Joan Boada

Miembro de la Misión Internacional de Verificación de Derechos Humanos en Colombia y diputado de ICV-EUiA

Acabo de llegar de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Una comitiva de 40 personas de 15 países que nos hemos repartido por ocho regiones de Colombia para establecer la situación de los defensores de los derechos humanos. Visité las regiones de Huila, Tolima y Caquetá. Durante unos días oímos, en Ibagué, las declaraciones y testimonios de hombres y mujeres que sufren acoso, persecución o prisión y que han visto cómo otros murieron por acciones del Ejército, la Policía o los paramilitares por defender su dignidad y sus tierras.

Las conclusiones de la misión, hechas públicas el pasado 2 de diciembre en Bogotá, ponen en tela de juicio la democracia colombiana y su defensa de los derechos humanos. En el informe se constata una intolerable impunidad por parte de los actores institucionales (Ejército, Policía, Fiscalía) ante la conculcación de los derechos de campesinos, afros descendientes e indígenas. Yo mismo escuche por boca de líderes de estas comunidades del Caquetá cómo ante cualquier movimiento en contra de grandes infraestructuras hidráulicas o de la minería incipiente ("locomotora minera") que contamina ríos (fuente de vida) y destruye ricas tierras agrícolas, el Ejército o la Policía los acusa de auxiliares de la guerrilla, estigmatizándoles y llamándoles a la desmovilización. Esos hombres o mujeres, sin ninguna prueba, o por declaraciones fraudulentas y recompensadas de desmovilizados, acaban en la cárcel o asesinados.

El coronel del VI Ejército acantonado en Ibagué declaró en la prensa regional que sólo el 30% de las FARC eran hombres uniformados y con armas, el resto eran "personas normales que viven entre nosotros y que trabajan en ONG o sindicatos". Esta es una manera clara por parte del Ejército de señalar a los hombres y mujeres que luchan en contra de la impunidad y de la pérdida de sus tierras, que se oponen a los desplazamientos forzosos y a la militarización de la sociedad. Si no se someten al Ejército son señalados como colaboradores de la guerrilla. Y de esas declaraciones oí a decenas.

Todo este acoso se agrava con la falta de seguridad que debe dar el Estado a las personas amenazadas y que tienen derecho a una protección. En algunos casos, los propios escoltas han pasado información a los paramilitares o ellos mismos han amenazado a los defensores.

No sólo hablamos con defensores y defensoras, también conversamos con instituciones regionales y nacionales de Colombia (Fiscalía, Ministerios de Defensa e Interior, Procuraduría, Defensoría). Todos llegaban a la conclusión de que la situación de guerra contra la guerrilla hace difícil el control del país. Nos reconocieron que el narcotráfico se extiende entre guerrilla y paramilitares (que a pesar de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que los instaba a la desmovilización, la mayoría de sus grupos están en plena vorágine de violencia como los llamados Rastrojos o Águilas negras). Y entre los miembros del Ejército y la Policía, también. En algunas regiones, la corrupción es un elemento transversal de delincuencia organizada.

La democracia colombiana empieza a estar controlada por el Ejército y por aquellos que creen que la única solución a la guerra contra la guerrilla es la militar. Ni diálogo ni negociación. Así no se acabará con el conflicto, al contrario, se alargará y en este magma se mantendrán y ampliaran los negocios relacionados con el narcotráfico, los recursos mineros y la corrupción. Quizá este sea el objetivo de algunos sectores de la sociedad colombiana.

Por eso recaen muchas dudas sobre la autoría de las muertes de los policías y militares que estaban secuestrados por las FARC. La operación se hizo tres días después de que las Mujeres por la Paz lideradas por la exsenadora Piedad Córdoba recibiera una carta con respuesta positiva de las FARC a la petición de liberar a seis personas. ¿Por qué el Ejército organizó una operación en aquel momento, sin preparación y sabiendo que una de las consignas de las FARC es matar a los secuestrados si el Ejército ataca? ¿Cómo pudo estar tan mal planificada si el territorio de acción estaba cerca de la base aérea de las Tres Esquinas, una de las más importantes de Suramérica? ¿No hubo contacto armado con la guerrilla ya que no les infligieron ninguna baja?

Durante este año, la mayoría liberal y conservadora ha ido tejiendo una estructura legal que no ayuda a superar el conflicto: La "ley de víctimas y restitución de tierras" no garantiza la vida y la seguridad de las víctimas ni la restitución de las tierras. Una lectura en profundidad da la sensación de que se trata a las víctimas como a presuntos estafadores. La reforma constitucional para instaurar el Fuero Militar da la sensación de blindaje de las fuerzas militares ante un posible cese de la impunidad que ahora disfrutan. La "ley de seguridad ciudadana" parece querer controlar cualquier tipo de protesta social.

El presidente Santos, en agosto de 2010, llamó a la paz y a la reconciliación mencionando la protección a los derechos humanos como un "compromiso indeclinable con una convicción profundamente democrática, ética y humana". Tendrá que demostrar esta proclama con hechos y no sólo con palabras. Yo encontré entre los campesinos e indígenas, entre los defensores de derechos humanos, miedo y desconfianza hacia el Estado.