Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

No hay plena consciencia en los mayores círculos políticos y mediáticos del país del gran subdesarrollo y subfinanciación del Estado de Bienestar en España, es decir, de los servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías–, servicios domiciliarios a la población con dependencia, prevención de la pobreza y de la exclusión social, programas de integración del inmigrante y del refugiado (entre muchos otros), así como de las transferencias públicas como las pensiones públicas y las ayudas a las familias, a los ciudadanos que están en el paro (entre otras muchas). Se mire como se mire, se ve que por cada uno de estos servicios y transferencias (que tienen una enorme importancia para determinar la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población –que son las clases populares–) la financiación pública está muy por debajo de la de los otros países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al de España. Un indicador tras otro muestra su gran subfinanciación. El gasto público social (tanto en su totalidad, como por cada capítulo) está por detrás del promedio de tales países, y muy por detrás de lo que debería ser por el nivel de riqueza que tiene España. Mientras que el PIB per cápita de este país ya antes de la crisis era el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, su gasto público social era solo el 74% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta. Y un tanto igual sucede cuando miramos el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios públicos, mucho más bajo también que el promedio de la UE-15. Solo un 9% de la población adulta trabaja en tales servicios públicos, muy por debajo del 14% de la población adulta en el promedio de la UE-15. En realidad, en Suecia es uno de cada cinco. Y aquí en España no llegamos a tener ni uno de cada diez.

¿Por qué este subdesarrollo social?

La respuesta a esta pregunta es bastante fácil de ver, aun cuando raramente la leerá, oirá o verá en los principales medios escritos, orales o televisivos del país. Y no es ni más ni menos que el enorme poder que tienen las clases dominantes en este país. Y puesto que casi nadie habla de clase social (excepto para definir a la mayoría de la población como miembros de la clase media, lo cual no es cierto), permítaseme que subraye lo que es obvio: en España hay clases sociales y la mayoría de la población no es de clase media. Hay lo que se llamaba antes la clase capitalista (hoy se le llama, un tanto erróneamente, el 1%) o la burguesía, que es un grupo muy pequeño (en realidad, menos de un 1%) que controla (mediante la propiedad o la gestión) el mundo de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios del país; la pequeña burguesía, constituida por los propietarios y gestores de las empresas de tamaño menor; la clase media, que se divide en clase media de renta alta (en la que se incluye la clase media profesional, cuyo poder deriva en gran parte de los conocimientos adquiridos en la educación superior, y sectores de la cual –como el sector mediático– juegan un papel clave en la reproducción del sistema de poder y de su escala de valores, produciendo, entre otras actividades, la sabiduría convencional del país, que es aquella que el 1% considera necesaria para el mantenimiento de su poder) y en clase media de renta media y baja, que hoy, junto con sectores incluso de la clase media profesional, tiene unas condiciones de trabajo que se están deteriorando, siguiendo un proceso que se ha venido a llamar la “proletarización de la clase media” que algunos profetizamos hace ya años que ocurriría; y luego hay la clase trabajadora, que constituye la mayoría de la población, y que trabaja en la manufactura, en los servicios, en la agricultura y en los servicios públicos. Es importante señalar que hay más españoles que se definen como miembros de la clase trabajadora que como miembros de la clase media. Por cierto, lo mismo ocurre en la mayoría de países capitalistas desarrollados, incluyendo en EEUU.

¿Qué quiere decir poder de clase?

Poder es una categoría compleja que no siempre es fácil de definir. Pero sus impactos casi siempre se pueden ver y palpar en el diseño de las políticas del Estado que sistemáticamente favorecen a unas clases sociales a costa de otras. Y ahí sí que podemos ver que en España el grupo social que deriva sus elevadas rentas de la propiedad y/o gestión del gran capital (que es lo que se podría llamar el mundo del capital), la pequeña burguesía y la clase media profesional de renta alta (que juntos representan aproximadamente entre un 15 y un 20% de toda la población) tienen una enorme influencia sobre el Estado, lo cual se refleja en la mayoría de las políticas públicas, desde las políticas fiscales hasta las políticas de gasto público (entre muchas otras). Este poder de clase se expresa a través de los instrumentos que cada clase ha establecido históricamente, entre los cuales los partidos políticos han jugado un papel histórico de gran importancia. Históricamente cada clase ha desarrollado su propio partido político para defender y promover sus intereses. Y nunca en la historia de la humanidad la gran patronal, por ejemplo, ha creado un partido socialista o comunista, y nunca la clase trabajadora ha fundado un partido liberal o conservador. Lo que a nivel popular se llaman las derechas (los partidos conservadores, cristianodemócratas o liberales), muy influyentes en el sur de Europa, reflejan los intereses de las distintas clases sociales que componen las clases dominantes (el 1%, la pequeña burguesía y la clase media de renta alta), que representan aproximadamente el 20% de la población que tiene mayores rentas en el país. Para atraer el apoyo del 80% restante, el 20% superior, a través de sus medios de información e instituciones de reproducción de la sabiduría convencional, intenta hacer creer a ese 80% que el bienestar de la mayoría depende del bienestar del 20%, pues se presenta que la riqueza creada arriba se filtrará al resto de la población. La gran mayoría del pensamiento neoliberal dominante de las llamadas “ciencias” económicas reproduce esta manera de pensar.

