A finales de cada año hay quien tiene la sana costumbre de hacer balance. Y también de hacer buenos propósitos. Veamos.

En cuanto a balance legislativo, no hay dudas. Hemos trabajado, y mucho, en las Cortes Generales por y para la ciudadanía en medio de un contexto realmente complejo.

Hemos legislado para la protección de la ciudadanía, el avance de derechos y libertades y la modernización de un país que mira de frente a la comunidad internacional. Un balance de orgullo progresista que sin embargo queda semioculto por la deriva insoportable de agresividad que vivimos en el Hemiciclo cada semana.

Y no solo es preocupante por la imagen que se proyecta. Las más de 170 iniciativas legislativas aprobadas este año tienen una repercusión directa en la ciudadanía española. Pero es realmente desesperante la utilización del Congreso como plató para videos en redes sociales propias o minutos de gloria en los informativos con todo tipo de performance mucho más propias de escenarios teatrales que de la sede de la soberanía popular.

Pero también es preocupante, por lo que implica, en cuanto a que el Parlamento español, que representa la diversidad de la ciudadanía española, no legisle desde el contraste de ideas y de manera constructiva para todo un país que nos mira con estupor. De crispación y tensión ya estamos servidos y quede claro, todas las bancadas no somos igualmente responsables de ese griterío.

Y de esa deriva peligrosa de hacer política se desprende también el último episodio en el Congreso en el que se han puesto en cuestión los partidos políticos como representantes de la soberanía popular. Defender con la palabra y poder ejercer el voto es la esencia de la democracia y negar que el legislativo legisla es un peligro democrático. No respetar la separación de poderes y que el judicial decida lo que se vota o no en las Cortes Generales es un hecho sin precedentes.

Las parlamentarias y parlamentarios tenemos dentro del procedimiento legislativo los derechos que se nos reconocen tanto en la Constitución como en el Reglamento y que se refieren tanto a la presentación de enmiendas, como al debate en cada una de las fases del procedimiento y como, finalmente, a las diferentes votaciones que se produzcan.

La autonomía parlamentaria es objeto de protección constitucional y lo es porque la historia ha demostrado que es una de las conquistas más importantes para la consolidación del Estado constitucional.

El relato electoral de la derecha política de este país de que somos "gentuza”, de que “el Gobierno actual es un Gobierno ilegítimo” , de que “vivimos desde que existe este Gobierno de coalición en un golpe de Estado permanente” y que el Judicial tiene que “parar al Parlamento” no es respeto ni por las instituciones, ni por la separación de poderes ni siquiera reconoce al adversario político como legítimo representante de las ciudadanas y ciudadanos que nos votaron.

Vamos a ver si para el año que viene los buenos propósitos incluyen el respeto a la Tribuna del Congreso, a las Cortes Generales, a la voz y el voto de cada parlamentaria y parlamentario.

Nuestra democracia nos lo agradecerá.