GONZALO BOYE

Uno de los elementos esenciales para la subsistencia del Estado de derecho es la separación de poderes y la no subordinación del sistema judicial a los poderes legislativo y ejecutivo; básicamente, el mantenimiento de su independencia. Para ello, resulta esencial que la política se mantenga alejada de los tribunales o, dicho de mejor manera, que los políticos no intenten la utilización espuria de los órganos judiciales para la obtención de lo que ellos pueden interpretar como “ventaja política”, cuando lo único que consiguen es la degradación sistemática de las instituciones, desvirtuando el derecho en detrimento incluso de las garantías de los justiciables.

No han sido pocas las ocasiones en que confluyen intereses políticos y mediáticos que entran, como elefante en cacharrería, en procesos penales que se sobredimensionan o se distorsionan, según sea el interés, afectando de modo brutal a la propia concepción que el ciudadano debe tener de la justicia; el concubinato entre derecha política y mediática viene arrastrándose desde largo con mayores o menores resultados pero siempre con un único objetivo: alcanzar el poder político a cualquier precio.

Largos años hemos vivido de un constante cuestionamiento del Estado de derecho a costa del sufrimiento de las víctimas del 11-M, del honor de los funcionarios policiales, de los fiscales, de los jueces y, sobre todo, de la credibilidad del conjunto de estas instituciones. Ahora toca el turno del denominado caso Faisán. No importa lo que haya sucedido. No es relevante la calificación jurídica. Lo relevante es atacar al partido en el Gobierno mediante intentos de manipulación a las instituciones encargadas de investigar estos hechos.

Cuando los intereses no pasan por el descubrimiento de la verdad, el esclarecimiento de las responsabilidades y la imposición de las adecuadas penas –en caso de ser de aplicación–, se llega a situaciones tan aberrantes como las que se están viendo en torno a una causa penal que, en sus justos términos, no va más allá de un presunto delito de revelación de secretos; pero eso no interesa, porque desperfilaría una línea de ataque que, arrastrando al ex director general de la Policía Victoriano García Hidalgo y pisoteándole sus derechos, pretende descolocar al Gobierno y ajusticiar políticamente a destacadas personalidades del mismo que pueden o pretenden jugar un papel en las próximas elecciones generales.

En ese proceso político, se pretende hacer una utilización inadmisible de la justicia, algo a lo que algunos se prestarán y otros no. Lo importante es denunciarlo y hacerlo desde dos premisas concretas: los hechos objeto de investigación judicial y su calificación jurídica. Se trata de hechos concretos, con mayor o menor grado de aceptación, y los mismos tendrían un encaje jurídico que dista mucho de ser aquel que se pretende dar desde algunos medios de comunicación y algún partido político con vocación de Gobierno pero con nulo aprecio por las instituciones, el Estado de derecho y los principios constitucionales.

Para no caer en el juego de esas intencionalidades políticas, debemos primero analizar los hechos, sobre los que no discreparían ni acusación ni defensa, y consistirían en que personal perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado filtraron la existencia de un operativo policial con vistas a que no se produjera la detención de Cau Aldanur, con la finalidad específica de que no se “fastidiara” el proceso negociador. O, en palabras del filtrador, que no se montara un “zipizape”. No hay más hechos que estos.

Estos hechos, desprovistos de cualquier otro aderezo sólo concebible desde la intencionalidad política, no pueden ni deben ser encajados en el delito de colaboración con banda armada u organización terrorista. Les falta un elemento sin el cual esa conducta tiene un encaje jurídico muy distinto: el elemento subjetivo del delito de colaboración con grupo terrorista, que no es otro que una adhesión ideológica de mayor o menor intensidad con el grupo al que se pretende ayudar. En este caso no sólo no existe, sino que afirmarlo no es más que un dislate políticamente interesado, impropio de un debate jurídico.

La fiscalía de la Audiencia Nacional tiene razón cuando apoya esta postura y, además, cuando lo hace desde la perspectiva de un irrestricto respeto a la legalidad. Esa es su función, y en este caso se ha basado en un amplio elenco jurisprudencial según el cual, para hallarnos ante un delito de colaboración con organización terrorista, hay que partir “de una cierta adhesión ideológica…” (véanse, entre otras, las sentencias de 28-6-2001, 17-6-2002, 1-10-2002, 29-5-2003, 15-7-2004 y 6-5-2007). Es decir, para poder continuar imputándole a García Hidalgo un delito de colaboración con organización terrorista habría que haber acreditado, previamente, su adhesión ideológica a ETA, lo que es imposible, como cualquiera puede comprobar con sólo consultar la trayectoria de García Hidalgo en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, no estaríamos más que ante un presunto delito de revelación de secreto, que conlleva pena muy inferior y, además, no entra en la competencia de la Audiencial.

No se debe confundir el ajuste de cuentas políticas, en su sede y momento oportuno, con la exacción de responsabilidades penales. El caso Faisán es un asunto judicial, y ahí sólo se pueden reclamar responsabilidades penales por lo que se haya hecho con esa relevancia y que, a todas luces, no es más que una revelación de secreto. Otras culpas podrán ser buscadas en otros ámbitos, pero, jurídicamente hablando, este faisán no es más que un pollo desnutrido.

Gonzalo Boye es abogado