Cumbre empresarial o de cómo volver a las andadas tras la pandemia

La pandemia ha puesto al desnudo el modelo de capitalismo en España. Ese modelo basado en el turismo low cost y el ladrillo, en las ganancias a corto plazo y en las ventajas obtenidas a través de las relaciones con la política. Un modelo sustentado en los bajos costes salariales y en el que el reparto de dividendos entre los accionistas está por encima de la razón social del negocio. Y como los accionistas están hoy en Barcelona, mañana en Londres y pasado en Singapur, el presente y el futuro del país nada les importa.

La peor parte de la catástrofe ha corrido a cuenta de la fuerza de trabajo. En primer lugar desde el punto de vista sanitario, dado que los servicios públicos de salud, a los que pueden acceder se han visto saturados. También porque sus condiciones de empleo y de vivienda son más propicios para el contagio. Del mismo modo, los mayores rubros de los devastadores efectos económicos y sociales recaen sobre el mundo del trabajo. Sólo entre marzo y abril se han perdido más de un millón de empleos y el paro ha aumentado en seiscientas mil personas. Hay además tres millones de personas acogidas a ERTEs. Esto está ocurriendo cuando la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no se han recuperado por completo de los efectos de las políticas de austeridad desplegadas con ocasión de la crisis anterior. Pero todo esto, es ajeno a las cuentas de resultados. En todo caso, sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, el daño del tejido productivo y la destrucción del empleo hubieran sido muy superiores. El escudo social puesto en marcha, aunque limitado, está sirviendo para amortiguar los efectos de la crisis sobre las personas, el empleo y la actividad productiva.

Como suele suceder, las crisis pueden servir para tomar nota de los errores que han conducido a las mismas y explorar vías diferentes para el futuro. Pero en otras ocasiones se saldan regresando a la misma senda que condujo al desastre. Y hay que evitar que sea esto último lo que suceda. Todavía se están enterrando cadáveres de fallecidos por Coronavirus y empiezan a tomar cuerpo las propuestas de vuelta al pasado. De hecho, ya en mitad de la pandemia se interpelaba al mismo tiempo a las ayudas públicas para las empresas y a la vez a las rebajas fiscales. Soplar y sorber al mismo tiempo.

En la urgencia de fijar un plan que a partir de ahora deje atrás el cataclismo económico y social derivado de la pandemia, empezamos a encontrarnos con una serie de preocupaciones.

La primera fuente de esas preocupaciones no es otra que los mensajes lanzados en la cumbre empresarial de la CEOE, que se celebra entre el 15 y el 25 de junio. En primer lugar, no tocar la reforma laboral; es decir, la apuesta por los bajos salarios y la precariedad como vía de competitividad. En segundo lugar, mantener la fiscalidad tal cual está. De tal modo que las personas que viven de un salario paguen los mismos impuestos que una multinacional tecnológica, mientras se mantienen los paraísos fiscales autonómicos y una brecha fiscal respecto a la Eurozana que representa 77.000 millones de euros que nuestras arcas públicas dejan de ingresar. En definitiva, perpetuar el reino de la elusión y la evasión fiscal. En tercer lugar, un plan para la construcción masiva de vivienda nueva o la vuelta al ladrillo. Por último, aprovechar el dinero que venga de Europa para que las empresas capten recursos. Recursos que servirán para salir de los apuros arrastrados desde antes de la pandemia o para engrosar los beneficios. Y si todo ello puede cubrirse con el manto del diálogo social, pues mejor, aunque no se considera imprescindible. Ocurre sin embargo que en la cultura corporativa de la patronal española a menudo el diálogo social es concebido como un juego de suma cero. Es decir, creen que para que les vaya bien, la contraparte tiene que perder. El resto del discurso de la cumbre es hojarasca, incluidas las referencias a la economía verde. La vuelta al pasado invocada por la patronal no sólo es socialmente injusta, tal y como hemos comprobado a lo largo de la última década. Significa además renunciar a salir del papel subordinado que en la UE juegan el tejido empresarial y la economía españoles. Luego están las omisiones. Por ejemplo, la banca nada dice del rescate que le pagamos todos los españoles en su momento. Para la banca todo lo que suene a reciprocidad en la economía es una antigualla reservada a los antropólogos. Lo de que Bankia quedara como banca pública para financiar la transición hacia la industria limpia y la economía verde, que requiere una inversión a medio plazo, es un tabú.

La segunda fuente de preocupación es la comisión de 100 expertos creada por el Gobierno para salir de la crisis. Podrían haber sido 84 o 107, pero un número redondo como 100 queda mucho mejor en los titulares de prensa. A los expertos se les presupone una sabiduría no contaminada de ideología. En realidad, no se sabe muy bien por qué. Eso si, el expertismo es susceptible de ser utilizado como envoltorio para tratar que la gente acepte las políticas de ajuste como si fueran algo tan infalible como una raíz cuadrada o la Tabla Periódica. A nosotros nos preocupa, sin embargo, la presencia destacada de personas que trabajan para la gran banca o que se han significado por sus trabajos en think thanks económicos claramente neoliberales. No por ningún tipo de fobia, sino más bien porque no vaya a ser que las ideas que salgan de ese tanque de pensamiento paragubernamental coincidan con las conclusiones del encuentro que estos días lleva a cabo la patronal.

La tercera fuente de preocupación tras el estado de alarma reside en una dinámica ya experimentada. Todavía recordamos lo de "refundar el capitalismo" en boca de Sarkozy y cómo luego se torció todo. Especialmente para la gente que trabaja y vive en el sur de Europa. Esta vez, la Comisión Europea ha propuesto un ambicioso plan de recuperación. Su eficacia depende en buena medida de su urgente puesta en marcha. Ocurre, sin embargo, que este plan ha encallado en el Consejo. Holanda y el resto de los «países frugales» -otro calificativo que se ha normalizado sin saber muy bien que pretende significar- se niegan a dar luz verde a la deuda mutualizada. Prefieren préstamos con condiciones, a cambio de «reformas». Obviamente nunca se refieren a las reformas del tejido empresarial.

En la cumbre patronal de estos días se ha insistido en que las empresas son las que crean empleo. Lógicamente, también puede hacerlo el sector público, aumentando las inversiones en sanidad, educación o transporte. Pero en todo caso, las empresas sin sus plantillas de carne y hueso no pueden producir bienes y servicios. Tampoco pueden generar beneficios. Son un cascarón vacío, como ha puesto de manifiesto este tiempo de confinamiento. En consecuencia, la reconstrucción social no puede quedar en manos exclusivas de las empresas.

No somos ingenuos. No creemos en soluciones mágicas. Sin embargo, si tenemos una certeza: volver al modelo económico, productivo y medioambiental de las últimas décadas es volver a recorrer el camino hacia un nuevo colapso.