¿Lo que es bueno para Juan Roig es bueno para la Comunitat Valenciana?

“Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los EEUU”. Quien así se expresaba era Charles E. Wilson, antiguo presidente de la compañía automovilística que en 1953 fue nombrado secretario de Defensa por Dwight Eisenhower. Respondía de este modo a la pregunta formulada por un periodista sobre si, en su nueva condición de responsable público, se atrevería a tomar decisiones que pudieran perjudicar a la gigantesca empresa de Detroit. La idea hizo fortuna y reaparece cada vez que se critican los abusos de los grandes empresarios o se denuncian sus prácticas monopolistas: los intereses corporativos coinciden con el interés general de la sociedad y no puede haber contradicciones. En la Comunitat Valenciana lo estamos viendo estos días a propósito de la polémica que ha suscitado el aumento abusivo del precio de los alimentos: “Lo que es bueno para Mercadona es bueno para la Comunitat Valenciana”, parecen decir algunos emulando la célebre frase de Charlie Motor, como se conocía al secretario de Defensa norteamericano.

Llama la atención el protagonismo que a lo largo de estas semanas han adquirido los grandes empresarios en la vida pública. Les debemos el empleo y la riqueza, y cualquier cuestionamiento de su poder o de sus privilegios fiscales merece un severo rechazo por parte de la clase política tradicional y de los principales medios de comunicación. ¿Por qué este empeño en absolutizar el papel de las grandes empresas en la economía? La respuesta, a mi juicio, es doble, y revela algunas cosas muy interesantes en un contexto como el actual, marcado por el ciclo electoral que se inicia el día 28 de mayo. Por lo pronto, la preeminencia otorgada a las grandes empresas oculta la centralidad del trabajo humano en el proceso económico como única fuente creadora de valor y de riqueza. Como Ricardo, Marx y otros economistas clásicos sabían muy bien, es posible imaginar una sociedad sin empresarios, pero no es posible imaginar una sociedad sin los trabajadores, es decir, sin la aportación positiva y creadora del trabajo como fuerza motriz de la economía.

Ahora bien, no se trata sólo de eso. El protagonismo de los grandes empresarios encubre un objetivo inmediato y mucho más concreto: al erigirse en demiurgos de la economía, toda la política económica debe subordinarse a sus intereses. La única función del Estado es favorecer su actividad y hacerles la vida más fácil mediante reducciones de impuestos, subvenciones cuantiosas y, llegado el caso, recortes sociales y laborales. Lo vimos durante la crisis financiera que comenzó en 2008 y lo hemos vuelto a ver en la crisis generada por la covid-19: en los momentos difíciles, hay que acudir en su ayuda; en los momentos de auge, no es posible subir el SMI, incrementar la presión fiscal o fijar un tope al precio de los alimentos, como está proponiendo Podemos. No puede haber contradicciones, ya lo decía Charles E. Wilson, lo que es bueno para las grandes empresas es bueno para la economía. De este modo, poco a poco, gesto a gesto, nos adentramos en el reino de Díaz Ayuso, hacia el que parecen deslizarse algunas actitudes en la Comunitat Valenciana, incluso entre las fuerzas de izquierda.

La dinámica de las grandes empresas atrapa a los poderes públicos e impide la transformación del modelo productivo, transitando hacia una fórmula que otorgue centralidad a los verdaderos creadores de riqueza: las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, la economía social y, por supuesto, el trabajo asalariado. Un amplio abanico de actores que representan la pluralidad de nuestra economía y que están expuestos a la tiranía implacable de los grandes empresarios, que operan en régimen de monopolio y obtienen ganancias extraordinarias con sus precios abusivos, tanto para los productores como para los consumidores. Empresas monopolistas que, gracias a su poder de mercado, se apropian masivamente de una renta generada en otra parte por los creadores de riqueza. El sistema financiero privilegia a los primeros y discrimina a estos últimos, cerrando la estructura de poder y bloqueando cualquier posibilidad de cambiar el modelo productivo. Las pymes y los trabajadores autónomos saben perfectamente que el banco no es su amigo…

La Comunitat Valenciana reúne condiciones idóneas para el desarrollo de un modelo productivo más sostenible, más horizontal y más democrático. Una auténtica democracia económica que reconozca el papel fundamental de las pymes y de los trabajadores autónomos, y que reserve a la Generalitat un rol planificador en la gran transición ecológica y social en la que nos encontramos. En el centro, la necesidad de una banca pública que, partiendo de una planificación ecológica coherente y ordenada, oriente las inversiones hacia la transformación del modelo productivo y desarrolle una relación interactiva con las empresas, prestando asesoría técnica y asistencia financiera a las mismas. Sin una banca pública potente y al servicio de la sociedad, la transformación del modelo productivo es una vana quimera. Sin una democratización profunda de la economía, lo que existe es un poder omnímodo de los grandes empresarios, que controlan los medios de comunicación y ocupan el puesto de mando de la economía. Eso que un día se llamó “la trama”, y que hace que la nuestra sea una democracia limitada.

Si algo ha demostrado la historia reciente es la reversibilidad del Estado social. El neoliberalismo ha corroído sus cimientos y ha consolidado el poder de una oligarquía financiero-empresarial-mediática que dirige la economía exclusivamente en interés propio. Lo que emerge, una vez más, es la vieja contradicción entre capitalismo y democracia, un capitalismo despiadado que subordina el Estado a sus intereses. Para ser algo más que palabras, el Estado social necesita instrumentos eficaces que posibiliten una nueva relación entre lo público y lo privado, con un claro predominio del primero: entre otros, y fundamentalmente, una banca pública y una administración verdaderamente emprendedora con capacidad de planificar el desarrollo económico. En definitiva, como diría Hermann Heller, un poder público que intervenga activamente en la vida económica para crear un orden justo a través de la acción jurídico-política. La democracia económica es una alternativa realista que responde a los intereses de la mayoría social. ¿Pero es buena para Juan Roig? Respondan ustedes mismos…