CAMILO NOGUEIRA

Zapatero y Rajoy coinciden en proponer a Durão Barroso para la Presidencia de la Comisión Europea. Apoyan a un aspirante que no se distingue por impulsar decisiones comunitarias frente a la crisis económica, como tampoco lo hizo para superar la parálisis del proyecto de Constitución tras los referendos de Francia y Holanda y el desentendimiento del Reino Unido. En aquel momento crucial, Barroso no hizo otra cosa más que hacerse eco de la idea escapista de Tony Blair sobre “la UE de los proyectos concretos”, cuando el avance de la Unión política constituía la condición necesaria para impulsar su acción interna e internacional.

Coinciden Zapatero y Rajoy en prolongar la Presidencia de Barroso olvidando que su anterior nombramiento no fue independiente de su participación como anfitrión en las Azores, donde se tomaron decisiones de guerra que provocaron un desastre humanitario, agravaron los problemas mundiales y contribuyeron a la división interna, aún no cicatrizada, de la UE. Después de la reciente campaña en la que se maltrataron los problemas españoles y se menospreciaron los europeos, el apoyo conjunto de socialistas y conservadores españoles a ese candidato contribuye a probar que la abstención en las elecciones europeas no responde a posiciones genéricas, como el desinterés ciudadano por algo lejano, ni siquiera posiblemente a la crisis económica, sino al reiterado uso instrumental y al ocultamiento de la UE por parte de las instituciones de los estados.

No quiere ser esto una crítica a la coincidencia de formaciones de signo diferente en decisiones de transcendencia. Sin olvidar la excepcional unión de voluntades del momento fundacional, resulta paradigmático el impulso dado a los Fondos Estruturales, la Unión Económica y Monetaria, la reunificación de Alemania o la apertura al Este por Helmut

Kohl, François Miterrand, Felipe González y, también, Mario Soares, apoyando las propuestas de Jacques

Delors, con la confianza del Parlamento Europeo (PE). Tuvieron también un sentido constructivo las posiciones de Jacques Santer y Romano Prodi, uno poniendo en circulación el euro frente a la dura ofensiva de poderes contrarios a la integración europea y el otro defendiendo al igual que el PE propuestas avanzadas durante la Convención, cuando Giscard d’Estaing se columpiaba en exceso hacia dirigentes estatales nada entusiastas con la aventura constitucional.

El apoyo conjunto del PSOE y el PP a la elección de Barroso no viene exigido por el resultado del 7 de junio. Aunque el Grupo Popular cuente con más fuerza que el Grupo Socialista, no se puede ignorar que el primero no dispone más que de 264 diputados -el 35,9% de los 736 de la Cámara– ni desdeñar una posible mayoría alternativa. El Grupo socialista conserva 161 diputados. El Grupo Verdes-Alianza Libre Europea, con 53, tuvo su mejor resultado. Resisten con 32 los partidos de la Izquierda Unitaria Europea. Si con todo ello la izquierda suma 246 deputados, una cifra próxima a la de los populares, con el Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales, de 80 diputados, podría formarse una mayoría que no puede ser negada a priori (en ella estarían diputados de PSOE, CIU, PNV, IU-IC y, rotatoriamente, de ERC, BNG, Aralar y EA). De hecho, no es raro que esta mayoría se configure en la vida del PE. Es preciso señalar que la izquierda superó en diputados a la derecha democrática tanto en Francia, donde los Verdes-ALE igualaron a los socialistas, como en el Estado español, con 24 frente a 23, quedando en Alemania a poca distancia, 38,8% frente al 39,2%, de la mayoría de Angela Merkel, teniendo presente además el 11,1% de los liberales, integrados en el Grupo

homónimo del PE.

Esta posible mayoría democrática y progresista podría determinar la elección del presidente de la Comisión y, en el supuesto de la aprobación del Tratado de Lisboa, la del presidente de la UE. Si bien en la Cámara estarán presentes grupos de extrema derecha o euroescépticos irrecuperables, por lo relativamente reducido de su presencia y por su significado político no deberían condicionar la elección de los presidentes de esas instituciones, ni tampoco el del PE.

Si esa mayoría no se instrumenta, no será sólo por los resultados de estas elecciones, sino a causa de la conjunción de los conservadores y de gobiernos socialistas como el británico, respondiendo el premier Brown a la política olvidable de su predecesor, y el español que, inseguro Zapatero en el espacio de la UE, pretende tener de su lado a Barroso durante su próxima Presidencia, cuando lo decisivo ya no es la Presidencia semestral, sino la aplicación de las reformas del Tratado de Lisboa para contribuir mejor a la superación de la crisis política, que dura ya cuatro años, y de la económica, que nos sigue amenazando.

Apenas terminada la campaña electoral, las posiciones reveladas sobre la elección del presidente de la Comisión no serán las únicas que alimenten la tendencia de los estados, comprendidas en ellos a las instituciones civiles, a obscurecer la realidad de la UE en un clima dominado por el hábito patológico de atribuir a la Unión las decisiones problemáticas, que en última instancia son determinadas por los gobiernos estatales en el Consejo Europeo. Constituye un síntoma de esta realidad el hecho de que el Gobierno español presente ahora como su principal baza frente a la crisis el proyecto de ley que, adaptando la Directiva de Servicios de la UE, modifica 47 leyes estatales. Cuando esa norma se debatía en el Parlamento Europeo, de ella no nos llegó más que un elemento parcial referente a las condiciones salariales y de trabajo, que se identificaban negativamente con las del país de origen. La denostada Directiva

Bolkenstein, pues de esta se trata, presentada ahora como taumatúrgica, fue usada en la campaña como uno de los arietes preferidos contra la Unión.

Camilo Nogueira es fue diputado del Parlamento Europeo y autor de ‘Europa, O continente pensado’.

Ilustración de Jordi Duró