DESMOND TUTU

En torno al actual escándalo sobre el barco cargado con toneladas de armas para Zimbabue, los chinos son quienes han hablado con más propiedad. Su ministro de Asuntos Exteriores calificó el envío de morteros, granadas, cohetes y balas como una “transacción comercial perfectamente normal”.

Realmente lo es. Las exportaciones de armas a los gobiernos africanos, aunque sepamos que pueden ser utilizadas para cometer abusos contra sus propias poblaciones, son algo aborrecible que ocurre a diario. Y por el momento, la comunidad internacional no puede hacer nada dado que no existe ningún control mundial efectivo sobre el comercio de armas.

Si uno quiere, puede exportar armas a un país que cometa graves abusos contra los derechos humanos. Si uno quiere, puede vender costosos equipos a gobiernos que apenas tienen para alimentar o educar a su población. Como vemos ocurre continuamente, es algo realmente fácil. Tan solo hay que aprender algunos trucos para poder moverse entre el frágil entramado de controles vigentes.

El caso del An Yue Jiang y su cargamento es diferente porque ocurrió en un momento delicado, tanto para Zimbabue como para China, y porque ha llegado a oídos de todo el mundo.

Inicialmente, fue la vigilancia del sindicato de transportistas sudafricano la que impidió que el barco descargara en Durban. Pero el bloqueo de un cargamento que podría haber tenido un impacto tan catastrófico sobre miles de vidas no debería estar en manos de la agudeza ni de la rectitud moral de un sindicato de estibadores. Se trata de un fallo sistemático pero totalmente predecible dada la escasa transparencia en el envío de armas.

Los trabajadores del puerto alertaron a todo el mundo del peligro que suponía el An Yue Jiang y su contenido. Entonces empezó la confusa actuación de la comunidad internacional para impedir que el barco desembarcara y las armas llegaran a Zimbabue.

Estados Unidos, concretamente, trabajó intensamente para detener el envío, pero tuvo que activar la presión diplomática, ya que no hay leyes efectivas que especifiquen a quién se puede vender armas. A pesar de la relación de abusos de los derechos humanos en Zimbabue, el país no está actualmente bajo el embargo de Naciones Unidas. Este sería un primer paso muy bienvenido. Pero no sería suficiente por sí mismo (hay muchas maneras de saltarse los embargos, tales como enviar las armas a través de un país tercero).

Actualmente, Naciones Unidas está trabajando para establecer un futuro Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas capaz de bloquear transferencias como ésta en Zimbabue. Si el proceso finalmente avanza y el Tratado termina siendo una ley, los exportadores de armas se verán obligados a paralizar cualquier venta en la que haya evidencia de que las armas pueden ser usadas para violar los derechos humanos. Si, a pesar de ello, la venta prosiguiera, la sociedad civil del país exportador u otros países podrían cuestionar la decisión, como hubieran hecho seguramente en este caso.

Un acuerdo común que estableciera estándares efectivos para regular el comercio de armas también haría más difícil saltarse los embargos a través de países terceros, ya que éstos estarían obligados legalmente a impedir el paso de envíos sospechosos por su territorio.

Bajo un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas efectivo, los derechos humanos no serían el único criterio utilizado para asesorar la venta de armas, sino que se tendrían en cuenta también sus efectos sobre el desarrollo de los países.

Según las investigaciones realizadas el año pasado por la Campaña Armas Bajo Control, los conflictos armados en África suponen un coste de 18.000 millones de dólares anuales, valorados en pérdidas de oportunidades económicas. Se ha calculado que, cualquier guerra, ya sea internacional, civil o de insurgencia, merma la economía africana en un promedio de un 15%.

Más del 95% de los rifles Kalashnikov –el arma protagonista de los conflictos africanos– proviene de fuera del continente. Lo mismo ocurre con las balas, morteros y las demás municiones que utilizan las milicias en conflicto. Un Tratado efectivo debería incluir tanto las armas como la munición, ya que, en las situaciones de conflicto, la lucha no puede sostenerse sin una continua provisión de municiones.

Está claro que razones legítimas como la defensa o las fuerzas de seguridad no se verían afectadas. Los gobiernos que protegen a sus ciudadanos no deben sentirse amenazados, ni tampoco los fabricantes legítimos de armas. De hecho, muchos de estos fabricantes apoyan la creación del Tratado pues ven en él una herramienta de reconocimiento y de legitimación de su sector, así como una manera de impedir operaciones fraudulentas.

En diciembre de 2006, más de 150 países votaron en Naciones Unidas a favor de la elaboración de un Tratado Internacional de Comercio de Armas legalmente vinculante. Durante este mes de mayo el proceso continúa con la reunión que el grupo de expertos de 28 países llevará a cabo para evaluar la continuidad del proceso.

Ahora que parece que el barco y su contenido están de regreso hacia China, la sociedad civil, los sindicatos, los grupos de derechos humanos y otras organizaciones pueden proclamar una victoria momentánea. Pero si el encuentro de Naciones Unidas no concluye con un sí hacia un Tratado riguroso y efectivo, será una victoria meramente temporal o, en el peor de los casos, perderá todo su sentido.

Desmond Tutu es arzobispo emérito y Premio Nobel de la Paz

Ilustración de Iker Ayestaran