Cárteles, la corrupción silenciosa

La Ley de Defensa de la Competencia define como cártel todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores con el objetivo del cual consiste en coordinar sus prácticas, con el fin de fijar precios de compra y venta, para repartirse mercado y clientes, incluidas las licitaciones públicas.

Los cárteles son un mal endémico de la economía a todos los niveles, y precisamente por eso, la política de competencia es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea desde que esta se creó el 1957.

Esta corrupción silenciosa, es perseguida y sancionada tanto por La Dirección General de la Competencia de la Unión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o la Autoridad Catalana de la Competencia.

Fue en 2013, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores sentenció la existencia de un cártel de fijación de precios y reparto de clientes en el mercado de los sobres de papel, en todo el territorio estatal. En función de un acuerdo entre una serie de empresas que fabrican sobres de papel, se crea aquello que ellas denominan “el puchero común” por el control de todos los concursos públicos del Estado entre 1977 y 2010. De este modo, se evidenció que, durante 30 años, las administraciones pagan un sobre-coste ilícito cada vez que organizan unas elecciones o consultas.

Entre las víctimas se encuentra la Generalitat de Catalunya, ante la compra de sobres de las elecciones al Parlament de Catalunya de 1988, 1999, 2003,2006 y 2010; así como las del referéndum del Estatut de 2005.

Unos sobrecostes que seguramente podrían estar suponiendo cifras millonarias, como se ha visto a través de las indemnizaciones que han recibido algunas empresas que también se vieron afectadas y reclamaron su derecho a indemnización.

En 2017, las autoridades europeas de la competencia sentencian la existencia del cártel de fabricantes de camiones, por el cual los seis fabricantes de camiones más importantes se ponen de acuerdo al fijar el precio de los camiones de más de 6 toneladas y retrasan el cumplimiento de la normativa en materia de emisiones. De este modo, todos los compradores de estos productos, públicos y privados, pagan un sobre-coste de entre 7.000 y 10.000 € por camión.

En 2019, la Autoridad Catalana de la Competencia, la ACCO, sentencia la existencia de un cártel de servicios meteorológicos, por el cual tres empresas se han repartido el mercado de las licitaciones públicas que tienen por objeto la prestación de servicios relativos a la instalación, mantenimiento y suministro de piezas de los radares y estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico de Cataluña desde 2011 hasta 2019. En este caso, además, se constata la intervención de un “facilitador” desde dentro de la Administración perjudicada: el director del Servicio Meteorológico de Cataluña, señor Oriol Puig (en la actualidad, asesor del Departamento de Territorio).

Podríamos seguir, y hablar de los cárteles de comedores escolares, libros de texto, pañales para adultos, servicios financieros derivados, ascensores y escaleras mecánicas, y un largo etcétera que no solo ha costado muchos millones de sobre-coste a las arcas públicas y a las personas consumidoras, sino que ha perjudicado (y a menudo arruinado) a las empresas que no han querido entrar en estos trapicheos ilegales y, además, ha generado unos respectivos oligopolios poderosos y vulneradores de las normas del mercado, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades.

Instituciones como el Banco Mundial o la OCDE han reconocido que estas acciones suponen la violación más grave de las leyes sobre competencia.

Por lo tanto, es necesario que las administraciones públicas, empezando por el Govern de la Generalitat de Cataluña, se conciencie del daño tan grave que suponen los cárteles para la para sus propias cuentas, y por ende para la economía, y tome medidas para acabar con estas prácticas ilegales, desleales, tramposas y, por qué no decirlo, gangsteriles. De hecho, no solo a llegado el momento, sino que, a menos que se actúe con celeridad, prescribirán las acciones contra el “puchero”, el cártel de sobres de papel, provocando el azoramiento (y el hazmerreír) de los expertos europeos, como avanzaba hace unos días la revista especializada Cartel Damage Claims.

La Administración pública está obligada, por lo tanto, a hacer lo posible para resarcirse de todas las pérdidas que esto le ha supuesto. Un informe jurídico ante cada sentencia en la cual las autoridades de la competencia fijen la existencia de un cártel, sumado a una evaluación económica del daño y de las acciones judiciales a emprender, tiene que ser norma de actuación de los responsables de gestión del dinero público.

Pero no es suficiente: a las empresas defraudadoras les tiene que dejar de ser rentable cometer la ilegalidad; en consecuencia, tienen que ser excluidas de los futuros concursos públicos. Por eso, hace falta una reforma de la normativa sobre contratación pública, tanto en Cataluña como el Estado, para expulsar de la contratación pública aquellas que quieren concurrir de forma tramposa.

Y, en tercer lugar, no por obvio, deja de ser necesario recordarlo: hay que apartar de la administración aquellos que, desde dentro, intervengan como cómplices del fraude (empezando, ya puestos, por el señor Oriol Puig). Tolerancia cero con la corrupción también significa excluir de la función pública aquel que lo ejerce en beneficio privado.