El pasado día 27 de octubre participé en un bonito acto organizado por Recortes Cero, con el objetivo de compartir propuestas ante la inflación que padecemos y la crisis económica que nos acecha. Tuve la suerte de compartir esa tarde en el Centro Cultural del Parque del Casino de la Reina en Lavapiés con activistas de la FRAVM, de Greenpeace, de asociaciones y sindicatos, y con varias compañeras de plataformas en defensa de la sanidad pública. Obviamente, ellas fueron las más aplaudidas, aunque eso es lo de menos. Lo de más fue que estas tres mujeres que intervinieron al final del acto, valientes luchadoras y veteranas profesionales, conmovieron al auditorio al transmitirnos en primera persona el desastre que está organizando el Gobierno de Díaz Ayuso en la sanidad pública. Como decían ellas, llueve sobre mojado y el reciente plan de reorganización de la urgencia extrahospitalaria es simplemente, con ser muy grave, el último atentado contra el derecho a la salud de la ciudadanía madrileña perpetrado desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Justo en esos días se acababa de desconvocar la huelga anunciada por los cinco sindicatos de la mesa sectorial de sanidad, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ana, una médica con más de tres décadas de ejercicio en la pública, puso voz a una inquietud que nos aquejaba a las y los presentes en aquel acto. Con la claridad pedagógica de quienes nos cuidan, que saben explicar de manera sencilla lo complicado, quedaba expresada la sorpresa y la inquietud ante las aparentes dudas de los sindicatos sobre lo perjudicial del plan de Ayuso. Afortunadamente, espero que Ana también se alegre como lo hago yo, parece que las organizaciones sindicales van a rectificar su decisión y enfrentarse al nuevo capítulo del plan de destrucción de lo público que acaba de iniciar el Partido Popular de Madrid.

Por otra parte, esto tiene mucho que ver aunque de primeras pueda pensarse que no, el domingo pasado pude celebrar la buena noticia del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del Brasil. Y la derrota, reconocida a regañadientes, de Jair Bolsonaro. De nada sirvieron la desinformación, las campañas de odio y las acusaciones de fraude, es decir, las recetas del manual antidemocrático de las derechas internacionales personificadas con más claridad por Donald Trump. Una vez más los enemigos de la democracia han sido apartados del poder y, al igual que sucedió en EE.UU., se abre un horizonte de esperanza en el que toca reparar los daños a la convivencia y a las instituciones causados por estas fuerzas posdemocráticas. Si Bolsonaro y sus políticas eran un peligro para la Amazonia y para los colectivos minoritarios de Brasil, como la comunidad LGTBI, Ayuso y sus políticas son un peligro para la sanidad pública madrileña. Ayuso y Bolsonaro, Bolsonaro y Ayuso, son solo portavoces de una ola reaccionaria que apunta directamente contra todos los avances en derechos y libertades de las últimas décadas.

No hay ninguna duda, al menos yo no la tengo, de cuál es el objetivo del plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid bautizado “de reordenación de la urgencia extrahospitalaria”. Este plan, al igual que tantas decisiones anteriores –como el infame protocolo para no derivar a personas mayores sin seguro privado de salud de las residencias a los hospitales públicos durante la pandemia, denunciado por excargos públicos y por periodistas–, persigue descapitalizar la sanidad pública, maltratar a profesionales y pacientes, en esta ocasión con la reestructuración de algo que funcionaba bien, el Servicio de Atención Rural (SAR) y con la reapertura sin medios ni personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que llevaba dos años cerrado. El fin es evidente: animar a la ciudadanía a engrosar la lista de clientes de la privada, de paso reducir el presupuesto público y cerrar el ciclo con nuevas bajadas de impuestos a los más ricos. Ayuso hace publicidad de la privada al deteriorar la sanidad pública. El Partido Popular de Madrid atenta contra el artículo 43 de la Constitución de 1978, esa que tanto dicen amar y defender, que establece el derecho a la protección de la salud y ordena a los poderes públicos la organización y la tutela de ese derecho. No es algo nuevo. Es lo de siempre en la derecha española: el deterioro de los servicios públicos para el impulso de los negocios privados.

Tal vez alguien podría decir que esto es un tema autonómico y que yo soy solo una concejala del Ayuntamiento. Aunque no tengo capacidad de decidir sobre los SUAP, me gusta actuar en esto desde el punto de vista de Manuela Carmena cuando decía que algo aunque no sea competencia, es de nuestra incumbencia. A mí me incumbe, y mucho, la defensa de la sanidad pública. Por eso acudiré a la manifestación convocada el próximo 13 de noviembre en Madrid, a la que os pido que acudáis. Y también por eso creo en el incipiente Partido de la Sanidad –en el sentido en que la Real Academia lo define como conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa–. Formado por miles de personas diversas, por decenas de entidades y asociaciones, así como por múltiples organizaciones políticas y siglas electorales; integrado seguro por militantes del PSOE, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, incluso de Ciudadanos, y por gente que no cree en los partidos políticos. Este Partido de la Sanidad transversal –plural, rico y diverso como la sociedad española–, me parece que tiene un único punto en su programa: garantizar una sanidad pública de calidad y con recursos suficientes en la Comunidad de Madrid, cumpliendo el artículo 43 de la Constitución. Y la tarea de asegurar que ningún gobierno pueda siquiera imaginar hacer negocio o clientelismo con el derecho a la salud de los millones de madrileñas y madrileños. A estas tareas me comprometo con todas las fuerzas que tengo.

Estoy convencida de que somos una mayoría abrumadora quienes nos reconocemos en esta causa. Estoy convencida de que la versión del trumpismo ibérico que encarna Isabel Díaz Ayuso está condenada al fracaso y no logrará sus objetivos. Como en Brasil, prevalecerán la democracia y los derechos. Y estoy convencida también de que a las dimisiones sucesivas de diferentes responsables de instituciones sanitarias de Madrid les seguirán la renuncia del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la próxima derrota electoral de las opciones privatizadoras de la sanidad pública. Nos vemos en las calles de Madrid el domingo 13 de noviembre, porque la sanidad no se vende, se defiende.