El movimiento de los chalecos amarillos en Francia lleva casi un mes con unas movilizaciones de tal calibre que han acabado obligando al Gobierno de Macron a sentarse a hablar con ellos y a ceder, de momento, a su demanda sobre el precio de los carburantes. A lo que empezó como protesta rural contra la subida de impuestos sobre el diésel se han ido sumando diversos colectivos. Con cada incorporación se agranda el tamaño e intensidad de las protestas, así como el volumen del cuaderno de agravios y demandas contra las políticas neoliberales del Gobierno de Macron, ahora puesto en jaque por este movimiento popular.

Ya durante el Antiguo Régimen, previo a la Revolución Francesa de 1789, era práctica común que los Estados Generales de Francia (asambleas que convocaba el Rey con representantes de los tres estamentos: clero, nobleza y municipios) recogieran quejas y demandas para elaborar el orden del día de sus deliberaciones y toma de decisiones. De cara a los Estados Generales de 1789, inmediatamente anteriores a la Revolución, se recogieron entre el Tercer Estado (el pueblo llano, que no gozaba de privilegios fiscales y elegía representantes en las ciudades) las quejas y demandas cuya consecución darían lugar al nuevo orden salido de la Revolución y del derrocamiento de la monarquía absoluta.

Siguiendo esta sana tradición cívica, era de esperar que el movimiento de los chalecos amarillos, levantados contra el Gobierno de un Presidente de la República que muchos apodan “Rey Macron” por su forma de gobernar, recogiera y difundiera un cuaderno de agravios y demandas propio.

No es objetivo del autor de este artículo -y mero traductor de las reivindicaciones- hacer una valoración de las mismas, ni de los diagnósticos que les subyacen ni de las soluciones que se proponen. Lo importante es que cada cual las conozca y las valore libremente. Basta con apuntar que al menos el 70% de los franceses están de acuerdo con ellas. Además, es importante señalar que el movimiento de los chalecos amarillos se ha desarrollado sin mediación de ningún partido político ni organización sindical y, sin embargo, ha sido capaz de poner en jaque a un Gobierno que, a pesar de haber contado con todo el apoyo electoral posible hace dos años, podría llegar a tener que convocar elecciones anticipadas por haber perdido todo su capital político en esos mismos dos años.

Cuando se acerca el 230 aniversario de la Revolución Francesa, el que era el Tercer Estado francés, vestido ahora con chalecos amarillos, vuelve a poner en jaque a quien desde el Gobierno sólo le causa agravios y no atiende a sus demandas.

Estas son las 42 reivindicaciones transmitidas el 29 de noviembre de 2018 por los chalecos amarillos a los diputados de la Asamblea Nacional y a los medios de comunicación:

• Indigencia cero (urgente)

• IRPF más progresivo (más tramos)

• SMI de 1.300 euros netos

• Favorecer el pequeño comercio en pueblos y centros de las ciudades. (Moratoria sobre la construcción de grandes centros comerciales alrededor de las grandes ciudades que arrasan el pequeño comercio). Más aparcamientos gratuitos en el centro de las ciudades

• Gran Plan de eficiencia energética para edificios. (Hacer ecologismo ahorrándole gastos a los hogares)

• Que los grandes (MacDonald, Google, Amazon, Carrefour y demás) paguen mucho y los pequeños (autónomos, microempresas y pymes) poco

• Mismo sistema de Seguridad Social para todos (incluidos autónomos). Fin del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

• El sistema de jubilación tiene que seguir siendo solidario y por lo tanto socializado. (No a las jubilaciones por puntos)

• Fin de las subidas de impuestos sobre carburantes

• Ninguna pensión por debajo de 1.200 euros

• Todo representante elegido tendrá derecho al salario medio. Sus gastos de transporte serán vigilados y rembolsados si están justificados. Derecho al ticket restaurante y a la paga extraordinaria

• El salario de todos los franceses, así como su pensión y sus prestaciones deben estar indexadas al IPC

• Proteger la industria francesa: prohibición de las deslocalizaciones. Proteger nuestra industria es proteger nuestro saber hacer y nuestros empleos

• Fin del trabajo desplazado. No es normal que una persona que trabaje en territorio francés no se beneficie del mismo salario y de los mismos derechos. Toda persona con derecho a trabajar en territorio francés debe estar en igualdad de condiciones con un ciudadano francés y su empleador debe cotizar igual que un empleador francés.

