Luis Nieto

Coordinador del Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana

Vivimos en un mundo donde la libertad que se defiende es la del Mercado y no la de las personas. Donde los valores que se proclaman están asociados a actividades bursátiles y no a los principios de la ética. El pensar desde el bolsillo hace que empresas y seres humanos busquen el lucro económico sin límites. El afán de obtener ganancia se superpone a la vida; en consecuencia, el dinero vale más que las personas. Actualmente, el capital se ha convertido en el referente único, en la medida de todas las cosas y sobre todo en el amo de la sociedad y la naturaleza.

Los estudios científicos nos alertan sobre la destrucción del planeta y en ello tienen mucho que ver las grandes petroleras Exxon, Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) y Chevron. Las grandes crisis medioambientales se suceden a lo largo del mundo. No podemos olvidar los vertidos petroleros en Nigeria, Alaska, el Golfo de México o Ecuador. En ellos la multinacional Chevron tiene un papel destacado, al que se suma el ser el principal emisor de gases de efecto invernadero entre las empresas de propiedad de inversores (3,5% de las emisiones mundiales están relacionadas con la actividad de esta multinacional). A este palmarés la multinacional tiene que sumar la contaminación del agua de Richmond (California), el pago a milicias locales nigerianas para atentar contra ciudadanos que protestaban por su actuación en el país o la invasión de poblaciones en Rumanía para utilizar el fracking.

Como ejemplo de la búsqueda desmedida de beneficio económico —sin límites éticos, ambientales o sociales— podemos señalar con certeza el grave desastre ambiental provocado por la corporación estadounidense Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Entre 1964 y 1992, la Texaco, hoy absorbida por Chevron, vertió 285 millones de barriles de agua tóxica (en 442.965 hectáreas) en cerca de 1000 piscinas que recubrió con tierra, destruyendo la flora, la fauna, generando enfermedades hasta aquel momento con poca presencia en la zona (en Sucumbíos y Orellana se triplica la media nacional de afectados por cáncer) y asoló los medios de vida de la población. La explotación petrolera realizada no siguió elementales normas técnicas, ni tampoco utilizó la tecnología necesaria que se encontraba disponible por entonces y que fue empleada por la misma empresa en otros países. El desastre es 85 veces mayor que el derrame de la British Petroleum en el Golfo de México en 2010 y 18 veces mayor que el de Exxon Valdez en Alaska en 1989.

Esta situación ha llevado a un enfrentamiento contra la petrolera tanto de los 30.000 habitantes de la Amazonía Ecuatoriana como del Gobierno de Rafael Correa. Enfrentamiento que es desigual, pues frente al PIB ecuatoriano que fue de 84.000 millones de dólares, la multinacional tuvo un volumen de negocio que sobrepasa los 230.000 millones de dólares.

Durante 28 años Texaco-Chevron gozó de casi una completa exclusividad en la explotación petrolera de la región amazónica y en todo este tiempo nunca informó a la población que vivía alrededor de pozos y piscinas, sobre los peligros que corría, sobre los vertidos de material tóxico y sobre el agua sucia que derramaba.

En 1992, campesinos e indígenas de Orellana y Sucumbíos, apoyados por ONG ambientalistas, presentaron una demanda contra la petrolera en un Tribunal de Nueva York. Tres años más tarde, Texaco-Chevron suscribió con el gobierno ecuatoriano del momento un Plan de Acción de Reparación: la Compañía se comprometió a limpiar 162, piscinas pero lo que realmente hizo fue proceder a taparlas con tierra. Posteriormente en 1998, el gobierno de Jamil Mahuad firmó con la multinacional un Acta de Finiquito para proteger a la empresa de cualquier demanda del Estado después de la “reparación”.

El proceso continuó y a instancias de la petrolera se trasladó a la justicia ecuatoriana, comprometiéndose a respetar la decisión de los tribunales. Tenía expectativas de un resultado favorable dadas las excelentes relaciones que mantenía con el gobierno y con la judicatura. Pero en el transcurso del proceso el país cambió y así el 12 de noviembre de 2013 la Corte Suprema Ecuatoriana confirmó una sentencia dictada en 2012 por la Corte Nacional de Justicia. La sentencia obliga a pagar 6.400 millones de euros por daños ambientales en la Amazonía Ecuatoriana, pero su ejecución se vuelve compleja pues Chevron no tiene activos en Ecuador, de ahí que se está planteando que se ejecute en otros países como EEUU, Canadá o Brasil.

Ante esta sentencia la petrolera respondió acusando a los afectados de criminales en una Corte de EEUU y llevando al gobierno ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, alegando que era dicho gobierno quien debería hacerse cargo de reparar el daño. Esta demanda atenta contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana. No podemos olvidar que Chevron tiene un largo recorrido en influir en gobiernos y tribunales a lo largo del planeta y para ello ya ha invertido, en los últimos 15 años, más de 100 millones de dólares en contratar empresas especializadas en lobby y 500 millones en bufetes de abogados y medios de comunicación.

Para enfrentar estás prácticas de Chevron se están dando pasos decisivos y a distintos niveles. Por una parte las poblaciones afectadas se están coordinando para sus acciones jurídicas y reivindicativas y están surgiendo Comités contra la Mano Sucia de Chevron por todo el mundo y por otro, el gobierno de Ecuador plantea el abandono del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) y la exigencia de normas vinculantes para las multinacionales en el seno de Naciones Unidas.

A ello tenemos que sumar que desde los movimientos sociales se está trabajando en un Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales y en incidir sobre Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros para que retiren sus inversiones de aquellas multinacionales que vulneran los Derechos Humanos. En el caso de Chevron y debido a la presión de la ciudadanía, se han retirado APT (Fondo de Pensiones Sueco), FD (Fondo de Pensiones de Luxemburgo) y PGB (Fondo de Pensiones Alemán) y Compañías de Seguros como Ethias de Bélgica o KLP de Noruega.

Esta lucha de David contra Goliat tiene un nuevo capítulo el próximo miércoles 28 de mayo cuando se reúna la Junta de Accionistas de Chevron en Texas. ¿Rectificará su postura?. Como dicen en América Latina: “El camino es largo pero los pueblos son tercos”.