Este Primero de Mayo tiene que marcar un punto de partida para encontrar una salida con derechos de esta pandemia y reclamar al Gobierno que cumpla sus compromisos e impulse un modelo productivo que genere empleo de calidad, derogando las reformas laborales de manera urgente.

Para UGT, lo prioritario, sin duda, es solucionar los problemas de las personas, fundamentalmente, de aquellos que, a pesar de los esfuerzos realizados desde el Gobierno y los agentes sociales para establecer un escudo de protección social, por desgracia, se han quedado atrás.

Los datos recientes de la EPA y contabilidad nacional muestran que la mejor medida económica es proteger la salud e incrementar el ritmo de vacunación. En estas circunstancias no es momento de disminuir la protección al empleo y al tejido productivo.

Por eso, es fundamental que se prolonguen los ERTEs –que no son ningún chollo para los trabajadores y las trabajadoras porque suponen cobrar sólo el 70% de su salario base topado- y las ayudas a las empresas viables para que haya una pronta recuperación en el empleo y en el tejido productivo, cuando vuelvan a tener una actividad normal.

En este sentido, el aumento de los despidos colectivos que se viene constatando en los primeros meses resulta muy preocupante, especialmente, los que se vienen conociendo en las entidades bancarias, que se han visto beneficiadas por cuantiosas ayudas estatales para que sus negocios no se hundieran debido a su mala gestión, y que ahora proponen ERE masivos tras años de abultados beneficios y exorbitantes retribuciones de sus ejecutivos. De poco habrán servido las medidas de suspensión temporal acordadas si finalmente terminan traduciéndose en despidos.

No es momento de despidos, es momento de preservar el empleo para que, cuando se supere la pandemia, podamos impulsar la actividad y la recuperación plena de los puestos de trabajo, pero para ello es imprescindible reforzar la demanda, el componente que más aporta al PIB, lo que requiere unos empleos de calidad y unos salarios decentes para que los hogares tengan suficientes ingresos para consumir.

Y en este punto es fundamental que el Gobierno aumente el SMI, una cuestión de justicia social (porque afecta a los que menos ganan) y de interés de Estado, porque se traducirá en más demanda y por tanto en un mayor crecimiento del PIB.

Además, también por justicia social e interés de todos, unas mejores condiciones para la clase trabajadora asalariada y una mayor protección implican obligatoriamente la derogación de la reforma laboral, luchar contra la temporalidad y la precariedad, contra la siniestralidad laboral y a favor de la igualdad retributiva y de condiciones de trabajo. Y para ello también es necesario el fortalecimiento de la negociación colectiva, para lo que es indispensable que las organizaciones patronales se sienten a negociar ya el V Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcanzar un acuerdo en esta materia es básico para asegurar buenas condiciones de trabajo en los convenios colectivos pero también es una herramienta que servirá de protección ante el aumento de la pobreza y de la desigualdad que estamos viviendo, como podemos comprobar en las “colas del hambre” en las que decenas de miles de personas acuden por necesidad –no porque sean unos “mantenidos” como dice la candidata Isabel Ayuso- a organizaciones sociales y vecinales para poder llevar comida a sus familias.

Y siguiendo con el planteamiento, el Gobierno tiene que derogar la reforma de las pensiones de 2013, que el índice de revalorización de las pensiones vuelva a vincularse con el IPC y se elimine el actual factor de sostenibilidad, que empobrece a los actuales y futuros pensionistas hasta en un 40% en un medio plazo.

Y todas estas medidas son compromisos que el Ejecutivo se había comprometido a llevar a cabo y que la pandemia ha paralizado. La salida de la crisis debe hacerse sobre unas bases productivas, laborales y sociales sólidas, una vez se garantice la seguridad sanitaria y para ello es imprescindible que el gobierno apruebe las medidas y reformas comprometidas al inicio de la Legislatura. En la salida de la crisis, el Gobierno no puede esperar más, no puede mirar hacia otro lado y decir que ahora no toca. Claro que toca. Ahora toca cumplir, como dice nuestro lema de este 1 de Mayo. Tiene que cumplir sus promesas.