María Pazos Morán

Investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y activista de la PPIINA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción). Autora del libro Desiguales Por Ley.

La organización patronal madrileña (CEIM) acaba de presentar un plan con el que afirma que se crearían 400 empleos en la Comunidad de Madrid. Curiosamente (es un decir), las 200 medidas que contiene van todas en el mismo sentido: rebajar costes laborales y del despido; “revisar el estado del bienestar… apostando por las fórmulas de colaboración público-privada”; eliminar algunos impuestos y reducir drásticamente otros… para conseguir lo que denominan “una política fiscal no penalizadora de la actividad empresarial”. Un documento que podría estudiarse como ejemplo de neoliberalismo sin fisuras.

Resulta singular la importancia que se le concede en este plan a las necesidades de cuidado. En primer plano están los servicios de atención a la dependencia, que CEIM propone considerar “de primera necesidad”, aunque solo para reclamar medidas favorecedoras de este negocio en expansión; entre ellas un tipo de IVA super-reducido, incentivos a las familias y otras que incrementen el uso de servicios privados de atención a domicilio y de las residencias privadas. Sobra decir que de servicios públicos ni hablar.

Para la atención infantil, CEIM reclama aumentar las desgravaciones por gastos de escolarización (privada, claro) y una “Ley de Protección Integral de la Maternidad”, de financiación pública, con “políticas sociales más favorables a la conciliación familiar y laboral”. Estas políticas no se concretan en el Plan más allá de proponer recortes en el derecho a reducción de jornada por guarda legal. Pero CEIM tiene además otra idea que, aunque no figura explícitamente por escrito, su presidente ha aireado a los cuatro vientos: la ampliación de la baja de las madres a un año.

Esta no es una propuesta menor, como demuestra el hecho de que la prensa la ha elevado a titular. Pero ¿cómo es que no figura en el plan ni en ningún otro documento de CEIM? Muy sencillo: es por el momento un globo sonda para calibrar las protestas que genera.

Los empresarios conocen de primerísima mano el fenómeno llamado “discriminación estadística”, derivado de que las mujeres portan la etiqueta de “menos disponible para el empleo que un hombre”. Poco importa que una mujer nunca vaya a ser madre, abuela o cuidadora de familiares dependientes; el riesgo le viene dado por su pertenencia a esa mitad de la población que ahora se ocupa sustancialmente de los cuidados.

En principio no es mal negocio diseñar la plantilla de tal manera que las mujeres ocupen los puestos más fáciles de sustituir (siempre más precarios), reservando los puestos de responsabilidad para hombres completamente liberados de las tareas de cuidado. Contribuye a reducir costes laborales a corto plazo, más aún si el mayor riesgo femenino se compensa con menores salarios y con algunas subvenciones a la contratación de mujeres en ciertos empleos y en ciertas situaciones. El modelo tiene consecuencias negativas para la sociedad y para la economía en su conjunto, ¿pero desde cuándo los empresarios han atendido a ese tipo de consideraciones?

Así que ese sería el plan, totalmente en consonancia con la orientación del Plan de Apoyo a la Familia del PP. Otra cosa es reconocerlo, y resulta que los permisos de paternidad y maternidad son un test infalible de orientación. En efecto, si los empresarios propusieran explícitamente la ampliación del permiso de maternidad ahora, o se opusieran explícitamente a la ampliación del de paternidad, estarían reconociendo que no piensan promocionar a las mujeres, lo que no sería bien recibido por la ciudadanía. Lo mismo sucedió cuando se creó el permiso de paternidad en 2007: se argumentaba que los empresarios eran sus mayores enemigos, pero ninguna organización empresarial hizo ninguna declaración en contra públicamente.

La sociedad española ya no se deja engañar por esa supuesta “protección de la maternidad” que consiste en tratar de que sigan siendo las mujeres quienes asumen la mayor parte del cuidado mientras que los hombres continúan sin reconocimiento de los mismos derechos. Por eso es muy difícil que alguna organización empresarial o política proponga explícitamente aumentar el permiso de maternidad mientras el de paternidad siga siendo menor.

Más probable es que, en línea con las directrices de la Comisión Europea, la propuesta que se avecine sea la de una excedencia pagada (probablemente no al 100%) de hasta un año para una de las dos personas progenitoras, o sea transferible entre ellas, en aras de la supuesta “libertad de elección familiar”. El resultado sería el mismo que el de aumentar el permiso de maternidad a un año, pues los permisos transferibles se los toman mayoritariamente las mujeres, como lo demuestran los casos de Francia, Suecia y demás países nórdicos, Estonia, Alemania…. Pero dirían que si los hombres no se los toman es culpa suya; o peor aún, de las mujeres que quieren acapararlos.

Igualmente comprobado indefectiblemente está que los hombres sí se toman masivamente los permisos pagados al 100% e intransferibles, como es el actual permiso de paternidad de dos semanas en España. De ahí, entre otras muchas razones, la propuesta de la PPIINA, aceptada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados: la equiparación total del permiso de paternidad al de maternidad, de tal manera que cada persona progenitora tenga su permiso igual, intransferible y pagado al 100%.

Existe ya suficiente evidencia acumulada como para sacar conclusiones y no caer en las trampas que sin duda se sucederán. Los efectos de unas y otras medidas están de sobra establecidos de antemano, por tanto no se puede hablar de ignorancia sino de intenciones. Más peligrosas cuanto menos claras.