Crear riqueza no basta, hay que repartirla

Fue en 2015 cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid echó el cierre al Consejo Económico y Social (CES) por ser para el PP un testigo incómodo de sus políticas de austericidio. Desde entonces, no contamos con un organismo público que ofrezca datos sobre la evolución de la situación social, laboral y económica en la región. Ante tal panorama, CCOO de Madrid se encargó de elaborar con medios propios un Informe Socioeconómico que reflejara el devenir de la realidad regional en el último decenio (2008-2018). Dicho informe, ha sido presentado y hecho público recientemente a las puertas de unas elecciones que se nos antojan esenciales. A la vista de lo estudiado, no estamos ante las secuelas de unos ajustes que se explican por la crisis, sino que topamos con un modelo de corte neocón que provoca enormes desigualdades, en muchos casos sin parangón en el resto del país. La comunidad más rica de España ha sido empleada por los ultraliberales como laboratorio de sus políticas.

Las medidas neoliberales aplicadas por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid (basadas en la desregulación y omisión de acción en la economía y en la mercantilización de los servicios públicos) han sido devastadoras para la clase trabajadora y el conjunto de la ciudadanía. Pero no sólo durante la crisis. Los efectos de un modelo de crecimiento improductivo y especulativo basado en la construcción no han podido ser más nocivos. Durante los últimos 20 años se transformó el 48% del suelo industrial de la región en suelo residencial, favoreciendo el boom de la construcción. A partir de 2008, de manera fulgurante como consecuencia de la crisis, se perdieron 150.000 puestos de trabajo en ese sector y otros 58.500 en la industria.

Tras la recuperación, el crecimiento se asienta ahora sobre los servicios, que representan ya el 86,5% del PIB regional. El empleo crece de la mano de este sector económico. ¿Cuál es el problema? Que es empleo de baja calidad: ocho de cada diez son temporales (82%); siete de cada diez son contratos parciales (72%), y el 61,8% de las horas extras no se pagan. A ello se suma el fenómeno de los falsos autónomos, que se extiende con la nueva y desregulada economía digital. Esta mayor precariedad conlleva más siniestralidad laboral: en 2018 se produjeron 93.667 accidentes, 72 de ellos mortales.

Hay casi 200.000 personas desempleadas más que hace una década y con menos cobertura de protección. En 2008, al menos siete de cada diez personas en paro (71,5%) contaban con prestación económica. En 2018 apenas alcanza a la mitad (50,8%).

Las mujeres trabajadoras de la Comunidad de Madrid mantienen elevados índices de paro y sus tipos de contrato siguen empeorando. Tienen peor acceso al empleo y peores índices de permanencia, niveles de paro más elevado y jornadas parciales que triplican las de los hombres. La brecha salarial continúa: las madrileñas cobran una media de 5.844 euros menos que los hombres. Para igualar su salario deberían cobrar un 25% más.

Un patrón común

Durante la crisis (2008-2014), el austericidio en la región tuvo un patrón común: recortar el gasto en personal e inversiones públicas, lo que supuso una contracción de casi 1.000 millones de euros y la pérdida de 15.000 puestos de trabajo públicos. En inversiones y mantenimiento se perdieron otros 880 millones. Recortar en ambos capítulos en nombre de la austeridad fue una decisión fácil de tomar y sencilla de aplicar, pero con costes enormes a medio y largo plazo. Las consecuencias inmediatas fueron de manual: primero se provocó el deterioro de los servicios públicos, condición justificativa para la privatización. Hemos asistido a una aceleración de transferencias de servicios públicos al sector privado en la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre otros. Se utiliza el dinero público para hacer crecer el volumen de negocio del sector privado, obligando a la ciudadanía a comprar en el mercado privado servicios esenciales. Todo con el agravante de que a día de hoy ya disponemos de suficiente información sobre las tramas de corrupción del PP –Lezo, Púnica y Gürtel– que se escondían tras estas políticas privatizadoras neoliberales. El ajuste del gasto público vino acompañado de un exponencial crecimiento de la deuda y sus intereses. Más de 5.000 millones se pagaron en 2014, pasando el importe total de la deuda en una década de apenas 8.000 millones a más de 33.000 millones al finalizar 2018.

La necesidad de financiación a través de la emisión de deuda en la Comunidad ha sido causada por una política de ingresos y fiscal iniciada en 2003 y caracterizada por el impulso de descarados regalos fiscales a una minoría de contribuyentes. Según datos de la propia Consejería de Economía y Hacienda, estas rebajas fiscales en los últimos 15 años han supuesto dejar de ingresar 37.000 millones de euros. Un modelo fiscal indecente que ha beneficiado apenas al 6% de los más de tres millones de contribuyentes madrileños. En 2016 la eliminación del Impuesto de Patrimonio significó dejar de ingresar 815 millones de euros, siendo los beneficiados 16.223 madrileños (0,6% del total), con un patrimonio medio declarado de 9,1 millones. El PP les regaló a cada uno 50.232 € anuales de media.

La riqueza aumenta, pero no se distribuye equitativamente sino que se concentra en una minoría, aquellos con mayores rentas y patrimonios, mientras que a la gran mayoría no le llega la recuperación. Según datos del INE, entre 2010 y 2017 las rentas del trabajo han perdido en el PIB más de 30.000 millones de euros, mientras los beneficios de las rentas del capital se han incrementado en más de 15.000 millones.

Pobreza severa

En el caso de Madrid, pese a que el PIB regional ha crecido un 13,86% respecto a 2008, la ciudadanía es cada vez más vulnerable. El 60% de los hogares madrileños tiene dificultades importantes para llegar a fin de mes y la tasa de pobreza alcanza al 20,6% de la población. El dato resulta escalofriante: 350.000 personas sufren de pobreza severa (270.000 son niños y niñas menores de 16 años). Para CCOO la firma del sexto Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC 2018-2020) tiene que servir para caminar hacia el reparto directo y real de una parte de la riqueza generada, consolidando la recuperación de los salarios y facilitando que ganen poder adquisitivo, especialmente los más bajos. El establecimiento de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros en 14 pagas beneficiaría directamente a 262.900 trabajadoras y trabajadores madrileños.

Pero la negociación colectiva redistribuye sólo una parte de la riqueza generada. El montante final, que asegura una sociedad cohesionada, próspera y en paz, se obtiene mediante el fortalecimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (salud, educación y dependencia, esencialmente). En Madrid, la implantación de un modelo que impide que la riqueza se reparta ha debilitado estos servicios.

Hasta aquí el resumen fáctico de un modelo que con particularidades de extrema desigualdad no es exclusivo de la Comunidad de Madrid. El multimillonario norteamericano Warren Buffet admitía años atrás que “hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos”. Quizá sea nuestra firme reivindicación de exigir el reparto de la riqueza, a cuya creación contribuimos decisivamente desde el mundo del trabajo, lo que explique el regreso de la amenaza del garrote (léase VOX). Todos tenemos un instrumento poderosísimo para hacerles frente: tiene forma de urna y la cita, ineludible, es el 26 de mayo.