Los partidos de izquierdas históricamente han defendido los intereses de la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares (como las clases medias proletarizadas). Ello, en algunas partes del mundo, ha dejado de ser así, lo que explica, por ejemplo, la enorme crisis de la socialdemocracia en Europa y del Partido Demócrata (que se autodefinía como el Partido del Pueblo) en EEUU, pues han ido incorporando en su ideología elementos importantes de la ideología del 20%. Y de ahí que la clase trabajadora haya ido cambiando sus alianzas electorales, dejando de apoyarles y apostando hoy por partidos claramente antiestablishment.

Consecuencias del poder de clase: la polarización del Estado del Bienestar

Tal poder de clase aparece en la política fiscal del país, cuando la aportación a las arcas del Estado por parte de no solo el 1% de renta superior, sino también del 20%, es muy inferior a la que debería ser por el nivel de ingresos que tienen, determinando una subfinanciación del Estado del Bienestar. Y es esta pobreza del Estado del Bienestar la que determina la polarización del Estado del Bienestar.

En sanidad, cuya financiación per cápita es muy inferior a la del promedio de la UE-15 (en 2014 el gasto público en sanidad en España fue de 1.534 euros per cápita, por un promedio de 2.400 euros en la UE-15), nos encontramos con una polarización por clase social en la que el 20% de la población va a la sanidad privada y aproximadamente el 80% a la sanidad pública (naturalmente que no toda la población que utiliza a la sanidad privada son miembros de las clases dominantes, pero la mayoría de estas clases van a la sanidad privada; este porcentaje es mayor en Catalunya y en Madrid). Esta división es enormemente ineficiente e ineficaz. La sanidad privada, por regla general, es mejor que la pública en servicios esenciales para el usuario como que, en caso de hospitalización, el paciente tenga una cama por habitación, un trato muy personalizado, con escaso tiempo de espera, y en un entorno y tiempo de visita más largo. En cambio, la sanidad pública tiene unos profesionales más cualificados y una infraestructura técnica y de laboratorios mucho mejor que la privada. De manera que si usted, lector, cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la sanidad pública.

La dicotomía sanidad pública versus sanidad privada

Esta situación que acabo de describir pasa constantemente. Si usted va en Barcelona a la Teknon, clínica privada por excelencia, si la condición del paciente se complica y requiere de una infraestructura más avanzada, este será referido al Clínic o a otro gran hospital público. Hay casi un consenso entre los expertos que la calidad científica y de la atención sanitaria es mejor en la pública que en la privada. En realidad, es más que preocupante lo que está ocurriendo en amplios sectores de la sanidad privada, que están escasamente regulados por las autoridades públicas. Y esta baja calidad de la atención privada se acentúa todavía más cuando la sanidad privada es propiedad de compañías con afán de lucro. La evidencia de lo que digo es abrumadora; la sanidad estadounidense (donde gran parte de las instituciones sanitarias están gestionadas por empresas privadas con afán de lucro) ha mostrado que el afán de lucro y la calidad de la atención sanitaria tienen una relación inversa. La privatización de la sanidad en aquel país ha conducido a un sistema enormemente costoso, sumamente ineficiente y muy impopular. Vea los datos y lo comprobará (“El desastre del modelo liberal en sanidad: el caso de EEUU”, Público, 22.12.16).

Lo que se necesita, pues, es fácil de ver: España necesita un sistema público que ofrezca la atención personalizada al paciente de la privada, y la calidad de la pública, pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual. Pero el 20% prefiere tener su servicio privado, en parte porque no es plenamente consciente del problema de baja calidad que tiene.

