SANDRA EZQUERRA

No han faltado en los dos últimos años artículos de prensa ni análisis sociológicos afirmando que la crisis económica ha golpeado con especial dureza a los hombres e incluso que las mujeres han salido fortalecidas de ella. Un informe de la Fundació Surt publicado en 2009 advertía ya entonces, ante el discurso de la crisis en masculino, sobre el riesgo de que este derivara en el espejismo de la superfluidad de las políticas de género. No iban muy desencaminadas sus autoras.

Si bien cabe reconocer que la misma naturaleza de la economía española provocó una masculinización de la destrucción de empleo en 2008, la recesión acabó llegando también al feminizado sector servicios. Por otro lado, las mujeres se han enfrentado desde los inicios de la crisis a una agudización de sus ya desfavorables condiciones laborales, de sus malabarismos para rozar la mal llamada conciliación y de la violencia de género. En la actualidad, las mujeres suman únicamente el 43% de la población activa y el 42% de la ocupada. Casi un 79% de los contratos a tiempo parcial pertenecen a mujeres, estas acceden a menos del 43% de los contratos indefinidos y su salario medio suma un mero 75% del de los hombres. Además, las mujeres tienen una mayor presencia en la economía informal, con la ausencia de derechos laborales y sociales –incluyendo los de jubilación– que ello comporta. Todas estas desigualdades y discriminaciones son resultado de la pervivencia de la identificación social de las mujeres con las tareas domésticas y del cuidado, lo cual impide que se puedan incorporar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.

A pesar de que estas cifras ayudan a entender la realidad desde la que las mujeres tienen que enfrentarse a la crisis, esta última parece haber marcado la finalización del maratón legislativo supuestamente feminista iniciada en el año 2004 por el Gobierno de Zapatero. Todas aquellas buenas intenciones se alejan a la misma velocidad que los tiempos de bonanza y, de hecho, las medidas anticrisis de los dos últimos años, fruto de ignorar las consecuencias de género de la actual situación económica, no han hecho más que contribuir a agravarlas.

En un inicio, las políticas centradas en el fomento del empleo se dirigieron exclusivamente a un sector construcción que apenas ocupa a un 8% de mujeres y no introdujeron requisito alguno de contratación femenina para la concesión de financiación. Poco más de un año después, la crisis fiscal desembocó en una carrera esquizofrénica por la austeridad, que tuvo como principal resultado el famoso tijeretazo. Más allá de la supresión del cheque bebé y de la retroactividad de las ayudas a la Dependencia, los recortes sociales están teniendo un gran impacto en las mujeres al estar estas concentradas en sectores públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Como consecuencia, las mujeres son las principales víctimas de la eliminación de empleos y la reducción de salarios. También acusan con más fuerza los recortes en ayudas sociales y, ante la desaparición de estos, son ellas las que, mediante su trabajo invisible y altruista de cuidado, los acaban sustituyendo.

Más allá de sus efectos desastrosos sobre el conjunto de la clase trabajadora, la reforma laboral suprime la bonificación a la contratación de mujeres y, en cambio, no elimina los incentivos a la contratación parcial, la cual ha sido el principal motor de dualización por género del mercado laboral. Además, la reforma no incluye a las empleadas del hogar en el Estatuto de los Trabajadores, perpetuando así la discriminación de una actividad laboral históricamente femenina y en la actualidad llevada a cabo mayoritariamente por mujeres de origen migrante. En caso de aprobarse, la reforma de las pensiones afectará particularmente a las mujeres, quienes, a raíz de su concentración en la economía informal, así como de la frecuente interrupción de su vida laboral para cuidar de hijos y otras familiares, encontrarán más dificultades a la hora de sumar la cotización exigida.

Corren tiempos de crisis, pero también de revelaciones. La justificación de la supresión del Ministerio de Igualdad yace, de nuevo, tras la odisea por la austeridad. No obstante, su eliminación, de manera similar a la renuncia a aumentar el permiso de paternidad y al resto de medidas anticrisis, debe ser puesta en perspectiva.

La entrada de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, así como la supuesta firmeza con la que entonces priorizó toda una serie de políticas de género, constituyeron indudablemente un cambio importante. Sin embargo, no se puede vivir de las rentas. Los instrumentos de cambio, más allá de ser diseñados, necesitan ser dotados de contenido para resultar efectivos. El contenido, a su vez, sólo puede ser resultado de la visión global de una problemática, así como de un empeño real en solucionarla. La desaparición del Ministerio de Igualdad nos recuerda que en realidad nunca existió una auténtica comprensión de la complejidad y profundidad de las desigualdades de género ni una apuesta incondicional por acabar con ellas.

La verdadera voluntad se demuestra en contextos adversos y superando tozudamente el filtro de la rentabilidad, sea esta política o económica. En esto, como en muchas otras cosas, sin lugar a dudas, el Gobierno suspende el examen.

Sandra Ezquerra es activista feminista e investigadora de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona