El cartel de Vox y los brazos del racismo institucional

Entre la indignación y el asombro. Así nos hemos quedado tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desestimar el recurso presentado por la Fiscalía contra el cartel racista que instaló Vox en la estación de Cercanías de Sol durante las pasadas elecciones autonómicas del 4M.

Recordemos que el cartel comparaba la pensión que recibe una persona jubilada con el coste público que supuestamente implica mantener a un menor extranjero no acompañado. En él se podía ver la imagen de una señora mayor blanca, bien vestida, frente a la imagen de un joven encapuchado y embozado, junto a la frase: “Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes”.

Entre los argumentos esgrimidos por los magistrados (Valentín Sanz, Tania García y Eduardo Urbano) para avalar este cartel racista, hay tres que se llevan la palma de oro.

En primer lugar, afirman que, con independencia de si las cifras que se ofrecen en el cartel son o no veraces, los menores extranjeros no acompañados “representan un evidente problema social y político”.

Con esta frase no solo validan que un partido político mienta abiertamente para estigmatizar y criminalizar a un colectivo, sino que se arrojan la potestad de definir lo que es o no un problema político y social. ¿Desde cuándo esto es competencia de jueces y juezas?

Lo que ha ocurrido aquí es que los magistrados han hecho una valoración personal, y peor aún, sin ningún tipo de base objetiva. ¿En qué estudios o encuestas se basan para hacer tal afirmación?

Según los últimos datos oficiales, la Comunidad de Madrid tiene a menos 300 menores migrantes tutelados en su red de protección de la infancia. En ningún barómetro aparece la inmigración como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y tampoco existe ningún dato que correlacione la llegada de menores extranjeros con un aumento de la delincuencia.

Por tanto, los magistrados hacen una afirmación falsa al decir que los menores extranjeros no acompañados representan un problema social y político. Las personas migrantes y racializadas estamos acostumbradas a combatir los bulos de Vox, ¿tenemos que empezar ahora a combatir también los bulos provenientes de la propia Justicia?

Líneas rojas cuando se trata de niñas y jóvenes

En segundo lugar, los jueces sostienen que “no cabe, pues, tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar”. Estamos hablando de un cartel de grandes dimensiones instalado en una concurrida estación de Cercanías, en el que se representa a un joven extranjero como delincuente, que además gana al mes diez veces más dinero que una abuela española.

Si este cartel no tenía por finalidad incitar al odio, injuriar y menospreciar, qué lo tiene. Qué límites se seguirán traspasando si ni siquiera por tratarse de niñas y jóvenes se han puesto unas líneas rojas.

Por último, y para dejarnos todavía más estupefactas, en el auto los jueces sostienen que el cartel de Vox se enmarca en “la legítima lucha ideológica-partidista”, y lo tacha de “slogan electoral”. Es decir, dejan abierta la puerta a futuras campañas racistas, LGTB fóbicas, tránsfobas, capacitistas, clasistas, etc., porque, al parecer, en período de campaña todo vale.

El principio de una sociedad racista es la institucionalización del racismo. La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el cartel racista de Vox institucionaliza los discursos de odio. Los legitima hacia dentro de los partidos políticos que ahora podrán hacer uso de ellos de una forma más descarada todavía, y los valida hacia el resto de la población como si fueran una opinión más, sin tomar en cuenta la violencia física, psicológica y simbólica que estos discursos tienen en la vida de las personas.

Este es el verdadero problema político y social.