Vaya por delante lo siguiente: la gestión comunicativa de la última semana ha sido poco menos que desastrosa. No sólo por parte de Podemos. Fue un desastre de dimensiones considerables el anuncio de (y la candidatura en sí) Reyes Maroto, postulada al Ayuntamiento de Madrid: dilapidó una parte del potencial político que se vislumbraba en la histórica movilización por la sanidad pública que tuvo lugar el pasado domingo y que hizo temblar momentáneamente a la derecha madrileña. Y, después, las obsesiones habituales y una gestión no demasiado habilidosa de la polémica en torno a la ley ‘solo sí es sí’ remataron la faena. No hay atenuantes para los calificativos posibles.

Esa mala gestión comunicativa —y ahora entraremos en lo que podría haberse hecho mejor— no justifica en ningún caso la cacería, que no es nueva, emprendida contra Irene Montero en particular y el Ministerio de Igualdad en general, foco y diana de las rabias y puñales de buena parte de la derecha, despreciado y vilipendiado de forma constante, en muy diversas ocasiones por torpezas —fue una torpeza la foto en Times Square, sí; lo cual tampoco justificaba la desmesurada reacción mediática a esa misma foto—, en otras simplemente por malicia. Y lo es porque, lejos del vaivén o rifirrafe común sobre la interna que plaga nuestras conversaciones, de las animadversiones constatadas y negadas una y otra vez, la agenda política del Ministerio de Igualdad, en esta legislatura, es digna de algún tipo de elogio, al menos por su valentía.

En su defensa de la ley ‘trans’, por ejemplo, pudieron leerse como reacciones, una y otra vez, comentarios parecidos, de personas poco sospechosas de estar de acuerdo con lo que representa o ha representado Irene Montero en la interna o luchas intestinas de los partidos: podían ser siderales las discrepancias con sus gestiones internas o su rol como dirigente de un partido político, pero resultaba admirable buena parte del desempeño en el Ministerio de Igualdad. Era admirable, por ejemplo, la voluntad de garantizar la interrupción del embarazo en la sanidad pública y la pelea por ello dada. Resultaba y resulta admirable la defensa férrea de la ley ‘trans’, contra viento y marea, frente a los vaivenes del PSOE y el bloqueo provocado por Carmen Calvo y un sector del feminismo reacio a perder sus posiciones de poder.

Tienen razón las críticas que encuentran en la actitud de Podemos estos días un reflejo de una lógica viciada que se ha vuelto identitaria, demasiado vinculada a la lucha de poder interno, o que ven luchas mal dadas, estrategias de guerra en exceso sin sentido. Pero los errores de esta semana del Ministerio de Igualdad ni empañan sus logros o méritos anteriores ni están debidos a una estrategia pensada y reflexionada; tienen más que ver, a mi juicio, con una improvisación y estrategia erróneas como forma de hacer frente a una situación por la cual un equipo se ve sobrepasado. Reivindicaba Yolanda Díaz el derecho a cometer errores en política. Y una gestión comunicativa encarnada en error garrafal es, desde luego, uno de esos errores, pero ni es un pecado mortal ni justifica la demonización de quienes intentan hacer frente a un discurso y reacción desproporcionados.

Podría haberse dicho, por ejemplo, que el problema de las sentencias machistas no es exactamente de ahora, sino que ya viene dado por algunas de esas sentencias hoy revisadas, por redacciones como las que veían en la víctima del caso de la Manada una expresión de «jolgorio»; podrían haberse evitado errores comunicativos tan flagrantes como la huida hacia delante de los «fachas con toga» y la culpa eterna al complot mediático-judicial, que suscitó el rechazo hasta de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la cual ha estado vinculada la propia Victoria Rosell. Pero que se la defienda mal no implica que la ley ‘solo sí es sí’ sea una mala ley, por más que hacer una comunicación punitivista —asegurando al pueblo que no, que a nadie se le va a rebajar nunca su condena, que siempre es un error de jueces machistas, que las penas a más grandes mejor— de una ley que no necesariamente lo es o buscaba serlo carezca, otra vez, de todo sentido.

La ley ‘solo sí es sí’ supone otro tipo de avances que tendrían que haberse comunicado y merece de otras críticas que se vuelven imposibles en la situación actual, tendría que suscitar —como ha suscitado— otro tipo de debates sobre consentimiento, libertad sexual, la regulación que se establece del deseo, los problemas que aparecen cuando se parte de un fulgor de resentimiento y de una sociedad con voluntad de verdugo —aunque lo sea con la mayor de las razones— para tomar impulso de un movimiento y legislar. Una tribuna firmada por Clara Serra, Paloma Uría, Noemi Parra, Cristina Garaizabal y otras feministas se preguntaba desde cuándo la izquierda había asumido que la respuesta es la represión, el castigo y el Código Penal. Están ahí las preguntas que cabe hacerse. Pero no son, en ningún caso, las preguntas en cuya dirección apunta la cacería contra Montero, más aún en el caso de un texto que tuvo la aprobación de Campo, ministro de Justicia, y del resto del órgano colegiado que es cualquier Consejo de Ministros.

Es necesario, con todas las diferencias y matices que puedan surgir, defender en estas circunstancias al Ministerio de Igualdad, y hacerlo también con la voluntad de que esa defensa pueda permitir tanto que ciertas elecciones discursivas sean reconsideradas como que la labor legislativa y comunicativa que ha desplegados sea puesta en valor, porque así lo merece. No estaré de acuerdo con el enfoque de todas sus campañas, ni con la redacción de sus leyes, pero es que nunca pueden elaborarse leyes perfectas para una sociedad que jamás va a serlo. El daño de estos días quizá sea irreversible y se haya pecado de mal discurso y falta de prudencia, pero es que esas premisas son sostenibles al mismo tiempo que se elogia la intención y trabajo de Igualdad e incluso sus labores.