Marina Albiol Guzmán

Diputada EUPV cortes valencianas, y candidata de IU al parlamento europeo

Carlos Sánchez Mato

Economista

Imaginemos que a cualquier familia trabajadora que no pudiera pagar su hipoteca, el Banco de España le diera un crédito para poder pagarla. De esa forma, dicha familia pasaría de tener una deuda con una entidad privada, a tener su deuda con el Banco d España. Sigamos imaginando que le aceptara como aval el coche, aunque supiera que no vale lo mismo que el dinero prestado. Imaginemos más: que, a pesar de la ayuda, esa familia no pudiera pagar el crédito, y entonces se le diera uno nuevo, y le aceptara como aval los muebles de su casa. Si eso fuese así, nadie hubiera sido desahuciado.

Pero la realidad supera la ficción. Sólo que en lugar de “familia trabajadora” debéis poner “banquero” y en lugar de “coche” o “muebles” podéis poner “activos”, y obtendréis una descripción exacta de lo que están haciendo los Estados y el Banco Central Europeo con la Banca Privada de toda la Unión Europea.

Entre 2011 y 2012, el BCE ha prestado 1,018 billones de euros a unas 800 entidades financieras. A finales de 2013, las entidades bancarias europeas aún debían 718.407 millones de euros (206.760 millones las españolas). Para facilitar el acceso de estas entidades a los préstamos, el BCE les ha rebajado sustancialmente la calidad mínima exigida de los activos que podían presentar como garantía. Si los bancos no pudieran hacer frente a esos créditos, tendrían que cubrirlos los Bancos centrales de cada Estado, lo que no hace sino evidenciar que estamos ante ayudas públicas sin ninguna clase de discusión.

Además, en la medida que el BCE tiene prohibido prestar a los Estados, le han brindado una excelente fuente de financiación a los bancos privados. Tomar crédito del BCE al 1% y prestar a los gobiernos a un tipo de interés muy superior. Una parte sustancial de los beneficios de la banca española provienen ya de los diferentes títulos de deuda soberana que tiene en sus balances. En el período 2000-2013, las Administraciones Públicas han pagado 141 mil millones de euros más de gastos financieros que los que hubieran pagado financiándose directamente desde el BCE. En 2013 hemos pagado de más, una cifra similar a la que el Estado ha dedicado a prestaciones por desempleo, 29 mil millones de euros.

A los préstamos del BCE, hay que sumarle las ayudas directas de los Estados, que entre 2008 y 2010 ascendieron a 1,6 billones de euros, una cantidad que equivale al 13,11% del PIB de la Unión Europea (UE-27).

La combinación de la ventanilla del BCE con las ayudas de los Estados, han evitado la quiebra del sistema financiero europeo. Pero el precio está siendo que, ahora, el hipotecado es el erario público. Se recorta en Sanidad, en Educación, en Dependencia, se despiden trabajadoras y trabajadores públicos, y se sigue sosteniendo a los banqueros. Una cosa implica la otra.

Y hablamos de los banqueros deliberadamente, puesto que lo que están salvando no es tanto los bancos como el dominio de los grandes accionistas y directivos de estas entidades sobre el ahorro de la sociedad. Los bancos siguen sin gozar de buena salud financiera, manteniendo una situación que sería de quiebra si se retirasen las ayudas públicas y que solo augura nuevas crisis en cualquier momento de los próximos años. Su volumen de deuda ha dejado de crecer al ritmo que lo hacía en el pasado, pero sigue siendo imposible de pagar. Y la morosidad continúa creciendo en la medida que la crisis se prolonga.

Ahora son más dependientes de la ayuda pública que nunca y se permiten, incluso, la especulación con la deuda pública, con el riesgo aparejado que conlleva arrastrar a los estados a una situación de quiebra.

Pero el capitalismo, el sistema del que los banqueros sólo son su expresión más depurada, actúa como el adicto a las drogas que cada vez necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Lograr siempre el máximo beneficio implica llevar cada vez más lejos el expolio de los trabajadores y trabajadoras, de la sociedad y del medioambiente. No es casual que todos los planes de rescate a la banca vayan acompañados de nuevos recortes salariales, del gasto social y de los derechos laborales y sociales.

En resumen, como en el cuento del Rey desnudo, alguien tiene decir que el banquero, en este caso, está desnudo. O mejor, alguien tiene que desnudarlo y denunciar que, sin el respaldo del erario público cubriendo su desnudez, las entidades que los banqueros dirigen en su propio beneficio y perjuicio de la mayoría de la sociedad, estarían en quiebra. Hoy la banca quebraría sin las ayudas públicas y, viceversa, si quiebra la banca el Estado sería arrastrado por ella.

Y, moraleja, si la banca privada es inviable sin el apoyo del dinero público, pues que sea pública.

Hay voces que claman por la necesidad de “controlar” a la banca, de “regularla” para que no cometa excesos, no especule. Pero quien posee los bancos y los sectores estratégicos de la economía posee un poder decisivo frente al que los Estados se limitan a obedecer. Basta ver quiénes están al frente de las instituciones como el BCE o quiénes son los ministros de economía, antiguos o futuros miembros de los consejos de administración de la banca y las grandes empresas privadas.

Para que eso cambie no basta que en los escaños del Parlamento europeo se siente una mayoría de izquierdas, y más en un Parlamento sin competencias reales, sino que hace falta una movimiento de la clase trabajadora a escala europea con un programa común, que ponga sobre la mesa un cambio en las relaciones de propiedad de los sectores estratégicos de la economía, empezando por la banca. Sobre esa base sí podemos cimentar unas nuevas instituciones realmente democráticas en toda Europa.

Y ahí está el quid de la cuestión que la izquierda debe atreverse a defender sin miedo: hay que nacionalizar las principales entidades financieras europeas, y sustituir el actual Banco Central Europeo por una verdadera Reserva Federal Europea, que sea el epicentro de un sistema financiero público. Eso sí permitiría sanear los bancos de verdad a costa de grandes accionistas y acreedores, y poner el sistema financiero, que no es otra cosa que los ahorros de la sociedad, al servicio de una planificación democrática de la economía.

Eso permitiría sustituir la competencia entre los Estados y entre las empresas, y la explotación de la clase trabajadora y la naturaleza, innatas en el capitalismo, por una cooperación en beneficio mutuo. Ese sí sería un pilar sólido para construir una Europa de los pueblos y mandar al museo de la historia la Europa de los mercaderes (y los banqueros) que es la actual Unión Europea.