Sabino Cuadra Lasarte

Abogado, sindicalista y político vasco

Tras los últimos juicios habidos en la Audiencia Nacional (izquierda abertzale, SEGI, Askapena, EKIN,....), las absoluciones y reducciones en las peticiones hechas por la Fiscalía habían permitido que unas cien personas no ingresaran nuevamente en prisión. Parecía así que esta institución, heredera de la más negra noche franquista —TOP—, estaba a punto de pasar página. Pues bien, quien así pensó se equivocó. Los sucesos de Altsasu muestran que las raíces de ese Tribunal de excepción son más profundas de lo que parecen.

El auto de procesamiento dictado por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela (10-15 años de cárcel para cada uno de los nueve jóvenes) traslada al terreno judicial lo que no es sino el guión del PP en el terreno político. Se trata del cansino credo repetido hasta la saciedad por el hoy ex-ministro Fernández Díaz, según el cual en Euskal Herria no ha existido conflicto político alguno, sino una mera agresión terrorista contra un Estado democrático y sus instituciones. Y todo lo demás son anécdotas. Punto.

Pues bien, el auto de la jueza se basa en un relato similar: en Altsasu no ha habido pelea o trifulca alguna sino una agresión unilateral y tumultuaria impregnada en sentimientos de odio a la Guardia Civil y enmarcada en una política que hunde sus raíces en la estrategia del terror de ETA. Guión inquisitorial en el que cualquier conflicto es situado en claves demoníacas y es aprovechado para zanjar cuentas políticas mucho más terrenales. ¡Amén!

“Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras” (Federico García Lorca)

Durante la Dictadura, la Guardia Civil fue modelada de arriba abajo a imagen y semejante del Régimen, del que fue su principal sostén represivo. A pesar de ello, durante la Transición no se practicó en ella depuración alguna ni se le exigieron responsabilidades por sus décadas de represión y crímenes.

Luego, la guardia civil fue protagonista principal en el golpe del 23-F. A pesar de ello, los casi trescientos números, cabos y suboficiales que tomaron parte en él, ni siquiera fueron procesados. Tan solo se juzgó a los oficiales y jefes. Después, tras el benevolente cumplimiento de las reducidas penas impuestas (la mayor parte cumplió menos años que los que ahora se piden a los chavales de Altsasu), muchos de ellos se reincorporaron al cuerpo donde ascendieron e, incluso, fueron condecorados por sus méritos profesionales. La lección a sacar es clara: si hay un golpe de estado, no te preocupes a la hora de apuntarte, porque, si sale mal, no pasa gran cosa, y si triunfa, honor y gloria.

Hace un año El País entrevistó a J. A. Delgado Ramos, segundo en la lista de Podemos en Cádiz y hoy diputado. Hasta entonces era Secretario de Comunicación de la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil), que cuenta con 30.000 afiliados de los 80.000 agentes que tiene el cuerpo. En ésta afirmaba que “la Guardia civil tiene dos caras, pero la mayoría de los ciudadanos solo conoce una, la que representa la eficacia, el sacrificio, la disciplina... Y luego está la otra cara, la que todos los gobiernos han tratado de ocultar. En comparación con el resto de cuerpos de policía es la peor pagada, la que peor jornada laboral tiene, la que más derechos cercenados....” Pues bien, sin entrar a comentar lo anterior, que también daría de sí lo suyo, hay una tercera cara silenciada en la entrevista, cual es la de ser –dicho sea con educación- uno de los principales instrumentos de violencia del Estado. Violencia legal, en unos casos, pero también ilegal en otros. Veamos.

Quince días después de los sucesos de Altsasu el diario ABC publicó una grabación hecha al coronel-jefe de la Guardia Civil balear, J. Barceló (2.000 agentes bajo su mando) en la que éste afirmaba: “Hostias y un golpe hemos dado todos, ¡todos!... El que ha trabajado un poco en esta Guardia Civil y no ha soltado una “paparra” (una hostia) es que ha trabajado poco”. Y los jueces y fiscales que tanto se preocupan cuando un número resulta herido en una trifulca en Altsasu, miraron para otro lado, a pesar de este reconocimiento público de que en la Guardia Civil las hostias se dan por miles.

