Carta de un vecino de Madrid contra el abandono y la exclusión que sufren los refugiados

Llevo unos días colaborando en la atención a las personas que pretenden solicitar asilo y refugio. ¿La motivación principal que me lleva a ello? Evitar la vergüenza de que tengan que dormir en la calle. Dormir en la calle de manera forzosa personas, de toda edad y condición, relegadas a la indigencia y mendicidad. La mayoría de ellas, muchas en familia con bebés y adolescentes, son personas que acaban de llegar y que pretenden poder acceder a ser solicitantes de protección internacional.

Ni el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social (responsable de los programas de acogida) ni el Ayuntamiento a través del SAMUR Social, les están dando respuesta. La Comunidad de Madrid, ni está ni se la espera. Estas tres administraciones constituyen el Estado Español en el que se llenan la boca los diferentes líderes y partidos proclamado que en él todo cabe pero siempre “dentro de la Ley”. ¿Acaso no está dentro del cuerpo jurídico de España la legislación dimanante de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a la que está adherida? De ella se deriva la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

En la semana que llevo implicado en este servicio, he podido constatar que no es así. Se ha construido un auténtico trágala de solicitudes de entrevistas. La primera y más importante, porque será la que determine que la persona adquiere la condición de solicitante de asilo y refugio, ¡únicamente se puede solicitar telemáticamente los lunes por la mañana! Pero ¿cuántas de esas personas tiene acceso a un ordenador? Y ¿cuántas entenderán los requerimientos que en el modelo de solicitud se hacen a quien pretende rellenarlo? De forma que pasan días y semanas, tiempo en el que esas personas permanecen en un “limbo” jurídico, sin derechos, sin protección alguna, más allá de la que aleatoriamente el SAMUR Social pueda darles “en cuanto tiene plazas”.

Para defender sus derechos, reconocidos tanto por la Convención de Ginebra como por la Ley 12/2009, surgió un movimiento de vecinas y vecinos que se han ido autoorganizando desde que a finales de agosto de 2015 se juntaron con la misma inquietud que hoy me invade ¿qué hacer ante esta injusticia? Se pusieron en marcha teniendo claro que no se quería ser asistencialistas ni hacer caridad: ayudar sí, pero denunciando la exclusión y el abandono hasta lograr que a estas personas se les reconozca su estatus de solicitante de asilo y refugio con los derechos que lleva aparejados. Pero se ha llevado hasta tal extremo la ineficiencia del sistema de protección que la mayor parte de los que llegan a nuestro país pasan varias semanas hasta poder presentar su solicitud de asilo, momento en el que, en teoría, ingresan al sistema, aunque muchas veces ni siquiera entonces se les reconoce ese derecho.

En eso están, y ya puedo decir, en eso estamos. Acompañando, ayudando y denunciando antes las administraciones y ante la prensa la dejación de sus obligaciones que, como estado, España viene obligada a cumplir. Porque en lugar de paliar la situación de desamparo, temor y angustia ante un futuro incierto de personas que llegan huyendo de sus países debido a “fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual”, como dice la Ley, las diversas administraciones lo cubren todo con nubes de humo recurriendo a disquisiciones de competencias entre las distintas administraciones, Central, Autonómica y Municipal. Todas ellas utilizan medio verdades que son medio mentiras.

¿Y qué pasa con el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, en España? Conozco que no es ejecutivo en España, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los estados de la Unión Europea. Pero ante el estado de cosas descrito y del cual cualquier persona que se asome a él podrá tomar conciencia simplemente acercándose a uno de los centros de SAMUR Social, mirar, acercarse, preguntar y escuchar, ¿no debería ACNUR reconvenir públicamente al Estado Español en sus tres administraciones por lo ya dicho y que, a modo de resumen, enumero?

1.- Desprecio de los derechos que asisten a cualquier ciudadano del mundo a ser y sentirse protegido desde el instante en que manifiesta su necesidad de asilo.

2.- Obstaculización al acceso a los procedimientos administrativos que permiten formalizar la solicitud de asilo y recibir la debida protección jurídica y social.

3.- Tardanza injustificada en la declaración de asilo o su denegación. Utilización sistemática de la denegación no justificada con un doble fin: abaratar el presupuesto a destinar para este fin y amedrentar a los posibles demandantes de asilo haciendo que éstos busquen protección en terceros países.

Fdo.: José Luis de la Rocha Rubí

Un ciudadano que quiere mirar a cualquier otro sin que se le caiga la cara de vergüenza