VICENÇ NAVARRO

Desde mi vuelta a España después de un largo exilio me ha preocupado, en gran manera, la limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información existentes en España, con claro predominio de puntos de vista conservadores y liberales en tales medios. Son muchos los ejemplos de este sesgo conservador-liberal. Uno de los más recientes es el consenso que ha aparecido en los rotativos más importantes del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación en España y la conveniencia de prolongar el periodo de cálculo de las pensiones con la consiguiente disminución del tamaño de la pensión de la persona jubilada.

Así, hemos visto cómo, a raíz de las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de tales cambios, El País –que ha publicado varios artículos de opinión en esa línea– concluía en un editorial reciente (“Pensiones en conflicto”, 23-04-09)

que “el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Tal rotativo había escrito hace dos años otro editorial parecido, titulado “Augurio de crisis” (12-02-07), en el que, tras señalar el peligro de la próxima inviabilidad del sistema de pensiones en España, recomendaba cambios semejantes

–el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones– propuestos entonces por un informe de David Taguas, subdirector de estudios del banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica del presidente Zapatero en La Moncloa).

En los dos últimos años han aparecido editoriales semejantes en La Vanguardia, en El Periódico, en El Mundo y en ABC –que constituyen con El País los cinco rotativos de más tirada de España– sin que en ninguno de ellos apareciera un editorial que cuestionara tales medidas. Todo lo contrario, ha habido unanimidad, lo cual considero preocupante en una democracia. No me imagino tal unanimidad sobre este tema en ninguno de los países en los que he vivido durante mi largo exilio (Suecia, Gran Bretaña y EEUU). Naturalmente que en España hay debates y discusiones sobre estos y otros temas en tales medios, pero siempre dentro de un marco limitado, en el que voces críticas de la sabiduría convencional liberal son muy escasas, cuando no excluidas.

La limitada diversidad no refleja la riqueza de opiniones existentes en la sociedad española. En realidad, según la última encuesta de las opiniones de las poblaciones de los países miembros de la UE sobre la Seguridad Social, la gran mayoría de la población española (el 68%) está en contra del retraso de la edad de jubilación y el 76% no favorece la expansión del tiempo de cálculo de la pensión. Es difícil encontrar mayorías más grandes. Ello muestra la enorme distancia existente entre el establishment mediático, por un lado, y la población (y muy en especial las clases populares), por el otro. Tales medios deberían reflexionar sobre ello, pues la persistencia en su actitud poco abierta al diálogo y a la diversidad empobrece nuestra democracia. Mucho se ha escrito de la inmadurez de nuestras instituciones democráticas, pero no lo suficiente sobre la escasa cultura democrática de los medios.

Otro problema con el predominio conservador y liberal de tales medios es la escasa actitud crítica hacia la información empírica provista por instituciones financieras que tienen intereses en promover la imagen de insostenibilidad de las pensiones públicas a fin de promover las pensiones privadas. En un artículo anterior, (“El falso problema de las pensiones”, Público, 07-05-09) mostré en detalle los errores de tales informes (producidos por el BBVA, por el Banco de España o por la Comisión Europea

–de claro dominio conservador y liberal–, entre otros), y que se reproducen constantemente en aquellos editoriales y artículos.

Los cambios que requiere el sistema de pensiones para mejorar su equidad no son el retraso de la jubilación o la disminución de las pensiones (en realidad, las pensiones, tanto las no contributivas como las contributivas en España son demasiado bajas, como bien se documenta en el informe del Observatorio Social de España titulado “La Situación Social en España”, volumen III, 2009), sino la prohibición de la práctica generalizada en el mundo empresarial y financiero del país de jubilar a sus trabajadores como manera de reducir y/o cambiar sus plantillas, práctica que no está permitida en muchos países de la Unión Europea. La gran mayoría de prejubilaciones en España son obligatorias, es decir, los trabajadores no se jubilan voluntariamente, sino que se les prejubila, lo cual ocurre con la complicidad y participación del Estado. Esta práctica generalizada daña al prejubilado, pues la pensión que recibe es menor de lo que recibiría si se le permitiera jubilarse a la edad de 65 años. Daña también a la Seguridad Social, pues esta deja de percibir el nivel de cotización que recibiría en caso de que no hubiera tal prejubilación. Y perjudica en gran manera a la economía del país, pues el producto nacional que deja de producirse por aquellos trabajadores equivale a un 5% del PIB, una cifra más que respetable, consecuencia del excesivo número de trabajadores que dejan de trabajar debido a la prejubilación forzosa.

El trabajo supone creación de riqueza y pago de impuestos. De ahí que la sociedad pierda cuando trabajadores hábiles dejan de trabajar como consecuencia de la prejubilación. Dudo de que alguno de los cinco rotativos de más tirada del país editorialice proponiendo que no se permita en España tal práctica por parte del mundo empresarial. Y es muy improbable que se promuevan en tales medios manifiestos firmados por economistas que pidan la prohibición de las prácticas empresariales que están dañando a los trabajadores y al Estado. Todo ello es producto del dominio conservador y liberal en los medios.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía

de la Universidad de Barcelona.

Ilustración de Iker Ayestarán.