Según un estudio del Instituto Vasco de Criminología, entre 1960-2013 más de 4.000 personas sufrieron malos tratos y torturas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). La Comisión de Ética de la Universidad del País Vasco homologó 3.577 de estos casos. Es decir, desde 1960, más de una persona ha sido torturada a la semana y se han dado once casos en cada pueblo o barrio de 5.000 habitantes. En el ranking torturador el primer puesto lo ocupaba la Guardia Civil. En el cuartel de Intxaurrondo —Donostia—, auténtica cámara de los horrores, se planificaron incluso secuestros, asesinatos, desapariciones...

En Sakana, comarca de 20.000 habitantes en la que se sitúa Altsasu (7.500 vecinos/as), mentar a la benemérita es mentar al diablo. Para buscar las razones de ello no hace falta remitirse al franquismo. En noviembre de 1979, Mikel Arregi, concejal de HB en Lakuntza, fue ametrallado en un control por la guardia civil, muriendo posteriormente. La versión oficial y la de los testigos difirieron substancialmente. Prevaleció la primera, por supuesto. El autor de los disparos fue condenado a dos meses de cárcel. A los siete jóvenes de Altsasu, acusados de terrorismo, les pueden caer penas entre 60 y 90 veces mayores.

Desde entonces hasta hoy en Sakana han visto de todo. Cientos de personas han sido multadas, detenidas, maltratadas, encarceladas... También se sabe de guerra sucia con incendios de coches y colocación de bombas en casas y establecimientos. Distintos ayuntamientos han denunciado la represión indiscriminada de la Guardia Civil en la zona. Y en todo esto, la juventud de Sakana ha sido el principal capacico de todas las hostias legales e ilegales.

Altsasu: ¿pelea, trifulca... o brutal paliza y linchamiento?

Sábado 15 de octubre. Fiesta grande en Altsasu. Un teniente y un sargento de la guardia civil, así como que no quiere la cosa, entran con sus parejas en uno de los bares más frecuentados por la juventud altsasuarra. No es para tomar un cafelito mañanero. Son las cuatro de la mañana, cuando el raciocionio se diluye y la sangre fluye intoxicada. Surge una discusión con varios jóvenes. El tono sube, primero en el bar, luego en la calle. Comienzan a hablar las manos. Un guardia afirma: “te voy a matar”, “te voy a meter un tiro entre ceja y ceja”, lo cual no ayuda a calmar la situación. En resumen, trifulca envuelta en alcohol entre gentes que no se aprecian mucho entre sí. Las lesiones son mutuas: una fractura en el tobillo de un agente, un mordisco en el brazo a un chaval, moratones varios...

La versión oficial habló de “brutal paliza”, “linchamiento”, “agresión multitudinaria”. En pocas horas se dispara una campaña mediática –editoriales, tertulias, noticiarios...- y los hechos llegan hasta la Comisión de Interior del Congreso de la que su Secretario primero es el ex-dirigente de la AUGC antes comentado. Allí, impulsada por el PP y suscrita también por PSOE, Podemos, C’s y PNV, se aprueba una Declaración que expresa su más “enérgica condena y rechazo de la brutal agresión sufrida por dos miembros de la guardia civil y sus respectivas parejas”, muestra su “apoyo y solidaridad con la Guardia Civil ante estas injustificadas agresiones” y “afirma que “el Estado de derecho funciona y la violencia nunca podrá quedar impune”. ERC y EH Bildu votan en contra. En resumen, asunción cien por cien del relato del PP: en Euskal Herria solo existe un tipo de violencia y ésta se ejerce contra el Estado de derecho y sus instituciones. Curioso, eso sí, que las intervenciones y votos contrarios de ERC y EH Bildu hayan desaparecido del video oficial de la reunión.

Sus señorías no han estimado que las declaraciones del coronel de la Guardia Civil reconociendo hostias generalizadas en los cuarteles beneméritos mereciese atención alguna. Tampoco lo hicieron cuando en los pasados sanfermines una joven de dieciocho años fue violada en grupo por cinco personas, de las que una era guardia civil y otra militar. Así, según parece, la lesión en el tobillo de un guardia civil en una pelea en Altsasu es más importante que la violación y graves lesiones psicológicas para esa chavala.

