María Eugenia Rodríguez Palop

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid

¿Qué pensaría usted si la mejor promesa de un partido político fuera garantizarle su derecho a la vida o a la libertad de expresión solo en los casos en que tuviera dinero para hacerlo? ¿No le resultaría extraño que sus derechos estuvieran al servicio de la estabilidad financiera y no al contrario? ¿No le chocaría que la inviolabilidad de su domicilio o su libertad religiosa se protegieran únicamente en situaciones de abundancia y prosperidad? Pues bien, esto es lo que propone Ciudadanos en relación al derecho a la vivienda, la salud, o el trabajo, y esto es lo que ellos entienden por defender y blindar los derechos sociales.

En su reforma constitucional Ciudadanos dice blindar ciertos derechos sociales (propuesta 4), y hace depender su desarrollo legal de la previsión de los recursos necesarios, o sea, de la dotación económica oportuna y la garantía presupuestaria (propuestas 4 y 5). Esta previsión podría ser vista como un ejercicio de “realismo” y es así como, de hecho, nos la vende Ciudadanos. No quieren generar frustraciones, aseguran, y se toman tan en serio los derechos sociales que rehúyen reducirlos a meras declaraciones programáticas. “No queremos derechos nominales cuya frustración aliente la desconfianza y el desapego”. A ellos lo que les preocupa es que los derechos sean realmente efectivos. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? ¿No es este uno de esos casos en los que un aparente pragmatismo lo que desvela, finalmente, es una buena dosis de cinismo?

Todos sabemos que las prestaciones sociales están delegadas y que dependen de las Comunidades Autónomas, de modo que si las Comunidades Autónomas no reciben la financiación suficiente para articularlas, el de la efectividad no deja de ser un canto de sirenas. Desde luego, uno puede pensar, en línea con la reforma constitucional que presenta Ciudadanos, que tal financiación es mejorable, pero si combinamos el artículo 135 de la Constitución, que Ciudadanos suscribe sin ningún problema, y la rígida aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el panorama no parece muy halagüeño. Según Ciudadanos, la aplicación de esta Ley no puede quedar en manos de la discrecionalidad política del Gobierno sino que ha de ser “una disposición jurídica de disciplina que se ha de cumplir por todos y en los términos que establece” (propuesta 28). Money is money, amigos.

El artículo 135, que perpetró el maridaje PSOE-PP, con agostidad y alevosía, no hizo sino agravar la situación de debilidad que ya tenían los derechos sociales en el texto constitucional porque priorizó el pago a los acreedores sobre cualquier otro objetivo, y acabó dando amparo a la estrategia del austericidio y los recortes que ha seguido a pie juntillas el Partido Popular (esa “fantástica” estrategia que en España ha elevado casi al 30% la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión - INE, 2015). Por eso, el 135 tenía que haberse tramitado por la vía agravada de reforma constitucional que plantea el artículo 168 de la Constitución, dado que tuvo y tiene un impacto regresivo sobre nuestras políticas sociales y supuso una modificación encubierta de la cláusula del Estado social que contempla el Título Preliminar. Sin embargo, la santa alianza PPSOE consiguió salvar la rigidez constitucional para el bien de la banca.

El latrocinio fue tal, que ahora, en su propuesta de reforma constitucional, el PSOE se da golpes de pecho, y pretende reformar otra vez el 135 para incorporar condiciones de salvaguarda de la “estabilidad social” a fin de asegurar la financiación de los servicios y las prestaciones sociales. Vaya, que ahora quiere cambiar el orden de los factores para armonizar, cuando menos, la estabilidad social y la financiera, porque, desde luego, en este caso, el orden de los factores altera claramente el producto.

Y es que, evidentemente, no es lo mismo blindar los derechos sociales para repartir una tarta en cuatro trozos, aun asumiendo que en una situación de crisis esos trozos serán más pequeños, que, una vez reducido el tamaño de la tarta, cambiar el criterio de reparto limitando hasta lo inane la ambición de una política redistributiva, como hace Ciudadanos.

Cuando uno blinda los derechos sociales, como Ciudadanos dice hacer, lo que tiene claro es precisamente lo que no tiene claro Ciudadanos: que la determinación acerca de la existencia o no de la crisis, no dice, ni puede decir, nada sobre el catálogo de derechos que ha de garantizarse, sino que el proceso debe ser, más bien, el contrario. No es la crisis o la falta de dotación económica la que determina el catálogo de los derechos garantizables, sino que son los derechos que tenemos los que nos permiten identificar e interpretar una situación de crisis. Es más, si los derechos tienen algún valor para nosotros es, entre otras cosas, porque sirven para detectar y repartir la escasez que sufrimos en tales situaciones.

Dicho de otro modo, el tamaño de la tarta que tenemos puede medirse, valorarse y repartirse porque disponemos de criterios para hacerlo, y los derechos sociales forman parte de tales criterios. Si tenemos una tarta enorme y los derechos nos indican que hemos de dividirla en cuatro pedazos, no hay ningún motivo para cambiar el criterio de reparto cuando disminuye el tamaño de la tarta. La función principal de los derechos sociales es la de asistirnos en condiciones de escasez así que es precisamente en los tiempos de vacas flacas cuando deben fortalecerse y no limitarse. Si los derechos sociales sólo se activaran en contextos de abundancia, ¿a quiénes servirían exactamente?

En fin, el modelo social de Ciudadanos consiste en profundizar en la línea, sin duda errada, del artículo 135, por una parte, rigidificando la doctrina ordoliberal de la Unión Europea e incorporándola al texto constitucional, y, por la otra, convirtiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el santo credo de la Nueva España.

Lamentablemente, Ciudadanos utiliza la retórica progresista de la reforma constitucional en una dirección regresiva de tintes preconstitucionales. No solo no blinda los derechos sociales sino que al someter su protección y garantía a estrictas condiciones económicas, de muy difícil cumplimiento, favorece, en realidad, la externalización y la privatización de servicios y prestaciones, en el falaz convencimiento de que el sector privado acabará por ofrecerlas de manera más efectiva. De hecho, aunque ahora haya desaparecido de su programa electoral, esta línea está en sintonía con las propuestas de copago sanitario que enarbolaba Garicano hace unos meses, y también con la defensa del contrato único y el precariado universal que todavía defiende el partido naranja en clara atención al beneficio empresarial.