Ignacio Álvarez-Ossorio

A finales de 2008, Israel lanzó la operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza. Los resultados son del todo conocidos. El ataque dejó tras de sí un reguero de destrucción, cebándose no sólo con los objetivos militares (campos de entrenamiento, fábricas y almacenes de misiles), sino también civiles (universidades, ministerios, comisarías, mezquitas, escuelas, hospitales, museos, granjas y fábricas de cemento e, incluso, de helados y refrescos). La población civil fue la principal afectada, ya que no pudo huir o refugiarse en lugar seguro debido a que la franja está herméticamente cerrada desde la toma de poder de Hamás en junio de 2007. En los 22 días de esta asimétrica guerra murieron 13 israelíes (10 militares –cuatro de ellos por “fuego amigo”– y tres civiles) y unos 1.400 palestinos (el 80% civiles que no tomaban parte en las combates), incluidos más de 300 niños. Unas 4.000 viviendas fueron totalmente destruidas y otras 14.000 sufrieron daños de diferente consideración. Igualmente, 57 instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) resultaron dañadas, incluida su sede central, donde fue destruido su principal almacén de víveres y medicamentos.

Según un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “el 40% de las familias tuvieron que desplazarse durante las operaciones militares. Aproximadamente el 70% abandonó sus hogares debido a combates en sus propios barrios, un 15% los dejó porque fueron conminados a ello y un 13% porque sus casas sufrieron un daño grave o resultaron destruidas”. Otro informe de UNICEF indicaba que un total de 840.000 niños, prácticamente la totalidad de los residentes en Gaza, se encontraban en condiciones de estrés y trauma extremos debido a los ataques, que “tienen un devastador efecto sobre los niños y su capacidad para acceder a servicios sanitarios de calidad”. Las fuerzas israelíes bombardearon zonas pobladas con armamentos que provocan una gran mortandad. El fósforo blanco causa quemaduras graves al entrar en contacto con la piel, mientras que las bombas de racimo esparcen decenas de pequeñas bombas que no explotan, por lo que representan una amenaza similar a la de las minas antipersonales. Ante tales acontecimientos, Richard Falk, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, advirtió que las Convenciones de Ginebra obligaban a las fuerzas israelíes a distinguir entre objetivos militares y civiles y, “de no ser posible, entonces dichos ataques son ilegales y constituirían un crimen de guerra de gran envergadura según el Derecho internacional”.

Tras la ofensiva, Israel abrió una investigación militar que se cerró el 22 de abril librando de toda responsabilidad a las Fuerzas de Defensa Israelíes al señalar que “no se ha encontrado ni un solo incidente en el cual un soldado israelí disparara intencionadamente a un civil palestino”. Dicho informe fue duramente criticado por las organizaciones humanitarias internacionales. Human Rights Watch señaló que la investigación “carecía de credibilidad y confirma la necesidad de una investigación internacional imparcial sobre las violaciones de las leyes de guerra perpetradas tanto por Israel como por Hamás”. Joe Stork, su responsable para Oriente Medio y el Norte de África, manifestó que “las conclusiones intentan encubrir las violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas israelíes en Gaza. Solamente una investigación imparcial servirá de reparación por los civiles que fueron asesinados ilegalmente”.

Recientemente, la organización israelí Rompiendo el Silencio –que denuncia las arbitrariedades cometidas por el Ejército– hizo públicos varios testimonios de participantes en la ofensiva. Uno de ellos señaló: “Nos dijeron que debíamos arrasar la mayor parte posible de nuestra zona”, otro fue, incluso, más explícito: “No había normas para el combate: la única era disparar. Ante cualquier obstáculo, ante cualquier problema, abríamos fuego y no hacíamos preguntas. Si hay un vehículo en el camino se aplasta; si hay un edificio se bombardea”. También un reciente informe de Amnistía Internacional estimó que Israel y Hamás habrían perpetrado crímenes de guerra y de lesa humanidad, según los define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que no es firmante el Estado israelí. La organización consideró que “dadas las denuncias de delitos contra el Derecho internacional cometidos por miembros de las fuerzas armadas israelíes y de Hamás, es preciso establecer una misión de investigación independiente para llevar a cabo con prontitud un examen exhaustivo, imparcial e independiente de tales denuncias”. La organización recordó también que “todos los Estados tienen la obligación de iniciar investigaciones y, si hay indicios admisibles suficientes, enjuiciamientos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Asimismo manifestó que “los presuntos autores de delitos de Derecho internacional deben ser procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos si hay indicios admisibles suficientes”.

Ante estas sospechas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció la apertura de una investigación internacional –la Comisión Goldstone– sobre los ataques contra la población civil, iniciativa que no contó con el respaldo de Estados Unidos ni tampoco de la Unión Europea, reacios a que la campaña militar de su aliado fuera investigada con luz y taquígrafos. Como era de prever, también Israel la boicoteó, impidiendo que entrasen en su territorio miembros de la citada comisión o que interrogasen a sus responsables militares. Dado que no parece factible que las violaciones del Derecho internacional cometidas durante la operación Plomo Fundido vayan a ser investigadas por los jueces israelíes, la única posibilidad de que se esclarezcan las pertinentes responsabilidades es que se recurra a la jurisdicción universal. No sólo las Naciones Unidas, como víctima de los ataques que causaron la muerte a 18 de sus trabajadores, tienen la obligación de abrir una investigación, sino también los países firmantes de las Convenciones de Ginebra deben investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad para evitar que sus responsables queden impunes.

Ignacio Álvarez-Ossorio es Profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante

Ilustración de Mandrake