Autónomos, entre la urgencia y la necesidad de la reforma

En los últimos días y a raíz del acuerdo entre el Grupo Confederal y el Gobierno sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se ha producido un debate en torno al sistema de cotización de las trabajadoras y los trabajadores autónomos.

Es un colectivo grande, de más de tres millones de personas, por lo que la regulación de su legislación tiene un gran impacto en la sociedad. En España tenemos, frente a los casi 14 millones de cotizantes en el régimen general, más de 3 millones de autónomos, que cotizan por alrededor de 11.000 millones de euros. Además, están los más de 500 mil trabajadores del Sistema Especial de Empleadas de Hogar, y más de 600 mil en el Sistema Especial Agrario (cuenta ajena). A lo largo de las últimas décadas del pasado siglo, el Régimen General y los regímenes especiales fueron migrando desde un sistema de bases normalizadas que la autoridad laboral competente establecía, hacia un sistema donde el salario real realmente percibido era la base de cotización.

Sin embargo, el régimen de autónomos permaneció ajeno a este proceso, y se mantuvo la posibilidad de elección de la base de cotización. La situación actual es que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se ha mostrado ineficaz tanto para garantizar una protección social equivalente al Régimen General como para garantizar una proporcionalidad entre lo que se percibe realmente y la cotización a la seguridad social. Debido a ello, la mayor parte de autónomos (alrededor del 85%) cotiza por la base de cotización mínima. Es cierto que en 2005 se introduce una reforma para corregir esta asimetría principalmente para los trabajadores de mayor edad, de forma que se incrementan los trabajadores mayores de 55 años que cotizan por una base superior a la mínima hasta el 28,2%. Esto ha mejorado la contribución de dichos trabajadores en los últimos años de trabajo, de forma que se han incrementado algo las pensiones de los trabajadores que cotizan en el RETA. No obstante, si bien corregida, sigue existiendo la asimetría no solo en la proporción en que contribuyen los trabajadores adscritos al RETA y al régimen general a la seguridad social, sino que además genera una desprotección al autónomo, al tener una cobertura de contingencias menor que la de los trabajadores por cuenta ajena. El resultado de esta menor cotización en un sistema contributivo como el español, son unas peores prestaciones y por tanto menor cobertura.

La controversia surgida en los últimos días se produce porque la subida del SMI hasta ahora ha supuesto el incremento automático de las bases mínimas de cotización, no solo para los autónomos, sino también para las trabajadoras y los trabajadores cotizando en el régimen especial agrario o de empleados del hogar. Así fue durante los últimos 20 años, y así ha sido durante los últimos 5, donde la base de cotización del RETA se ha incrementado hasta en 6 ocasiones durante el último gobierno del PP. La del principio de año supuso un incremento para algunos grupos del 8%, lo que había incrementado el SMI -uno de los mayores de los últimos años-, mientras que a mitad de año se incrementó con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un nuevo incremento del 1,4% para el resto. Sin embargo, la Ley General de la Seguridad Social establece que el Gobierno tiene potestad para hacer que las bases mínimas no se incrementen automáticamente con el SMI. Eso es precisamente lo que nuestro Grupo Confederal, ha exigido al gobierno. Veamos por qué.

La crisis y los posteriores recortes han generado una destrucción de empleo sin precedentes en España que ha provocado que hoy haya menos de un millón menos de empleos en la economía española que antes de la crisis, de los cuales, 100.000 corresponden a trabajadores autónomos. Los recortes y reformas laborales han supuesto una precarización de las relaciones laborales que han favorecido la aparición y ampliación del fenómeno de los trabajadores pobres. Como se puede comprobar en las tasas de pobreza entre la población trabajadora, España tiene una tasa cuatro puntos mayor a la de la eurozona para los trabajadores de 18 años o más (13,1%), y casi el doble para los trabajadores más jóvenes, entre 18-24 años (19%). Esta cifra además se ha incrementado entre 2016 y 2017, como se puede apreciar en la tabla. De ahí la necesidad de incrementar el SMI para alejarlo del umbral de la pobreza y afectar positivamente a este colectivo.

La situación se agrava de manera exponencial en el caso de las y los trabajadores autónomos. Tal y como se expone en el último informe de La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de vida y de Trabajo (Eurofound), se han producido cambios estructurales tanto en el auto-empleo estándar (los autónomos) como en el empleo no estándar (tiempo parcial, bajo demanda, contratos de cero horas, etc.) que han favorecido el incremento de trabajadores pobres en este colectivo. En lo que se refiere a los trabajadores autónomos (que cotizan en el RETA), a nivel europeo, esto se traduce en que su tasa de riesgo de pobreza es más del doble de la de los trabajadores por cuenta ajena (que cotizan en el régimen general). En España los datos se recrudecen para los autónomos sin trabajadores, que triplican la tasa de pobreza de los trabajadores por cuenta propia.

Como es evidente los autónomos con menores ingresos son los que más sufren esta situación, ya que con unos ingresos por debajo del SMI están cotizando como si los cobraran, es decir, perciben unos ingresos que no justifican la cuota que deben satisfacer con la Seguridad Social, agravando la situación económica de este colectivo. Esto provoca una injusticia en términos fiscales que debe ser corregida: el tipo medio efectivo de los hogares más pobres respecto a las cotizaciones sociales es el más elevado de todos los tramos de renta, como consecuencia de los trabajadores autónomos con bases mínimas de cotización sobre las que deben contribuir pese a que sus rentas sean inferiores incluso cuando incurren en pérdidas.

Este problema es el que queríamos enfrentar en la negociación con el Gobierno, lo que explica que en el acuerdo entre el Ejecutivo y el Grupo Confederal en el punto 5.1 se fijara como objetivo mejorar la situación de este colectivo, es decir, resolver una situación de emergencia. La propuesta es que, en una situación de emergencia con unas tasas de pobreza tan elevadas, se debe atajar el problema de los trabajadores pobres, incrementando el SMI, haciendo que dicha subida no se traslade a un incremento de cuotas, y reduciendo la cotización de los autónomos que en estos momentos están cotizando por encima de sus ingresos.

Hay un consenso generalizado en que el actual modelo de cotización del RETA debe evolucionar hacia otro en el que las cotizaciones se ajusten en mayor medida a los ingresos realmente obtenidos, tal y como piden algunas organizaciones de autónomos como La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Nuestra posición además es introducir progresividad para los trabajadores y trabajadoras que cobren menos del SMI. Pero en estos momentos nuestra propuesta se concentra en paliar la urgente situación de los autónomos con menores ingresos, quienes cotizan por lo que no ganan, como un primer paso que puede ponerse en marcha ya, coincidiendo con los PGE para 2019.

Una reforma del RETA en profundidad es necesaria, tanto para eliminar la asimetría en las coberturas de los trabajadores por cuenta propia respecto a los trabajadores por cuenta ajena como para mejorar las cuentas de la Seguridad Social. Pero dicha reforma tiene unos tiempos más dilatados, ha de contar con la participación de los agentes sociales, aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, etc. La subcomisión para el estudio de la reforma del RETA abierta en el Congreso de los Diputados puede ser el lugar donde generar esos consensos. Pero la acuciante situación de los trabajadores autónomos con menores ingresos motivada por su sobrecotización necesita una solución urgente. No se entendería que el arco parlamentario no atajara dicha situación inmediatamente mientras se busca una solución a más largo plazo para el conjunto de los autónomos. Ese es el reto.