Mención especial merece a estos efectos la AUGC, que se ha personado como acusación popular en la Audiencia Nacional para “velar por los intereses de los integrantes de la guardia civil y sus familias…. sometidos a un escenario de rechazo y odio por ciertos sectores de esa sociedad”. Pues bien, que yo sepa, la AUGC no se ha personado nunca como acusación en los miles de casos de malos tratos reconocidos por el coronel J. Barceló o en los más de 4.000 de torturas recogidos por el Gobierno de Gasteiz. Sin embargo, habida cuenta su implantación (30.000 afiliados sobre 80.000 agentes), es completamente imposible que, no solo uno, sino varios cientos y miles de ellos no hayan tenido conocimiento o participación directa o indirecta en los mismos. ¿Cómo sorprenderse, pues, que el rechazo al cuerpo sea generalizado en Euskal Herria? ¿Por qué no nos permiten hacer una consulta a fin de comprobar que el “Alde hemendik!” (“¡Que se vayan!”), no obedece a estrategia alguna de ETA, sino a un sentimiento generalizado entre la población; no a algo dictado por el odio, sino por el más elemental sentido común democrático?

Frente a la versión oficial está la otra, la silenciada. La que habla de una trifulca envuelta en alcohol a altas horas de la mañana entre gentes que no se estiman en demasía. Es lo que afirmó desde el primer momento el Ayuntamiento de Altsasu en una declaración suscrita por Geroa Bai, PSN y Goazen Altsasu —Podemos— (EH Bildu reclamó contar con más información al efecto) condenando los “actos violentos ocurridos”, expresando su “solidaridad” con las personas heridas y señalando su “preocupación y malestar por la masiva presencia de la guardia civil” en el pueblo. Es decir, se habla en plural y de forma genérica, que no de manera unilateral. Los guardias civiles no fueron las únicas víctimas de la trifulca, ni a los jóvenes sus únicos causantes.

La Audiencia Nacional, jurisdicción de excepción

Nunca en la historia, la Audiencia Nacional había actuado con tanta celeridad. El procesamiento de nueve jóvenes y encarcelamiento de siete de ellos se ha producido en poco más de un mes desde que se produjeron los hechos. La jueza, por supuesto, da por buena la versión de los guardias civiles y desprecia la de los jóvenes que han negado las agresiones e, incluso, su presencia en el lugar. Las abogadas de los chavales han denunciado todo esto: “No hemos podido ver la causa in situ, ni presentar pruebas en defensa y ya se ha decidido procesarles”. Se ha denegado, además, la posible libertad bajo fianza porque, a pesar de que los jóvenes se presentaron voluntariamente a declarar y se habían puesto a disposición de la autoridad judicial desde el primer momento, la jueza ha entendido que, de hacerlo, existía riesgo de fuga.

Este suceso ha puesto de manifiesto además la supeditación completa de las instituciones locales y forales al poder central. Frente a la investigación inicial llevada a cabo por la Policía Foral, el caso ha sido asumido en exclusiva por la Guardia Civil, jueza y parte en este asunto; frente a los trámites iniciales seguidos en el Juzgado de Instrucción navarro, la Audiencia Nacional ha asumido la competencia total en el tema; frente a unas instituciones locales en las que el PP carece de presencia alguna (Ayuntamiento de Altsasu) o ésta es mínima (dos miembros de cincuenta en el Parlamento Foral), son las mayorías congresuales españolas las que imponen su relato y valoración política.

No es de extrañar así que la indignación se haya extendido por Altsasu, donde su población, por cientos, por miles, ha venido saliendo casi diariamente a la calle desde que sucedieron aquellos hechos. Y es ese clamor unánime exigiendo libertad para los chavales y la tramitación del caso por el Juzgado ordinario de Navarra, el que ha hecho recular la tibieza y condescendencia inicial con la que algunos partidos valoraron los hechos en un primer momento.

El Ayuntamiento de Altsasu, junto con los/as familiares de los jóvenes procesados, han convocado una manifestación en la localidad para el sábado 26 de noviembre. Rechazan la calificación de los hechos como terrorismo y exigen la libertad de los detenidos y que los hechos sean juzgados en Iruñea. En términos similares se han expresado los alcaldes de los quince pueblos de Sakana, el Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-E), apoyando la convocatoria del Ayuntamiento. De esta manera, lo que desde un principio no ha sido sino un burdo montaje político-policial a fin de crear disensiones en las instituciones del cambio en Nafarroa, se está volviendo contra sus maquiavélicos impulsores. Puro efecto boomerang.