Rosa Cañadell

Psicóloga y profesora. Portavoz del sindicato USTEC·STEs

Con la crisis como excusa, los recortes en educación, al igual que los recortes en los demás servicios públicos, están siendo terriblemente agresivos y afectan gravemente a los sectores más vulnerables de la comunidad educativa Pero, además, como se está comprobando, son totalmente inútiles para salir de la crisis o paliar el déficit público. Pero lo que sí se está consiguiendo es desmantelar la educación pública, que, en realidad, es el verdadero objetivo.

Pues no son sólo los recortes, está ya en marcha el nuevo proyecto de ley del PP (LOMCE) con propuestas altamente preocupantes, algunas terriblemente retrógradas, como las antiguas reválidas estatales y el cuerpo de directores, que nos retrotraen a tiempos predemocráticos. Las medidas que propone la nueva Ley persiguen una re-centralización y un mayor control del Estado con respecto a las autonomías, son segregadoras para el alumnado y proponen la desaparición total de la democracia en el funcionamiento de los centros.

La LOMCE es una ley económicamente privatizadora, que pone la educación al servicio de la economía, que abandona el compromiso de la Administración de ofrecer suficientes plazas públicas, beneficiando así a los centros privados concertados. Aumenta el tiempo de los conciertos, que no tendrán que renovarlo hasta pasados seis año.

Es una ley socialmente injusta, basada en múltiples pruebas y reválidas que convierten el ciclo educativo en una especie de carrera de obstáculos, con múltiples "salidas" del sistema para el alumnado con más dificultades. Como dice la propia ley "los alumnos tienen distintos talentos y hay que encauzarlos". Ni una palabra sobre como compensar las desigualdades ni como evitar la segregación escolar, sino todo lo contrario, a los centros con mejores resultados (que, como demuestran todos los estudios, coinciden con el alumnado más favorecido social y culturalmente) se les asignará más recursos, aumentando aún más las desigualdades.

Es políticamente centralizadora y ataca directamente las competencias de las comunidades autónomas. Pretende introducir el castellano como lengua vehicular en Cataluña, desmantelando así el sistema de inmersión lingüística que cuenta con un apoyo social absoluto y que ha demostrado ser eficiente: el alumnado de Cataluña termina con un nivel de conocimiento del castellano igual o superior que el resto de CCAA. Relega la asignatura de lengua catalana a una tercera categoría y adjudica al Estado el control del 100 % del currículum de las asignaturas básicas.

Es ideológicamente reaccionaria y está pensada más bien para favorecer los intereses de Obispos y empresarios que los del propio alumnado. Desaparece la "Educación para la Ciudadanía", reintroduce la religión como evaluable, y disminuye notablemente todas las materias consideradas no instrumentales: música, plástica, filosofía, lenguas clásicas, etc. empobreciendo enormemente los conocimientos y las capacidades críticas de nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas.

Propone una organización de los centros públicos educativos inspirada en las empresas privadas, olvidando que la escuela no es una empresa. Aumenta el poder de los directores que, a su vez, son nombrados por la Administración y se les adjudica funciones más propias de Jefes de personal que de coordinadores y dinamizadores pedagógicos. Les da la posibilidad de seleccionar al profesorado y tomar decisiones por encima del claustro y del Consejo Escolar. Todo ello dificultará enormemente la participación y la innovación, aumentando la arbitrariedad, la submisión y la represión. Es un retroceso en el tiempo de la dictadura con el "cuerpo de directores" que habíamos conseguido eliminar con la llegada de la democracia.

Es una ley laboralmente desregularizadora, que hace desaparecer las normas claras sobre las condiciones de laborales del profesorado: formas de acceso, horarios, complementos, etc. precarizando aún más el trabajo docente.

En definitiva, un modelo de educación cada vez más neoliberal y más segregador, menos participativo y más autoritario. Una contrarreforma que no contempla medidas pedagógicas contra el fracaso escolar o el abandono prematuro. Unos cambios que, junto a todos los recortes, no harán más que aumentar las desigualdades educativas.

Hay que decir, también, que muchas de las propuestas de este nuevo proyecto de Ley del PP están ya implantadas en Cataluña, donde un gobierno, presuntamente de izquierdas, aprobó en 2009 la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), guiada totalmente por los mismos principios neoliberales que han inspirado la LOMCE.

Es necesario que la sociedad toda sea consciente que desmantelar y devaluar a la educación pública y a su profesorado es una pérdida enorme que afecta a la convivencia democrática y pone en peligro la cohesión social. Necesitamos mejorar nuestro sistema educativo, pero ello es imprescindible aumentar el presupuesto educativo, poner freno a la privatización y buscar fórmulas de consenso social para no tener que cambiar la ley nuevamente en el momento que cambie el color del gobierno.

La educación es un bien colectivo y no puede convertirse en una arma política y de adoctrinamiento ideológico al servicio de un sistema que es incapaz de sacarnos de la crisis y ofrecer un futuro a nuestros jóvenes, sobradamente preparados.