“Esta es una crisis global que no respeta fronteras.

Así que nosotras también debemos intercambiar estrategias”

A día de hoy, más de 200 países y territorios están afectados por COVID-19 y la OMS estima que a lo largo de esta semana se alcanzará la cifra de un millón de personas infectadas. Si bien los datos muestran la dimensión mundial de esta pandemia, se solapan a otras afecciones mortales con las que convivimos; resulta fácil identificar algunos brotes epidémicos recurrentes, ébola, influenza, sarampión, etc. Todavía cuesta señalar al virus letal de la indiferencia ante la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil o la falta de acceso sanitario en diferentes regiones del mundo, en parte debido al mensaje recurrente de que la pandemia actual no distingue clases sociales. Sin embargo, la epidemia se ceba en la desigualdad existente y a medida que la desigualdad avanza, empeoran las condiciones de prevención sanitaria con el efecto de mayor riesgo de propagación del virus.

Esta pandemia nos confronta al sinsentido de la globalización neoliberal y pone todo patas arriba. ¿Será este el fin de la ortodoxia neoliberal? Razones para ello no faltan.

El covid-19 está mostrando que el modelo de negocio de la economía ortodoxa es un atentado directo a las condiciones de una vida vivible; su mayor evidencia es el efecto sobre la salud pública y la (des)protección social. La drástica reducción de la capacidad del sistema sanitario como consecuencia de la gestión austericida de la pasada década explica que nuestro sistema público sanitario se encuentre al borde del colapso ante la actual emergencia. La devaluación salarial y la precariedad de las condiciones de vida que se ha ido cronificando en los últimos años muestran la emergencia social y la necesidad de que el plan de choque económico y social permita rescatar a la gente, también a quienes ya están en los márgenes; la economía informal o sumergida, superior al 20% del PIB, se mueve fuera de los circuitos oficiales de los mercados de trabajos con una fuerte incidencia en la construcción, recogida de materiales para reciclaje, servicios de restauración, servicios de limpieza, empleo del hogar, servicio de cuidado a domicilio, etc. A este respecto, es entendible que desde instituciones como la OMS se insista en que “los países necesitan datos segregados para comprender quién se queda atrás y por qué”; en esa misma línea ONU Mujeres y otras instituciones especializadas en los derechos de las mujeres alertan de la necesidad de asegurar tanto la disponibilidad de datos desagregados por sexo como el análisis de género de los mismos, incluyendo las tasas diferenciadas de infección, impactos económicos, reparto de los cuidados, remunerados y no remunerados, e incidencia de violencia de género durante el confinamiento. Es más que evidente la necesidad de actuar de una manera coordinada en tres horizontes: el inmediato de la emergencia sanitaria, el de la urgencia social por la subsistencia y el de salida o futuro próximo. Y para gestionar la excepcionalidad que estamos viviendo la respuesta de la ortodoxia económica ya no nos sirve; de ahí el sinsentido de la falta de respuesta de la UE, su resistencia a hacer todo lo necesario y la profunda decepción por su manifiesta incapacidad de entender la excepcionalidad que estamos viviendo.

El reto que nos plantea esta pandemia es hacia dónde dirigir la respuesta, qué sociedad vamos a conformar, qué sentido daremos a la justicia redistributiva y cómo vamos a atender a la sostenibilidad de la vida, asumiendo que el cambio climático provocará otras versiones de crisis humanitarias, sociales y económicas. La reacción social indica que ya sin demora habrá que priorizar la conformación de un sistema publico robusto de provisión de bienestar individual y social y a nadie se le escapa que se avecina una profunda reestructuración del sistema productivo. Habrá que ir pensando en un pacto social para redistribuir la factura colectiva de los planes de acción que se requieren para atender lo más inmediato, lo urgente y lo deseable.

Que el foco mediático sea el drama humanitario de esta pandemia no hace que desaparezca la crisis económica larvada desde hace tiempo por la ideología económica predominante, ocupada en priorizar los intereses individuales de una parte minoritaria de la población, para quien se establece un tratamiento preferencial y una serie de prebendas y privilegios fiscales, como las exenciones para grandes capitales (como la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio en Madrid) o la menor contribución fiscal que realizan los denominados grandes patrimonios. Es el momento de dar sentido al principio de corresponsabilidad fiscal. ¿Exigimos ya que la riqueza de los grandes patrimonios y lo que se esconde en paraísos fiscales contribuyan a pagar la respuesta a la crisis por el covid-19?

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, grandes empresas y fortunas están ocultando en guaridas-refugios fiscales al menos 7 billones de dólares (paraísos fiscales para el capitalismo financiero); se calcula que unos 140.000 millones proceden de fortunas españolas. Entre 40.000 y 70.000 millones es la minuta que dejan de ingresar cada año las grandes empresas y bancos en España. ¿Se imaginan que cumplieran con sus obligaciones tributarias? Sería un refuerzo importante para financiar parte de los planes de choque necesarios derivados de la crisis del coronavirus. ¿No sería esto más garantista y democrático que seguir parcheando con publirreportajes y lavados de imagen las limosnas que algunas empresas ofrecen en forma de donación (fiscalmente deducible)?

Es momento ya de que los titulares de grandes patrimonios paguen los impuestos que les corresponden; se llama justicia fiscal y ha de impregnar la orientación de las nuevas políticas, porque a esto también nos confronta el COVID-19, a impulsar procesos de transformación hacia una economía basada en la protección de la vida, la equidad y la corresponsabilidad.

Este artículo se enmarca en la acción colectiva de la Plataforma por la Justicia Fiscal, con motivo del Día de Acción Global contra los refugios fiscales.