Teresa Ribera

Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011

Ilustración de Dani Sanchis

En junio, la Cumbre de Río debe responder adecuadamente a la realidad económica del siglo XXI, en la que la escasez de recursos y las dificultades para garantizar un acceso equitativo a ellos se acrecientan a velocidad de vértigo. Por ello, la cita está orientada a fijar las herramientas para la erradicación de la pobreza en el contexto de una economía verde, el acceso a una energía sostenible para todos y la construcción de modelos de gobernanza más sensatos y eficaces en los que los pilares ambiental y social no queden relegados por un mal entendido pilar económico cortoplacista.

La valoración colectiva tras años intensos de experiencia y trabajo es que sólo así garantizamos el futuro que queremos, generamos empleo y aseguramos patrones económicos y de prosperidad equitativos y sostenibles. Esta es también la contundente conclusión a la que llegaron los integrantes del Panel de Alto Nivel a quien el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó asesoramiento y cuyo informe los presidentes del Panel, primeros ministros de Suráfrica y Finlandia, le hicieron llegar a finales del mes de enero.

Se trata de una agenda atractiva y compleja para la que España tiene la capacidad técnica, el respaldo social interno, la clara necesidad económica y, aparentemente, la suficiente convicción política. España no es cualquier actor en este ámbito dado que uno de los sujetos clave en la elaboración de propuestas y su posterior gestión es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo Consejo de Gobierno presidimos desde el 20 de febrero de 2011.

Siempre es un honor que nos reconozcan capacidad y mérito para liderar un buen proyecto, por complejo que sea. Pero asumir un honor es, sobre todo, asumir públicamente una gran responsabilidad: la de trabajar intensa y coherentemente para el éxito de la tarea. El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido expresamente mantener el compromiso internacional en este campo y ha recibido la total confianza del resto de países, que el pasado lunes respaldaron por unanimidad al nuevo candidato español a la presidencia del PNUMA. Es una excelente noticia que requerirá que en los próximos meses el Gobierno mantenga el impulso dentro y fuera de sus fronteras de una agenda coherente con el diagnóstico y objetivos señalados para Río.

En España, integrar adecuadamente el capital natural en las decisiones económicas es una necesidad más acuciante todavía que en otros países. Consolidar esta senda de transformación fortalece nuestra economía, reduce el déficit comercial y genera empleo. No obstante, también requiere afrontar con decisión la defensa del uso respetuoso y eficiente de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad frente a variadas agresiones, incluidas las especies invasoras. Este es un capítulo especialmente sensible para actividades como el turismo, en el que una gestión responsable y la oferta de un entorno natural cuidado son la única garantía de mantenimiento del éxito del sector a medio plazo. Son aspectos que aparecen reflejados con claridad incluso en las encuestas de valoración y preferencias de touroperadores británicos o alemanes. Masificar o desproteger el litoral, gestionar de forma ineficiente o irresponsable el agua, desconocer las amenazas a animales y plantas autóctonos, la destrucción del paisaje o el uso inadecuado de los entornos genera inmensas pérdidas de valor de difícil o imposible reparación en beneficio de muy pocos.

Algo parecido ocurre en el ámbito industrial. Nuestra competitividad no está ni en costes laborales menores a los de las economías emergentes ni en el acceso a materias primas a precios irrisorios. La mejor política industrial es la que impulsa la innovación y una producción eficiente, que aprovecha al máximo las materias secundarias

–procedentes del reciclado, la reutilización o la recuperación– y minimiza el consumo de otros recursos como el agua o la energía. Por ello, España debe mantener y reforzar su compromiso con la innovación y con una adecuada transición a una economía eficiente y baja en carbono generando las señales necesarias en políticas como las de cambio climático y energía. No se trata de consolidar el statu quo ni proteger irreflexivamente lo que existe, sino de favorecer una llevadera y cuidadosa transformación que nos conduzca a un uso inteligente de la energía, 100% renovable y a precios asequibles y estables.

Hay otros muchos ámbitos relevantes a nivel nacional a los que podría aludir, como la fortaleza de las instituciones ambientales –incluida la conversión del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente en una verdadera Organización de Naciones Unidas de Medio Ambiente–, la calidad del aire de nuestras ciudades o el rigor de herramientas que, como la evaluación de impacto ambiental o la información y prospectiva de emisiones, inmisiones o stocks de bienes ambientales, ayudan a hacer bien las cuentas, a tomar las decisiones correctas y a mostrar indicadores de prosperidad más allá del PIB.

España debe actuar dentro y fuera como un país comprometido ambientalmente y consciente de la trascendencia económica y geopolítica que ello implica. Nuestra credibilidad requiere mantener una posición coherente y comprometida de liderazgo. No son propuestas extremas ni demandas irreales. Son objetivos y orientaciones con claro sentido económico y social y unos cimientos fuertes para reconstruir una economía desequilibrada que exige crecimiento y generación de empleo que perdure en el tiempo y garantice una prosperidad incluyente. La presidencia del PNUMA es un primer paso, pero ni la palabra ni los gestos son suficientes. Ahora llega la hora de actuar y conviene estar a la altura.