Cuentan las leyendas que en época de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, los habitantes de la ciudad se apostaron en las fortificaciones del Capitolio para impedir que fuera conquistada por los sabinos. Pero Tarpeya, la hija del guardián de la fortaleza se enamoró del rey sabino Tito Tacio y abrió las puertas de la ciudad a los invasores. Los sabinos se consideraban gente de honor y no admitían la traición jamás, tampoco la que se pudiera realizar en su favor. Por eso, nada más conquistar Roma, asesinaron a Tarpeya aplastándola con el peso de los escudos.

Nada como mirar al pasado para poder analizar lo ocurrido cuando se aprobó en septiembre de 2011 en el Congreso de los Diputados una reforma de constitucional de enorme calado para introducir de forma urgente en la Carta Magna estrictas limitaciones a las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar políticas económicas y desarrollar el Estado social.

La mayoría social se sintió como los romanos traicionados y el PSOE, que fue quien abrió las puertas de la modificación constitucional, no fue precisamente premiado por quienes llevaban tiempo soñando con “constitucionalizar” la ideología neoliberal para justificar jurídicamente los recortes. Respondió así a las exigencias dictadas por gobiernos e instituciones económicas supranacionales ajenas a la voluntad popular del pueblo español como han reconocido posteriormente los impulsores de esta modificación. Usaron para ello todas las posibilidades que la normativa contemplaba para eludir el debate y para ello la reforma se hizo a través de una flexibilización extrema del procedimiento. PSOE y PP tramitaron la reforma por el procedimiento de urgencia y su aprobación en lectura única, siendo admitida por la Presidencia de la Cámara en pleno mes de agosto. Finalmente la alianza instrumental de ambos partidos superó con creces los votos necesarios para sacarla adelante aunque con la frontal oposición del resto de grupos. Algunos por las formas en las que se produjo la tramitación, otros como Izquierda Unida, también por el fondo de la cuestión. Porque esta reforma es frontalmente antisocial ya que el apartado 3 del reformado artículo 135 pasó a indicar que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozaría de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. De hecho, las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía ya que el Estado no solo invierte en infraestructuras físicas, sino también en justicia, investigación, sanidad o educación que son gastos esenciales para el desarrollo económico del país. No hacerlo supone también comprometer los ingresos futuros del propio Estado y, por tanto, compromete la propia estabilidad presupuestaria que pretende blindar con la reforma constitucional.

Porque es evidente que no se trató de una solución técnica ante un problema concreto. Se aplicó la ideología de las políticas de austeridad que ha sido cuestionada hasta por sus propios impulsores como el FMI o la Comisión Europea que en recientes informes han reconocido que esas recetas son perjudiciales para el buen funcionamiento de la economía. Convirtió de un plumazo en inconstitucional en España la política económica lanzada en el marco del G20 de 2009, que promovió el desarrollo de impulsos fiscales y que evitó que la gran recesión se convirtiera en una depresión económica similar a la de 1930.

Y para quien pretenda escudarse en la dramática situación de la deuda pública en ese momento, solo decir que la deuda total de la economía española, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos, ascendía a finales de 2011 a 4,3 billones de euros, es decir un 402% del PIB. Del total de la deuda, la de las Administraciones Públicas era el 77% del PIB. La de las familias era ligeramente superior y alcanzaba el 83% del PIB, la de las sociedades no financieras y las financieras eran respectivamente, el 136%, y el 107% del PIB. En definitiva, la deuda pública solo suponía uno de cada cinco euros en la economía española y sin embargo, se la responsabilizó de la situación crítica hasta el punto de cambiar la Constitución para ejecutar el desmantelamiento del Estado social.

No ha sido la única y dramática consecuencia del pacto de agosto de 2011 porque además, la reforma constitucional ha causado un daño letal a la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, establecidas en el artículo 140 y 156 de la propia Constitución.

Tanto la reforma constitucional como su desarrollo a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria fueron innecesarios, pues ya teníamos instrumentos legales suficientes para fijar límites razonables al déficit y la deuda. La inclusión de límites de déficit y deuda no es precisa por reiterativa, pues figura inscrita en el Tratado de la Unión Europea que ya forma parte de nuestro marco jurídico.

Por eso hay que dejar claro que no puede seguir esta situación ni un minuto más y desde Izquierda Unida hemos promovido que nuestro Grupo Parlamentario de UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, presentemos una Proposición de Ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española para garantizar la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentarles frente a cualquier otro gasto. Es imprescindible a los ojos de cualquiera preservar una financiación suficiente para sanidad, educación, pensiones y servicios sociales básicos al ser servicios públicos fundamentales. Son, además, gastos esenciales para el desarrollo económico y, por tanto, para fortalecer también los ingresos de las administraciones públicas y procurar su sostenibilidad financiera. Es imprescindible indicar que la reforma del artículo 135 propuesta, no elimina el principio de estabilidad presupuestaria, previsto en normas europeas, de nuestro ordenamiento jurídico. Simplemente refuerza los mecanismos de garantía de los derechos básicos de la ciudadanía suprimiendo la preferencia absoluta en el pago de la deuda, y establece que será una ley orgánica la que desarrolle el principio de estabilidad presupuestaria, siempre compatible con una política presupuestaria orientada a garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, la consecución del pleno empleo y la reducción de la pobreza.

Es la hora de que el PSOE, además de reconocer el grave error que supuso su actuación en 2011, se ponga del lado de la mayoría social y contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de nuestro país derogando esa infausta reforma.

Ni un minuto más.