ANDRÉS GASTEY

Los españoles nos hemos ido acostumbrando al régimen de libertades del que disfrutamos desde hace treinta años. Tuvo, desde luego, sus momentos bajos, cristalizados en fechas (23-F) y siglas (GAL) de infausta memoria; pero llevamos ya más de dos décadas de consolidación de una mecánica democrática en la que los derechos civiles y políticos son generalmente respetados por los poderes públicos. El único factor que distorsiona esta situación es la pervivencia de ese doloroso vestigio del franquismo que es el terrorismo etarra. En fin, actualizando la cita de Churchill, se puede decir que si en una casa española el telefonillo suena a altas horas de la madrugada, no será el lechero (que de eso ya no tenemos), sino la hija que olvidó las llaves.

Ahora bien, nuestro régimen constitucional no se limita a los derechos civiles y políticos. Los españoles nos dotamos en 1978 de un Estado que se autoproclama social y democrático de Derecho. Y cabe preguntarse cómo andamos en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales. Porque es bien posible que esa hija nocherniega que llama al telefonillo de madrugada sea no una adolescente, sino una mujer de treinta y cinco, licenciada y con postgrado(s), condenada a enlazar contratos temporales y sueldos miserables, sin posibilidad alguna de irse a vivir por su cuenta.

Las estadísticas evidencian que situaciones de este tipo abundan. La octava economía mundial, un país moderno y pujante que está experimentando un período sin precedentes de prosperidad, no es capaz de facilitar el acceso a una vivienda digna a buena parte de sus ciudadanos. Como dice el Relator Especial de las Naciones Unidas para la vivienda en un informe de junio pasado, la “grave crisis de vivienda” a la que España se enfrenta puede atribuirse a los elevadísimos precios, la escasez de viviendas de protección pública, la estrechez del mercado de alquiler y la especulación inmobiliaria. Está bien que las Naciones Unidas nos ilustren sobre cosas que ya sabemos.

Sucede con la vivienda, pero qué no decir de una educación infradotada y desacreditada; de una sanidad estragada por las listas de espera y la falta de respeto al paciente; de la increíble normalidad con la que aceptamos la presencia de villas-miseria en nuestras periferias.

No se trata de minucias: la educación, la protección de la salud o el disfrute de una vivienda digna y adecuada son derechos reconocidos constitucionalmente a todos los españoles y “fundamento del orden político y la paz social”. Según el mandato constitucional, su respeto y protección “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerdan con expresiones idénticas que ambas categorías de derechos derivan de la dignidad inherente de la persona. Es doctrina asentada que no existe jerarquía entre unos y otros, sino que son indivisibles e interdependientes.

Frente a estas solemnes proclamas, hemos interiorizado la resignación. Los mensajes que nuestros medios de comunicación y políticos multiplican van remachando conceptos de una cultura profundamente insolidaria. Y cuando alguno de los poderes públicos pretende dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, surge una tríada de incriminaciones:

populismo, electoralismo, intervencionismo. O se les acusa de incurrir en el imperdonable pecado del voluntarismo.

Pues bien, pidamos un poco de voluntarismo respecto a la vivienda. Durante los últimos diez años se ha jugado en España una monstruosa partida de monopoly en la que han ganado los constructores y, como siempre, la banca. Los perdedores somos casi todos los demás, incluso los propietarios, a los que no nos pueden engañar con el espejuelo de la presunta ‘revalorización’ de nuestros pisos: permaneceremos encadenados a ellos, hipoteca mediante, hasta el final de nuestros días. Con el dinero que se ha puesto en juego durante la partida, con nuestro dinero, hemos alumbrado una clase empresarial de la que son representantes señeros algunos sujetos como Paco el Pocero, que invita a su jet y su yacht a periodistas insobornables –Herrera, Oneto–, o algunos otros personajes no menos castizos que han adquirido ya pátina de respetabilidad y controlan los consejos de administración de las grandes transnacionales españolas. Esto, créanme, no puede dejar de tener consecuencias a largo plazo.

Se trata de un gran fracaso colectivo frente al que no cabe la resignación. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado, por este orden, tienen que actuar. Naturalmente, con sensatez. No sería razonable prometer pisos en propiedad para todos, pero seguro que hay cosas susceptibles de mejora: tal vez pueda perfeccionarse el habitual sistema de la asignación de VPO a través del enchufe municipal; quizá se pueda poner fin al grotesco espectáculo de las rifas de viviendas públicas; seguro que se puede actuar sobre las plusvalías desorbitadas. Que los expertos propongan, que se debata, que se actúe. Removamos, como dice la Constitución, los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad e igualdad del individuo.

Entretanto, no podemos ser complacientes con nuestro régimen político. La democracia española seguirá siendo incompleta mientras no sea capaz de garantizar a los ciudadanos todos sus derechos fundamentales. Si en este contexto español de bonanzas macroeconómicas nuestra práctica política no logra prestar a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos la atención que merecen, estaremos contribuyendo a, ni más ni menos, la deslegitimación del sistema.

Andrés Gastey es escritor. Su última novela es Gutiérrez y el Imperio del Mal.