ERIKA RODRÍGUEZ

Los negocios, incluso los ilícitos, necesitan espacio propicio para crecer. El narcotráfico lo consiguió siendo el tráfico que mejor se adapta a la globalización y se aprovecha de las ventajas competitivas: tanto las condiciones propicias para los cultivos como las ventajas políticas y legales, perversas en este caso.

Una parte de América es un espacio hecho para y por el narcotráfico, capaz de profundizar las debilidades de los estados, convirtiéndose en una amenaza más allá de un problema de salud pública, pero sin dejar de serlo. México es un referente en este sentido. Además de la guerra de carteles, desde 2003 es el tercer cultivador de opiáceos y el consumo interno se duplicó entre 2002 y 2008. De país de tránsito pasó a ser productor, consumidor y víctima.

A nivel global hay más desafíos. Según la ONU, al consumo de derivados de la coca y el opio lo sobrepasa el consumo de drogas de diseño y cannabis, producidos localmente. No hay un aumento en los precios finales, los traficantes manipulan la calidad evitando subir el precio. Finalmente destaca la importancia de nuevas rutas de tráfico por África.

No es una novedad decir que es necesario reorientar la política antidroga, pero es un debate que sigue en el tintero de los temas pendientes. Y periódicamente se vuelve a hablar sobre despenalización del consumo. Recientemente, en la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, un coro de expresidentes iberoamericanos puso el tema sobre la mesa y pidieron consenso mundial al respecto. No es sencillo; de hecho, ninguno lo planteó estando en el poder. El tema suscitó también un encendido debate durante la campaña del referéndum organizado en California para la despenalización del consumo de cannabis y que finalmente fracasó.

Despenalizar el consumo permitiría orientar el problema como un tema de salud pública. Pese a ello, el argumento del presidente colombiano ante el referendo era razonable: “Que me digan si hay una forma de explicarle a un campesino colombiano que si produce marihuana lo vamos a meter en la cárcel y ese mismo producto es legal allá” (en California). Evidentemente esto refuerza la necesidad de un debate global, pero también cala en la realidad del cultivo de narcóticos ligado a la pobreza y desigualdad que imperan en América Latina. Despenalización y corresponsabilidad se solapan.

Aunque cada vez más países productores son también consumidores, aún el grueso del consumo se concentra en Europa y EEUU. En el marco de los acuerdos de corresponsabilidad se han desarrollado estrategias de la magnitud del Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, cuyo éxito es relativo o pobre. Ni el precio de las drogas aumentó, ni estas escasean, ni los cultivadores tienen mejores niveles de vida que desincentiven la producción. De hecho, el problema de los programas es que se valoran usando indicadores como incautaciones, detenciones o cambios de precio que no garantizan que llegue menos droga al mercado ni miden la incidencia en la generación de nuevas oportunidades agrícolas para los productores.

Hasta ahora, los programas de corresponsabilidad contemplan ventajas comerciales para productos provenientes de los países productores, pero la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, en sus siglas en inglés) firmada con EEUU ha cesado sin fecha exacta de renovación. Esto se suma al recorte de fondos del Plan Colombia y el Plan Mérida que obedecen a un cambio de estrategia por parte de Washington, que intenta aplicar sus recursos en áreas prioritarias geopolíticamente, muy lejos de Latinoamérica, mientras que en esta región busca desarrollar sistemas de cooperación y respuestas coordinadas.

La propuesta de configurar una estructura de colaboración entre Colombia, México y Centroamérica, lanzada por el encargado de la lucha contra el tráfico internacional de drogas americano y que previsiblemente presentará el presidente Barack Obama en su gira por América Latina, tiene sentido: mantener estrategias aisladas es poco operativo frente a un desafío que actúa de forma coordinada en el continente. Pero por otro lado también intenta desplazar cargas económicas de la lucha de planes específicos hacia un plan regional. La lucha antinarcóticos es muy cara para EEUU, aunque de hecho lo es más para México o Colombia, donde, de cada diez dólares que se destinan a la lucha antinarcóticos, nueve son recursos propios. Sin añadir el coste ambiental, social y humano que pagan los dos países.

La propuesta norteamericana cae en la misma trampa que sus antecesoras: los debates pendientes. Tanto los relativos al consumo como los que deberían tratar el desgaste en la lucha y en el sistema de corresponsabilidad y la culpabilidad de los estados (productores y consumidores) cuyas instituciones han sido permeadas por la corrupción. Además evita enfrentar el tema de las drogas de diseño que se fabrican en los mismos países consumidores. A pesar de conseguir coordinación, seguirá siendo una lucha llena de ambigüedades e incapaz de adaptarse a los desafíos que se le presentan, mientras el narco sigue haciendo eficazmente su trabajo.

Erika Rodríguez es Coordinadora del Panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas

Ilustración de Javier Olivares