alimentación de sus ciudadanos y ciudadanas. De Shutter, que asumió el mandato en mayo, ya advirtió de que los problemas derivados de la crisis persisten porque no se han combatido las causas estructurales que la provocan, y que es imprescindible preparar a los países para afrontarla dentro de un marco de derechos humanos.

Por otro lado, era importante estar alerta para que la inminente necesidad nutricional no retuviera las decisiones políticas en la respuesta inmediata de la emergencia, ya que, para hacer realidad el derecho a la alimentación, es necesario mirar más allá del contexto urgente de la crisis. Así, Madrid no debía repetir el listado de cifras solidarias para cubrir la emergencia de la compra de alimentos, sino garantizar el incremento del gasto en cooperación al desarrollo y una eficaz coordinación de esfuerzos. Miguel Ángel Moratinos lo sabía y ofreció la batalla de la obligatoriedad frente al carácter voluntario de destinar del 0,7% del PIB para el 2012 de todos los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En este sentido, el presidente Zapatero no dudó en renovar el compromiso para finales de esta legislatura en sus conclusiones finales, al recalcar la importancia de restablecer el crecimiento de las economías, pero nunca por delante del avance en la ayuda al desarrollo. Por otro lado, las causas multidimensionales de la crisis afinaron la denuncia hacia el fracaso del sistema financiero, que necesita una urgente reforma, donde los principios de justicia y equidad deben orientarse hacia el desarrollo de todos.

En su discurso de apertura de la reunión, Jacques Diouf (director general de la FAO), volvió a recordar el compromiso asumido en Roma de 22.000 millones de dólares, de los cuales todavía no se han hecho efectivos más que 2.000. En España, el compromiso del ya acuñado Proceso de Madrid integrará una movilización de recursos de 200 millones de euros anuales para los próximos cinco años, que serán gestionados por la ONU y por el equipo de Alto Nivel. Confiamos en que de nuevo lo urgente no relegue a lo importante.

De iniciativas como la de Madrid se suelen hacer lecturas positivas, por el hecho de celebrarse, y negativas, porque, a la larga, parecen no cambiar mucho de lo que se denuncia. Es cierto que, como el perfil inicial de esta cumbre era limitado, las expectativas han estado a la altura. Con el encuentro se pretendía abrir un proceso de consulta para impulsar la Alianza Global por la Agricultura y Seguridad Alimentaria, y así ha sido anunciado. Los grandes desafíos acumulados, desde la obligada referencia al ya imposible cumplimiento de reducir a la mitad la población que pasa hambre en el mundo para 2015 (uno de los Objetivos del Milenio de la ONU), hasta las debilidades crónicas de los mecanismos de

coordinación de un sistema multilateral que necesita dar soluciones a los problemas de la globalización, tendrán que esperar una vez más.

Kattya Cascante es Polítologa. Fundación Alternativas

Ilustración de Patrick Thomas