Otra consecuencia del poder de clase: la polarización del sistema educativo por clase social

La misma polarización que he detallado en la sanidad ocurre en la educación. Como promedio, el 20% de renta superior envía a sus hijos e hijas a la escuela privada, y el 80% restante a la pública (de nuevo, ello no implica que todos los usuarios de la escuela privada sean hijos de las clases dominantes, pero sí que estos últimos van, en su gran mayoría, a la escuela privada). Se crean así dos tipos de escuelas, claramente diferenciadas por la composición por clase social de su estudiantado. Las escuelas privadas tienen estudiantes que, en general, proceden de familias con rentas superiores, y las escuelas públicas de familias de clases populares.

La escuela privada tiene unos recursos por estudiante mayores que los asignados a escuelas públicas, pues las primeras tienen, además de recursos privados procedentes de los padres, subsidios públicos, conocidos como conciertos, que representan una cantidad más que respetable sin la que las privadas no subsistirían. Muchas pertenecen o están gestionadas por la Iglesia católica, que históricamente educó siempre a las clases dominantes del país, en su intento de configurar e influenciar a las estructuras del poder económico, financiero y político del país. Ni que decir tiene que esta dicotomía y polarización por clase social descohesiona el país, creando ciudadanos de 1ª y de 2ª. Vea usted a dónde envían a sus hijos e hijas los dirigentes de las grandes empresas del país (grupo importante de las clases dominantes) y lo verá. En realidad, las personas educadas en la privada están sobrerrepresentadas (en porcentajes mayores al 20%) en los círculos de poder del país.

Las enormes ineficiencias creadas por la desigualdad social

Esta dicotomía en el sistema educativo en el país, como también ocurre con el sistema sanitario, no es ni eficiente ni eficaz. La escuela privada tiene como función reproducir una estructura de clases que es altamente ineficiente. Esta división y descohesión social en el sistema educativo alcanza niveles extremos en las escuelas vinculadas al Opus Dei en Catalunya (que reciben 30 millones de subsidios públicos de la Generalitat de Catalunya) en las que, además de discriminación de clase, hay una discriminación de género muy marcada, de manera que las niñas tienen que tomar clases separadas de los niños.

Esta descohesión social que refleja el gran poder de clase de las clases dominantes, repito, es enormemente negativa, pues descohesiona a la ciudadanía desde la infancia, con resultados negativos a muchísimos niveles, incluida la educación universitaria. La división del estudiantado por clase social lo somete a una falta de diversidad que determina menos estímulos y riqueza intelectual. Existe bastante acuerdo de que una de las mejores escuelas públicas en Europa es la finlandesa, en la que el hijo o hija del banquero probablemente irá a la misma escuela que el hijo o hija del empleado de la banca, una situación impensable en España. Y en general, los resultados académicos de los estudiantes de las escuelas finlandesas son superiores a las de los estudiantes de las escuelas españolas. Otro ejemplo de las consecuencias de la pobreza intelectual creada por la falta de diversidad social se vio en EEUU cuando durante la época del Presidente Reagan se redujeron las ayudas y becas para que los hijos e hijas de las familias trabajadoras pudieran ir a las universidades. Como consecuencia de ello, la uniformidad social del estudiantado se acentuó y con ello la calidad de la educación. En contra de lo que asume el pensamiento liberal dominante en España, no hay un conflicto entre equidad y eficiencia. Es precisamente al revés. Tanto en sanidad como en educación la polarización social, profundamente injusta, es sumamente ineficiente, dañando incluso a las rentas superiores que apoyan tal polarización.

Como hemos visto, la polarización tanto de la sanidad como de la educación por clase social no es ni eficiente ni eficaz para la sociedad. En sanidad hemos visto que incluso las clases más pudientes tienen una sanidad privada claramente mejorable, faltándole la calidad profesional y riqueza técnica que tiene la pública. Y lo mismo ocurre con la polarización por clase social del sistema educativo, que daña a todas las clases sociales, incluyendo a las clases más pudientes. Todo ello muestra que, en contra de lo que dicen los políticos y los economistas neoliberales (que dominan los espacios mediáticos), no hay conflicto entre equidad y eficiencia económica. En realidad, la primera es condición para que se desarrolle la segunda. Así de claro.

(Este artículo es parte de un capítulo más extenso, del cual publicaré la 2ª parte en un próximo artículo, mostrando cómo el poder de género también configura el Estado del Bienestar español).