Carlos Sánchez Mato

Responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida

"Continuaremos la privatización de Bankia cuanto antes", ha manifestado el Ministro de Economía Luis de Guindos en referencia a la reanudación de la desinversión de la entidad por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad propietaria del 67,2% del capital. El Gobierno se sube encantado a la línea marcada por el Fondo Monetario Internacional que muestra especial interés por acelerar la salida del sector público de Bankia.

Parece necesario recordar que fue el Gobierno presidido por el señor Rajoy el que nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público, comenzó a privatizarla. De hecho, el Fondo de Reestructuración Bancaria ya enajenó el 7,5% de Bankia entre inversores institucionales por un importe de 1.300 millones de euros en febrero de 2014. Su intención es seguir desprendiéndose del resto de las acciones con la excusa de recuperar el dinero público empleado en evitar la desaparición de la entidad pero es imprescindible mirar detrás del velo para descubrir quién gana y quién pierde con la privatización de Bankia. Porque nacionalizarla ha costado 22.424 millones de euros pero las ayudas públicas que Bankia ha recibido y recibe son muy superiores. Además de ese capital inyectado en la entidad, no se pueden olvidar que hay otros instrumentos como avales, adquisición de activos por parte del Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo (BCE).

Por eso no podemos permitir más trampas. La privatización no garantizará que el Estado recupere el dinero empleado en sanearla ni tampoco que se acaben las ayudas públicas, sino que éstas seguirán siendo imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus accionistas. Tampoco se evitarán nuevos riesgos poniéndola en manos privadas, más bien todo lo contrario. ¿Y qué volverá a ocurrir si existe quebranto? Pues ya lo sabemos todos y todas. Que este recaerá sobre las espaldas del pueblo en forma de rescate de esos que “no costarán ni un euro” y que terminarán siendo abonados por la gente a través del presupuesto a costa de recortes en servicios públicos.

Por eso es imprescindible impedir la privatización de Bankia. Si el Gobierno sigue por el camino trazado, habremos enterrado una enorme cantidad de dinero público en favor de las élites que terminarán siendo los accionistas privados que ejercerán el control. Pero hay algo peor: perderemos la oportunidad de poner una parte de los ahorros de la sociedad al servicio de un verdadero desarrollo social. Por eso el grupo parlamentario Unidos Podemos quiere instar, mediante una propuesta de resolución que se suspendan los planes de desinversión. Bankia debe constituir, como también defiende la Plataforma por una Banca Pública, una entidad pública de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones públicas. De esta forma sería posible que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y de un sector público productivo con el objetivo fundamentalmente puesto en la creación de empleo.