¿Por qué deberían preocuparme las inmatriculaciones de la Iglesia?

En 2016 en las Juntas Generales, en el Parlamento de Bizkaia, se llegó al siguiente acuerdo sobre inmatriculaciones: “Las Juntas Generales de Bizkaia instan al Gobierno Vasco a prestar, conjuntamente con la Diputación Foral de Bizkaia, a las entidades locales del Territorio Histórico, la información jurídica e histórica relativa al origen y derechos de su patrimonio público, así como apoyarlas activamente en la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica, en el caso de que las hubiere”.

Fue precisamente hacia 2015-2016 cuando se dio a conocer el escándalo de las inmatriculaciones hechas por la Iglesia, esto es: el registro masivo de inmuebles, favorecido durante el gobierno de Aznar pero también en el franquismo. Muchos de estos bienes podrían ser suyos, pero muchos otros eran inmuebles municipales y que, en muchos casos, se mantienen con dinero público. Sin ir más lejos, desde el acuerdo de 2016 a hoy día, la Diputación de Bizkaia ha financiado por más de un millón de euros el mantenimiento de bienes de la Iglesia.

Llama la atención que quienes ponen el grito en el cielo con las ocupaciones de casas quiten importancia al mayor caso de ocupación de nuestra historia: a pesar de que los listados que maneja el Gobierno español recopilan unos 35.000 inmuebles, la Coordinadora Recuperando habla de más de 100.000 bienes apropiados (y es que el PSOE sólo ha querido investigar los de la época de Aznar y no antes). Si bien se suele marcar como inicio de las inmatriculaciones el cambio de la Ley Hipotecaria durante el franquismo, en 1946, ahora sabemos que hay bienes inmatriculados desde antes; así se ha demostrado en Navarra, donde su Gobierno recurrió, más allá del listado que había recopilado Ministerio de Presidencia, a reclamar a los registros de la propiedad de Navarra.

Así se encontraron con que el listado de inmatriculaciones en Navarra se traduce en una media de unos 11 bienes inmatriculados por municipio, recordemos que la media estatal ronda los 12 inmuebles por municipio. Sin embargo, en Bizkaia nos dan a entender que tan sólo se matricularon unos 70 inmuebles, es decir: 0,64 inmuebles por municipio. Da que pensar esta desproporción, ¿no? Lo da porque, además, el Obispado de Bizkaia mantiene unos 3000 inmuebles, y de estos, una gran parte no tienen uso. No lo tienen no sólo por falta de culto y de vocación, sino porque quizás ha acumulado vía inmatriculación más inmuebles de los que puede necesitar y mantener. En esto deberían entrar las administraciones públicas, antes de que sean revendidos por falta de uso y se pueda perder la capacidad de reclamar la titularidad.

Hablamos de "inmuebles", pero pensemos en que con esto nos referimos a elementos de nuestro entorno tales como ermitas, casas "de curas", monasterios, terrenos de pastos e iglesias históricas. Muchas de estas iglesias son los proto-ayuntamientos de nuestros municipios: recordemos que la gran mayoría de municipios de Bizkaia son anteiglesias, es decir, municipios en los que antaño, las decisiones sobre el pueblo se tomaban en el pórtico de la iglesia principal. En este caso, ¿la iglesia debe ser propiedad del Obispado por su uso religioso o ha de ser de titularidad pública? En mi opinión, al igual que pasa en Francia o en Portugal (donde también hay un Concordato con la Santa Sede) la titularidad debiera ser pública con derecho de uso para el culto. Pero más allá de lo que yo quiera, creo que es evidente que la decisión sobre su propiedad no es tan clara como cuando la Iglesia se apropió de muchos de estos inmuebles, más cuando sabemos que al menos 112 de estos inmuebles han sido vendidos, en Bizkaia conocemos al menos el caso de la Iglesia de Las Barrietas, en Sopuerta, que alimenta el temor de que las inmatriculaciones deriven en pelotazos inmobiliarios. Ante esto, los ayuntamientos no saben cuáles de estos inmuebles eran suyos o no, y aunque lo supieran, desconocen cómo o ante qué institución deben reclamar.

Por esto, lo que proponemos es que, siguiendo el modelo de Navarra, Diputación recabe de los registros de la propiedad toda la información disponible sobre bienes inmatriculados; que se documente legalmente sobre cómo se reclaman las inmatriculaciones, lo cual da a entender que no hará hasta que haya reclamaciones, y que sea proactivo en esto y en la defensa del patrimonio inmueble de Bizkaia y en los terrenos que pudieran ser de uso público. La incapacidad por desconocimiento se supera consultando, contrastando, con formación, y no con acción: Diputación tiene una responsabilidad con el interés público en este caso que no está asumiendo. Esto en una de las regiones con mayores problemas de vivienda donde además en unos pocos años, han fallecido varias personas sin hogar.

Con esto, ¿os parece que insistir en aclarar el problema de las inmatriculaciones es marear la perdiz?