JOSÉ ANTONIO GARCÍA REGUEIRO

Ni las quiebras de grandes imperios comerciales y financieros como Enron, Parmalat o Lehman Brothers (primer banco de inversión del mundo), ni los rescates financieros a Portugal, Grecia e Irlanda, han servido para poner en entredicho por la mayoría de los gobiernos las políticas ultraliberales que impulsaron en los años ochenta y noventa la desregulación total, los créditos baratos y la anulación, en 1999, del Glass Steagall Act, o el Banking Act de 1933, que declaraba incompatibles las funciones de los bancos de depósito y de los bancos de inversión.

Esta ingeniería financiera sin base real la intentaron resolver los estados destinando centenares de miles de millones de dólares y euros de dinero público al saneamiento de las entidades financieras (como hizo el Tesoro de EEUU con un plan de rescate de 500.000 millones de euros para salvar el sistema de los títulos subprime, o como hizo Alemania aportando 452.000 millones para los Landesbanken, sus bancos regionales). La respuesta jurídica internacional fue sustituir las reglas de Basilea II, que fijaban en el 2% la tasa de capitalización, por las de Basilea III, que imponen una nueva tasa del 7% y prevén que la misma aumente progresivamente hasta 2019.

La Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció recientemente que las opiniones predominantes neoliberales determinaron que el FMI favoreciera, entre 2004 y 2007, las prácticas en “innovación financiera” que dieron lugar al desastre de las subprime o hipotecas basura. También la coincidencia ideológica basta para entender que no previeran la verdadera dimensión de la crisis ni las agencias de rating o calificación (liberalismo anglosajón) ni, aquí, el Banco de España. En efecto, la doctrina neoliberal fluye con nitidez en el gobernador de este organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en su intervención en el XVIII Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte-ABC el pasado 5 de abril, defendió que “por encima de todas las reformas [...] se sitúa la de unas instituciones laborales que son la causa del principal problema de nuestra economía”.

En España se aprobó recientemente el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que adopta un requisito de solvencia más elevado que el de Basilea III, ya que establece un nuevo coeficiente, adicional a los vigentes, que se cumplirá con un “capital principal” de, al menos, el 8% de los activos totales ponderados por riesgo en cada momento. Ese 8% exigible se eleva hasta el 10% para las entidades en las que se verifican las dos condiciones siguientes: tienen una proporción de financiación en los mercados mayoristas superior al 20% y no han colocado a terceros al menos el 20% de su capital social (si concurren ambas condiciones existe un mayor riesgo).

La ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a las cajas de ahorros ascendió, en febrero de 2011, a 11.559 millones de euros y, según los datos del Banco de España, el agujero negro se calcula en 14.007 millones de euros, en el que destaca su riesgo en el sector inmobiliario. Es curioso que, en la citada intervención, el gobernador del Banco de España “explique”, como si no hubiera tenido responsabilidad alguna durante estos años, que “seguramente estas reformas del sector bancario, como todas las demás que se están abordando ahora (gasto público, pensiones, laboral, etc), se deberían haber hecho durante los años de expansión…”.

No son datos buenos, pero no pueden servir de excusa para privatizar las cajas (privatizar en el sentido de que su objeto será esencialmente el beneficio de sus accionistas –bancarización–, quedando relegada la obra social y humana), pues precisamente los que la reclaman son los que han causado, con sus políticas ultraliberales, tan lamentable situación. Por el contrario, puede ser el momento idóneo para recuperar la banca pública. Frente a la ofensiva del neocapitalismo en general, y las medidas de privatización de las cajas en particular, los progresistas debemos defender los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, recuperar el sentido de lo social, de lo público, dejar de ser observadores pasivos del desmantelamiento del Estado del bienestar, es decir del Estado de derecho: el Estado social y democrático de derecho, que proclama el artículo 1º de nuestra Constitución.

José Antonio García Regueiro es consejero general de Caja Madrid y ex letrado del Tribunal Constitucional

Ilustración de Federico Yankelevich