Vanessa Angustia

Senadora del GP Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea

Mientras los pasillos de las instituciones se van vaciando poco a poco y la actualidad política va entrando en el letargo estival del que solo nos saca Venezuela, Cataluña y Gibraltar, la noticia de que 21 de los 25 activistas de Gdeim Izik, campamento de refugiados saharaui a 15 kilómetros de El Aaiun, en el Sáhara Occidental, han sido condenados en Marruecos nos devuelve a la realidad. Tal vez, lo que ampara la lucha contra el juicio y las condenas sea la ilegalidad del proceso, que no se acoge al derecho internacional, que acusa de crímenes inverosímiles sin pruebas, que juzga sin jurisdicción.

No obstante, lo verdaderamente importante, de nuevo, es el lugar en que los peones se sitúan en el tablero. Marruecos, protegido por las torres de Occidente, defendido por sus socios, por la impunidad. Marruecos, que fabrica crímenes para justificar lo injustificable. Marruecos, blindada por sus socios fronterizos encargándose del trabajo más sucio en materia migratoria a sabiendas de su falta de escrúpulos ante los derechos humanos. Marruecos, agrediendo cada día la soberanía del pueblo saharaui.

Han pasado siete años de la detención y encarcelamiento ilegal de los 25 activistas de Gdeim Izik y ahora 21 de ellos han sido condenados a penas de entre 20 años y cadena perpetua, Hassana Aalia vive fuera del Sáhara como refugiado político, Deich Daf y Bakay Arabi han sido puestos en libertad porque las penas menores han sido cumplidas y Ayoubi, ha sido puesto en libertad por la enfermedad que le provocaron las torturas en prisión. Cuando el 10 de octubre de 2010, Abdelaziz Meftah, fundó el campamento de refugiados saharauis Gdeim Izik, sabía que cada día de lucha por los derechos sociales, ponía en peligro la vida de los y las 28000 saharauis que formaron parte del campamento. Sabían que los colonos no escatimarían presión y sangre para defender su última colonia en África, pero sabían también que no cesar en la lucha era el camino para defender la libertad del Sáhara Occidental.

El ejército marroquí sometió a control y ataque el campamento hasta desmantelarlo el 8 de noviembre de 2010. Fueron asesinados 5 saharauis y algunos de ellos menores de edad. Las fuerzas de seguridad magrebíes declaran 11 bajas entre sus filas, bajas que a día de hoy no han podido ser probadas. No existen los cuerpos y no constan sus certificados de defunción.

Marruecos comenzó el pasado 13 de marzo de 2017 un proceso judicial contra 21 de los activistas de Gdeim Izik entonces encarcelados, juicio aplazado inexplicablemente repetidas veces tras la anulación de la primera sentencia dictada por un tribunal militar. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, tras evaluar su situación, emitió una decisión en la que acusaba a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura durante el proceso de interrogatorio de los acusados. Silencio. Silencio de Marruecos. Silencio cómplice del Gobierno de España.

Es el Tribunal de Primera Instancia de Salé, tribunal civil, dependiente de la fuerza ocupante quien se ha ocupado del caso. Habiéndose producido los hechos fuera de Marruecos, el juicio es una vulneración flagrante del derecho internacional, pues aun cuando fueren juzgados por la potencia ocupante, la legislación internacional determina que deben serlo en su propio territorio. Este es motivo suficiente para que el juicio no sea válido.

El único sustento probatorio parece ser un vídeo aéreo en el que ni tan siquiera se reconoce a los hoy condenados, y en el que tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni tan siquiera se informó de dónde se habían encontrado a los procesados, todo ello a pesar de las repetidas peticiones de los abogados y abogadas defensores de que no se considerara una prueba válida, fue utilizado por el juez y el fiscal repetidamente incluso si no había sido sometida a peritaje ante un origen y contenido más que dudosos. Otra suma de razones para la ilegalidad del proceso.

Las autoridades marroquíes, conscientes de la ilegalidad del proceso, pusieron trabas a organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, quienes finalmente no pudieron enviar representantes al acompañamiento internacional durante el juicio. En una acción gubernamental que debería haber provocado la más enérgica actuación del Gobierno español, Marruecos ordenó la deportación del juez Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio.

Cuatro organizaciones internacionales firmaron un comunicado pidiendo la libertad de estos 25 presos. Un grupo de parlamentarios marroquíes del Partido que gobierna, el islamista Justicia y Desarrollo (PJD), ha solicitado mediante una misiva, al rey Mohamed VI que indulte a estos 25 presos políticos saharauis, petición que fue realizada con motivo de la visita del monarca a El Aaiún para conmemorar el 40 aniversario de la Marcha Verde.

Todos estos hechos se han producido ante el silencio y la complicidad del Reino de España y las autoridades españolas. Sus palabras y hechos se limitan al apoyo incondicional de un socio, al parecer, incuestionable para el Gobierno del Partido Popular.

Me pregunto por qué el Reino de España, con el privilegio de una relación activa con el Reino de Marruecos no traslada su preocupación por la constante invasión del territorio saharaui, la violación de los Derechos Humanos y el incumplimiento reiterado del derecho internacional.

Igualmente me pregunto cuál va a ser el posicionamiento del Gobierno español en la reunión del Comité de Seguridad de la ONU en la que se decidirá la renovación de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas establecida para la descolonización del territorio saharaui y que fue expulsada por Rabat tras la visita de Ban Ki-Moon a los campamentos de Tindouf.

También desconozco la opinión del Gobierno de España y su representación ante la Unión Europea ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí como ha ocurrido en el juicio de Gdeim Izik, deportaciones en algunos casos de miembros destacados de la judicatura, ya se ha mencionado el caso de Jesús Martín.

Mientras la Unión Europea mantenga unos acuerdos comerciales que arruinan a los pequeños productores y productoras a ambos lados del Estrecho y desarrolle una política migratoria basada en la externalización de fronteras, ¿el Gobierno español debe seguir sin asumir su responsabilidad histórica y no trabajar por la autodeterminación del pueblo saharaui y la liberación de todos los presos políticos?

¿Tiene intención el Gobierno de solicitar al Reino de Marruecos el indulto y la inmediata puesta en libertad de los presos saharauis, ante la más que evidente manipulación, violación de los derechos humanos, las torturas denunciadas durante el proceso y la falta de las más mínimas garantías de defensa procesal?

¿Para cuándo piensa el Gobierno asumir la responsabilidad que le corresponde ante la situación del pueblo saharaui y de acuerdo a la legislación internacional?

El pueblo saharaui solidario cuenta con pueblos que luchan a su lado. No es momento de excusas, es momento de responder a nuestra deuda histórica, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El Sáhara está destinado a ser libre y toca realizar los esfuerzos necesarios que garanticen sus derechos.