Pablo Beramendi

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke

Ilustración de Federico Yankelevich

Europa sufre una crisis sin salida aparente. La UE parece un cántaro obligado a ir a la fuente cada vez más veces y más deprisa. La crisis ha revelado fallas profundas, fruto de un conflicto distributivo entre territorios que impone un diseño institucional disfuncional y amenaza con romper el cántaro. Y en esas seguimos a pesar de los importantes pasos adoptados para limitar la autonomía fiscal de los estados miembros en la reciente cumbre de Bruselas.

Desde su nacimiento, la Unión Monetaria ha sido criticada por unificar bajo la autoridad del Banco Central Europeo estructuras productivas y sistemas fiscales muy diversos. En tiempos de crisis, los efectos asimétricos de la política monetaria constituyen una fuente de conflicto continuo: los países preocupados por la inflación presionan por tipos de interés más elevados; los países preocupados por el empleo presionan en sentido contrario. Existen dos formas de cuadrar este círculo a medio plazo: la primera es establecer mecanismos de compensación, integrando la política fiscal y aumentando la redistribución interterritorial. La segunda consiste en limitar la necesidad de redistribuir exigiendo solvencia fiscal a los miembros. Ello implicaría la salida del euro de algunos estados miembros. La situación intermedia, con varios países asumiendo ajustes, con escaso margen para reorientar su política económica, y sin mecanismos estables de compensación, es insostenible. La reciente cumbre ha dado algunos pasos hacia una llamada unión fiscal. El acuerdo alcanzado gana tiempo, pero está lejos de resolver el problema de fondo.

La propia disfuncionalidad del diseño de la UE refleja las tensiones distributivas y los límites políticos a una mayor integración. Por las misma razones que muchos votantes catalanes afean que sus impuestos se dediquen a gastos “ineficientes” en otras comunidades, los votantes alemanes, franceses o daneses no están por la labor de integrar sus sistemas fiscales. Los contribuyentes de los países ricos temen un aumento en la carga fiscal, mientras que los beneficiarios de los sistemas de bienestar no desean tener que compartirlos. La supuesta cicatería de Merkel con los eurobonos refleja en parte una legítima vocación de supervivencia electoral. Es verdad que los rescates protegen también a entidades financieras de países ricos, pero la carga sobre los contribuyentes acarrea un coste político mayor. Si los alemanes, entre otros, perciben que las transferencias a la unión son excesivas, difícilmente aceptarán integrarse en un sistema fiscal europeo. La reforma necesaria para estabilizar la unión a largo plazo choca con la lógica democrática que limita a los líderes europeos.

La división de preferencias entre países explica el bloqueo de los últimos meses y la naturaleza de los acuerdos alcanzados la semana pasada. El conflicto se centra en la redistribución entre países, ya sea indirecta (como ocurriría con los eurobonos) o directamente. Merkel concibe, y parece haber impuesto, la unión fiscal como un mecanismo para limitar la capacidad de gasto de los miembros y poco más: máxima responsabilidad, mínima solidaridad. Pero las visiones sobre el equilibrio deseable entre estos principios difieren mucho dentro de la UE. En este contexto, el globo sonda de hace unas semanas sobre unas negociaciones entre París y Berlín para reducir la unión a países “solventes” cobra sentido. La idea de soltar lastre resulta una baza muy útil en el proceso de diseño de una unión fiscal a la medida de Alemania y Francia: gusta a los votantes en casa y limita las demandas de líderes dispuestos a sacrificar autonomía fiscal para permanecer en el euro. Sin embargo, existen motivos para cuestionar las virtudes de una estrategia exclusiva de austeridad y control de gasto como solución a la crisis.

La austeridad sin mecanismos reales de redistribución tiene costes de eficiencia pues limita la capacidad de recuperación de los países expuestos y deja abiertos flancos a los mercados. Lo veremos pronto. Pero sobre todo tiene costes políticos. Muchos ciudadanos griegos, portugueses y españoles empiezan a preguntarse hasta dónde cabe sacrificarse por el euro en ausencia de compensaciones adecuadas que vayan más allá de un rescate a corto plazo destinado a cubrir la deuda acumulada. Argumentan, con razón, que si la moneda única implica austeridad fiscal para garantizar la solvencia, esos costes deben recaer sobre todos los miembros de la Unión. Argumentan también que la renuncia a la soberanía fiscal debe conllevar un sistema fiscal que reduzca riesgos y propicie fondos a los países en caso de que los necesiten. Ello implica redistribución. Sus gobiernos tampoco pueden ignorarles y ceder soberanía a cambio de nada. De hecho, tendría sentido para los países obligados a hacer ajustes coordinaran sus estrategias para renegociar la organización fiscal de la Unión. Por el contrario, si los sacrificios continúan sin compensaciones, la viabilidad política y económica de la Unión será cada vez más difícil.

La UE no es la primera que se enfrenta a una crisis. Salvando las distancias, Canadá y Estados Unidos lo hicieron durante la Gran Depresión. La respuesta entonces llevó a una mayor integración fiscal y a desarrollar la redistribución inter-

territorial. Las reformas, sin embargo, sólo ocurrieron cuando la crisis llevó a los gobiernos subnacionales a la ruina, provocando una homogeneización de los problemas económicos y sociales entre territorios. Los intentos previos a 1929 fracasaron. Afortunadamente, la crisis actual todavía no ha provocado un colapso social y económico en la UE de magnitud similar. Paradójicamente, sólo la quiebra incontrolada del euro podría propiciarlo. Como en América en los años treinta, las reformas necesarias sólo parecen viables si el cántaro se cae. La partida continúa con jugadores poco inclinados a recordar la historia. De mantenerse, la pasión por las virtudes taumatúrgicas de la austeridad puede acabar haciendo añicos el bienestar de todos. Hay precedentes.