La pandemia se terminó, al menos en la Asamblea de Madrid. Aunque es posible que más que terminar, aún no hubiera empezado. Díaz Ayuso se subió al estrado y desplegó un calco de su discurso de investidura de 2019, como si lo único que la pandemia hubiera dejado en forma de huella fuera la recolocación de algunos temas candentes: la familia y el clima.

De lo segundo no voy a comentar demasiado; una rápida transición desde el negacionismo climático (recordemos que hace un año y medio decía que “nadie ha muerto por contaminación”) al tecnosolucionismo verde, con propuestas poco concretas, pero que marcan un camino: no podemos dejar que la emergencia climática tenga una salida que no sea rentabilizada por las grandes empresas, y el negacionismo climático dificulta esa vía.

Donde sí parece que se libra una batalla que va más allá de la propuesta concreta es en la apuesta por las políticas natalistas como eje central de la legislatura (o, al menos, del discurso, porque hay que recordar que durante la legislatura anterior la actividad legislativa brilló por su ausencia y no se llegaron a aprobar ni unos presupuestos).

Dar dinero a las madres está bien; dar dinero solo a las madres menores de 30 años puede estar bien, pero ya hay más matices; dar dinero solo a las madres jóvenes menores de 30 años con rentas menores de 30.000 euros anuales, introduce aún más matices y depende de si hablamos de rentas familiares o individuales (esperemos que individuales), pero ok; dar dinero solo a las madres menores de 30 años con renta menor de 30.000 euros anuales y que lleven más de 10 años empadronadas en Madrid sí que transgrede los límites de lo razonable como política de apoyo a la ¿infancia? ¿natalidad?, máxime cuando se hace en connivencia con políticas claramente antiinmigración. Atrás quedó la idealización de Madrid como una región donde no se pregunta a nadie de dónde viene, y comenzaron las políticas sociales que son excluyentes incluso en su nacimiento y donde la primera pregunta es cuántos años llevas aquí empadronada o si tienes dos generaciones de apellidos madrileños.

Hay dos aspectos que parecen clave al hablar de esto, por un lado el marco de exclusión: excluir en edad, cuando gran parte de las mujeres son madres más allá de los 30 años; excluir por procedencia, cuando pides haber estado empadronada en la Comunidad de Madrid más de un tercio de tu vida, y excluir en renta, es lo contrario al universalismo y abre la puerta a un camino minado de trampas burocráticas y barreras inextricables. No hablamos de generar prestaciones que empiecen cubriendo a la población que más las necesita para ir buscando con posterioridad una menor condicionalidad o una mayor cobertura, sino que es una propuesta que nace inequitativa, y lo es porque distribuye un recurso de una manera desigual, siendo esta evitable, innecesaria y que perjudica a los más desfavorecidos; y además, nos exhorta a poner encima de la mesa una propuesta donde quepan todas las madres, todas las familias y, sobre todo, todos los niños y niñas.

Hacia esto último dirige la mirada el otro aspecto relevante: la duda de si se están pretendiendo hacer políticas de natalidad o de infancia. Si se trata de que nazcan niños y niñas para sostener las pensiones, entonces estas medidas son insuficientes e ineficaces, pero es que además veo difícil adoptar una visión progresista que comulgue mínimamente con un planteamiento así. Si de lo que hablamos es de políticas de infancia que garanticen que los niños y niñas de la Comunidad de Madrid van a disponer de unas condiciones de vida razonables donde poder desarrollar proyectos de vida dignos, entonces probablemente deberíamos abrazar la universalidad, la extensión de las prestaciones más allá de los dos primeros años de vida y, sobre todo, la transformación integral de los servicios de protección de la infancia, desde las escuelas infantiles a los servicios sanitarios o las políticas de conciliación y corresponsabilidad. Sobre la universalidad, señala muy acertadamente Alberto Tena que “Asumir la universalidad implica empezar a considerar que los menores, igual que tienen derecho a una educación proporcionada por el Estado independientemente de su situación familiar, lo tienen a prestaciones que los coloquen con un nivel de ingresos mínimo”.

Tenemos un problema si al hablar de prestaciones por hijo o hija la primera imagen que nos viene a la cabeza sea la de Serena Joy (personaje de El cuento de la criada que despliega una crueldad extrema siempre justificada en la necesidad de que nazcan niños, pero que nazcan como ella quiere y se los quede quien ella quiere, esto es, parejas ricas -obviamente blancas y obviamente heterosexuales-); el secuestro del imaginario del buen vivir supone que incluso en los ámbitos propositivos donde somos capaces de pensar y proponer acciones e intervenciones transformadoras y ambiciosas, lo hacemos teniendo en la mente referentes culturales contrarios a nuestra visión.

Frente a eso, necesitamos construir en torno a una idea radical de que lo que esperamos de las instituciones es que nos cuiden y faciliten la vida. Necesitamos prestaciones para lo que viene siendo vivir, no sobrevivir, y para ello precisaremos de ideas radicales de universalidad, que difícilmente podremos conquistar si lo que se negocia es la duración del empadronamiento (que más allá de los 6 meses no creo que “regule” sino que excluya) o la renta a partir de la cual indicar las prestaciones.