• Por la seguridad del empleo: mayor limitación del número de contratos temporales en grandes empresas. Queremos más contratos indefinidos.

• Fin del Crédito Fiscal para la Competitividad y el Empleo [medida de devaluación fiscal mediante el ahorro en cotizaciones sociales de las empresas por valor de unos 20.000 millones de euros al año]. Utilización de los fondos que se recuperen para lanzar una industria francesa del coche de hidrógeno (verdaderamente ecológico, al contrario que el eléctrico)

• Fin de la política de austeridad. Que se dejen de pagar aquellos intereses de la deuda que se declaren ilegítimos y que se pague la deuda sin sacarle el dinero a las clases bajas y medias, sino yendo a por los 80.000 millones que se van en fraude fiscal

• Que las causas de las migraciones forzosas sean tratadas

• Que se dé buen trato a los solicitantes de asilo. Les corresponde alojamiento, seguridad, alimentación y educación para los menores. Trabajar con la ONU para que se habiliten lugares de acogida en varios países, a la espera de resolverse su solicitud de asilo

• Devolución a sus países de origen de quienes vean rechazada su solicitud de asilo

• Implementar una política de integración real. Vivir en Francia implica llegar a ser francés (curso de lengua francesa, curso de historia de Francia y curso de educación cívica, con certificación al terminar todos los cursos)

• Salario máximo de 15.000 euros mensuales

• Crear empleo para los parados

• Aumento de las prestaciones por discapacidad

• Límites a los alquileres. Más vivienda protegida (especialmente para estudiantes y trabajadores precarios)

• Prohibición de vender bienes del patrimonio nacional

• Medios suficientes para la Justicia, la Policía, la Gendarmería y el Ejército. Que las horas extras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean pagadas o compensadas

• El producto de los peajes en carreteras se destinará íntegramente al mantenimiento de las carreteras y a la seguridad vial

• Habiendo subido el precio del gas y de la luz desde que se privatizaron, queremos que vuelvan a ser públicos y en consecuencia que los precios bajen

• Fin inmediato al cierre de trenes de cercanía, de oficinas de correos, de escuelas y de clínicas de maternidad

• Aseguremos el bienestar de nuestros mayores. Prohibido ganar dinero a su costa. Se acabó el oro gris. Comienza la era del bienestar gris.

• Máximo 25 alumnos por clase desde la escuela infantil hasta el bachillerato

• Medios suficientes para la psiquiatría

• El referéndum debe entrar en la Constitución. Creación de un sitio accesible y eficaz, llevado por un organismo independiente de control, en el que la gente pueda proponer leyes. Si una proposición obtiene 700.000 firmas, deberá ser discutida, completada y enmendada por la Asamblea Nacional, que tendrá la obligación, al año de obtenerse las 700.000 firmas, de someterla al voto de todos los franceses.

• Retorno a un mandato de 7 años para el Presidente de la República [en el año 2000 pasó de 7 a 5 años]. (La elección de los diputados 2 años después de la elección del Presidente de la República permitiría enviar una señal positiva o negativa al Presidente respecto de sus políticas. Esto ayudaría a hacer oír la voz del pueblo)

• Jubilación a los 60 años (55 años para trabajadores manuales)

• Un niño de 6 años no se puede cuidar solo, por tanto es necesario seguir con el sistema de ayudas hasta que el niño cumpla 10 años

• Favorecer el transporte de mercancías por vía férrea

• No a las retenciones y pagos a cuenta de impuestos [su implementación está prevista para enero de 2019]

• Fin de las prebendas presidenciales vitalicias

• Prohibición de impuestos a los comerciantes por el uso de tarjetas bancarias por parte de sus clientes

• Impuestos sobre el fuel marítimo y el keroseno