Nicole Thibon

Una historia rocambolesca: John Yettau, un mormón oriundo de Estados Unidos, cruza a nado un lago en Rangún y se infiltra en la morada de Aung San Suu Kyi, la opositora birmana que, con el 85% de votos, ganó las elecciones de 1990 y desde entonces vive encarcelada o en arresto domiciliario. Así, durante 19 años. A su arresto siguió una campaña masiva de torturas y represión con el objetivo, entre otros, de exterminar a los rebeldes karens del centro del país. La última condena de Suu Kyi a 18 meses, consecuencia de la visita –imbécil o manipulada– de John Yettau, significa que no podrá presentarse a las elecciones de 2010… Yettau, por su parte, está ya de vuelta en Estados Unidos.

Más interesantes aún que las últimas medidas dictatoriales de un régimen particularmente corrupto, son la actitud y las relaciones actuales entre Occidente y Birmania, en particular las de Francia.El mismo año de la victoria fraudulenta del actual Gobierno birmano, la compañía petrolera francesa Total responde a una oferta de prospección del sitio off-shore Yadana. Dos años más tarde se firma un contrato de explotación entre Total y la compañía birmana Myanmar, al que se unen en 1995 la americana Unocal y la tailandesa PTTEP. La inversión de Total está garantizada por el Gobierno francés hasta una suma de seis millones de euros. Una cláusula del contrato establecido por Total prevé la protección de la zona y en particular del oleoducto por parte del ejército birmano, que se aprovecha de ello para intensificar la represión contra los karens, cuya guerrilla causa problemas al norte de Yadana.

El problema de Total no es únicamente un asunto de dinero. Una de las características del régimen birmano es la utilización del trabajo forzado bajo la vigilancia del ejército. Impuesto a aldeas enteras, este no nació con la prospección petrolera, pero, desde 1995, los rumores de trabajos forzados en Total han sido objeto tanto de múltiples denuncias –incluso francesas– como de vagos y tibios desmentidos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, con fecha de julio de 1998, describía “la impunidad con que los oficiales del Gobierno y sobre todo los militares tratan a la población civil como una inmensa fuente ya sea de trabajadores forzados no remunerados como de servidores a su disposición, elemento propio de un sistema político basado en la fuerza y la intimidación”. Se revela que la mejor manera que tienen los militares de enrolar a los trabajadores consistió en la evacuación y destrucción de las aldeas, sobre todo en la zona que rodea el gasoducto de Total. En agosto de 2002, 14 birmanos presentaron una denuncia en Francia contra la compañía francesa por hechos ocurridos entre 1989 y 1995. El portavoz de los denunciantes, Htoo Chit, exiliado político en Francia, recordó que el trabajo forzado también incluía a niños, usados, al igual que los adultos, “para limpiar el sitio del gasoducto, cortar los árboles, cavar y cargar el equipo de los obreros y los soldados”. “Total –dijo Aung San Suu Kyi–, es el primer apoyo de la Junta”. En 1995, el embajador estadounidense en Rangún confesó: “Las compañías contrataron a militares para la seguridad del proyecto”.

Todas estas acusaciones han sido siempre desmentidas por Total y, en particular, por el informe Kouchner de 2003. Sin embargo, en los últimos años, los efectivos del ejército birmano pasaron de 250.000 a 400.000, cuyo papel se limita a una represión interna con métodos que comprenden “crímenes contra la humanidad” denunciados en el informe de la ONU de 2006. Pero nada ha cambiado a pesar de las impresionantes manifestaciones de monjes budistas. Desde que los estudiantes universitarios iniciaron el movimiento prodemocracia, varios centenares de ellos han sido asesinados o perseguidos, mientras el resto logró huir del país. Sólo en los campos de refugiados de las regiones fronterizas como los de Tailandia, viven unos 3.000 estudiantes universitarios, mientras menos del uno por ciento sigue sus estudios en el extranjero gracias a las becas de ciertas ONG.

La Unión Europea hizo amago de aplicar sanciones contra el régimen birmano. Después de una primera tanda de medidas políticas muy a principios de los años noventa, las primeras sanciones económicas fueron decididas en 1996. A falta de toda evolución del régimen, estas sanciones fueron reforzadas en abril de 2004, renovadas en 2007 y 2008 y prolongadas otro año el 27 de abril de 2009. Finalmente, el 13 de agosto, el Consejo de Ministros de la UE ha decidido conformarse con actualizar las sanciones existentes contra la Junta: congelación de haberes, prohibición de viajes a Europa… Y, al cabo de dos días de negociación, el Consejo de Seguridad expresó simplemente su “grave preocupación” por la reciente condena de Aung San Suu Kyi.

La UE podría, sobre todo, confiscar el rendimiento de las exportaciones birmanas, en particular el de las piedras preciosas –rubíes– y de maderas, pero esto no ha sido abordado. ¿Y qué pasa con las regalías pagadas a la Junta por Total, que llegaron a un total de 350 millones de euros en 2006? En una carta al presidente de la República francesa, fechada el 10 de octubre de 2007 y con copia al ministro de Exteriores, el Gobierno birmano en el exilio (NCGUB) menciona su voluntad de que “se congelen o se suspendan todas las actividades vinculadas al gas”. Sin embargo, hasta la fecha el gas ha quedado excluido de las sanciones.

La Junta no queda desmesuradamente afectada por estas medidas, lo cual se explica porque Birmania goza del precioso apoyo de China, cuya posición contraria ha permitido suavizar la declaración de las Naciones Unidas y además provee de armamentos a Birmania. Es probable que, aun si Total se retira, la extracción de hidrocarburos de Yadana encuentre rápidamente un sucesor más acomodaticio.

Nicole Thibon es Periodista

Ilustración de Patrick Thomas