Vicenç Navarro

Director del Observatorio Social de España y catedrático de la UPF

Ilustración de Mikel Jaso

Una de las características más llamativas del Estado del bienestar español es su escasa financiación, lo cual explica su escaso desarrollo. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). Un tanto semejante ocurre si se escoge otro indicador: el gasto público social como porcentaje del PIB. España tiene el porcentaje más bajo de la UE-15.

Como consecuencia de ello, los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, vivienda social, entre otros) están muy poco desarrollados. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en España en tales servicios. En Suecia, el país que tiene un Estado del bienestar más desarrollado, es una de cada cuatro. De nuevo, España es el país que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en tales servicios públicos de toda la UE-15.

Estos datos señalan la falsedad del argumento sostenido por economistas y políticos conservadores y neoliberales de que el Estado del bienestar español está hipertrofiado, o que es más extenso de lo que el país puede permitirse (tal como acentuó recientemente Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno).

En realidad, España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza. España, cuyo PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienes-

tar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo porcentaje, el Estado del bienestar español recibiría 66.000 millones de euros más de lo que se gasta ahora. Es una falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos. El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de las rentas superiores no contribuyen al Estado en los mismos porcentajes que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Su contribución fiscal real (y no nominal) es mucho menor de la existente para estos grupos de renta en los países del centro y norte de Europa. El fraude fiscal es mucho menor en estos países que en España (y en los otros países del Sur de Europa, como Grecia, Portugal e Italia, que, no por casualidad, son los países de la eurozona que tienen mayores dificultades en pagar su deuda pública).

Tal fraude fiscal se concentra en los sectores más pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), y la banca, alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros al año, que, en caso de que se recogieran por el Estado y se gastaran en su Estado del bienes-

tar, reducirían dos tercios del déficit de gasto. No es pues que no nos podamos pagar el escasamente financiado Estado del bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que debería, es decir, enfrentarse con estos poderes fácticos y grupos sociales minoritarios para recoger lo que el país requiere.

A lo largo de nuestra historia, las opciones conservadoras y neoliberales han sido las más tolerantes con el fraude fiscal. El número de inspectores de Hacienda disminuyó durante la época de Gobierno dirigido por el Partido Popular, bajo la presidencia de José María Aznar, el cual había reconocido que “en España los ricos no pagan impuestos”. Pero ha sido también este partido el que ha bajado más los impuestos de estas rentas superiores, lo cual se acentuará todavía más en caso de que gobierne de nuevo. Los ingresos al Estado (central, autonómico y municipal), que son los más bajos de la UE-15 (sólo un 34% comprado con un 44% en el promedio de la UE-15, y un 54% en Suecia), bajarán todavía más, con la consiguiente reducción del gasto social.

Esto ocurrió ya en el periodo 1996-2004 en España, cuando la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó un 17,2%. Fue durante el Gobierno socialista, aliado con otras fuerzas a su izquierda, IU, ICV-EA, ERC y BNG, en el periodo 2004-2008, que el gasto público social aumentó notablemente, reduciéndose el déficit público social con la UE-15 un 17,5%. Este déficit se vio aumentado de nuevo en el periodo 2008-2010, en gran parte resultado de los recortes a nivel central y autonómico. En realidad, tales recortes han sido más acentuados en Catalunya (gobernada por CiU) y Madrid (gobernada por el PP) que en las otras comunidades autónomas. En ambas comunidades la reducción del déficit se ha basado más en los recortes (llamados ajustes en las comunidades gobernadas por el PP) que en el aumento de los impuestos.

Cada uno de los recortes podría haberse evitado si los impuestos de las rentas superiores se hubieran aumentado sin afectar los impuestos de la mayoría de las clases populares. En lugar de recortar el gasto sanitario (6.000 millones de euros), podría haberse mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones), evitado la reducción del de sucesiones (2.552 millones) y eliminado la rebaja de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones). En lugar de recortar 600 millones en los servicios de dependencia, podría haberse anulado la bajada de Impuestos de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (5.300 millones), y así ítem por ítem. La mayoría de estos recortes fiscales se hicieron con la aprobación, además del partido gobernante, de los partidos conservadores y liberales (PP y CiU), partidos que ahora señalan que no hay recursos para financiar el Estado del bienestar.