El PP lleva bloqueando la renovación del CGPJ desde 2018, y eso está poniendo a prueba las costuras institucionales de nuestro país. Este bloqueo nos sirve para confirmar lo que casos como la Trama Gürtel o el caso Kitchen ya nos habían demostrado, es decir, que el PP no es un partido democrático sino que es un partido que solo quiere apoderarse de todas las insituciones de nuestro país por cualquier medio que consideren necesario para ponerlas a su servicio y al de la oligarquía a la que sirven. En el caso del poder judicial el hecho de que al controlarlo se eviten que muchos de sus miembros vayan a la cárcel por sus corruptelas es para ellos un bonito efecto secundario de controlar ese poder que consideran como propio.

Frente a esta situación, el gobierno propuso una reforma, que ahora amaga con reactivar, que hacía que los vocales del CGPJ pudiesen ser elegidos por mayoría absoluta en lugar de por mayoría de tres quintos del congreso. Esta reforma permitiría sortear el bloqueo del PP, pero acabaría con la necesidad de que una de las instituciones más importantes del Estado, tuviese el consenso de los partidos y de la sociedad y haría que fuese posible que un gobierno, en solitario o con la ayuda de sus socios parlamentarios, pudiese controlar completamente el poder judicial.

Por esta razón, los demócratas nos encontramos ante una situación complicada de resolver. Por un lado, muchos de los partidos demócratas de nuestro país desean tener un sistema institucional resiliente en el que las partes más sensibles, como mínimo, cuenten con el consenso de la sociedad, y por lo tanto, del Congreso. Por otro lado, no pueden permanecer impasibles ante el bloqueo ventajista del PP de la renovación de las instituciones como el CGPJ o RTVE y deben encontrar una manera de sortearlo. La necesidad de dar solución a estas dos tensiones nos obliga a los demócratas a intentar lo que a priori parece la cuadratura del círculo, es decir, generar unas instituciones basadas en el consenso en las que ninguna minoría tenga poder de bloqueo, y el objetivo de este artículo es proponer cómo podría cuadrarse ese círculo.

Esta tercera vía empieza por reconocer que el espíritu del sistema actual es que, dado que el poder judicial emana del pueblo, el gobierno de los jueces debe reflejar la composición de la sociedad, expresada en el parlamento. De esta forma, la mayoría de tres quintos para la elección de los vocales es solamente el medio escogido para obligar a los partidos del gobierno a negociar para que el CGPJ resultante refleje los equilibrios del parlamento. Por esta razón, dado que el objetivo del sistema es que el CGPJ refleje los equilibrios del parlamento, una solución obvia es hacer que la elección de los vocales se haga en el parlamento a través de un sistema proporcional de votación, ya sea de listas cerradas o de listas abiertas como el Dowdall. De esta forma, si el Congreso de los Diputados tiene derecho a elegir a 10 vocales, eso significaría que cada 35 diputados podrían elegir a un vocal del CGPJ. Una manera de implementar esto en la práctica sería hacer que los distintos partidos pudiesen proponer listas de vocales con hasta 10 nombres y después todos los diputados pudiesen votar las distintas listas. Al final se contarían los votos para cada lista, y el CGPJ se formaría de acuerdo a los porcentajes de votos de las distintas listas. Este cambio en el sistema de elección se podría aprobar con el mismo procedimiento que el Gobierno quería seguir para aprobar su reforma y de esta forma, ningún partido podría bloquear la elección del CGPJ, ningún partido lo controlaría por completo y los partidos pequeños podrían unir sus fuerzas y conseguir representación, haciendo que el CGPJ representase a la sociedad española.

No obstante, aún quedaría un segundo problema por solucionar para que el gobierno no pudiese controlar a los jueces, puesto que si el CGPJ pudiese tomar decisiones o realizar nombramientos solamente con una mayoría de sus miembros y sin ningún tipo de contrapeso el gobierno podría controlar los nombramientos. Para evitar eso, se podría utilizar el sistema actualmente vigente en Suiza. En el sistema suizo, el gobierno, que es una representación apróximadamente fiel del parlamento, puede tomar decisiones y aprobar leyes por mayoría, pero la población, con un pequeño porcentaje de firmas, puede convocar un referéndum para tumbarlas. Así se incentiva que la toma de decisiones se haga por consenso, pero a la vez, si hay un tema divisivo en el que no hay consenso, se pueden tomar decisiones y ver si la mayoría de la población está de acuerdo con ellas o no. Este sistema de control se podría poner en marcha en el CGPJ para incentivar que las decisiones importantes, como por ejemplo la designación de jueces para el tribunal supremo, se tomasen en él por consenso sin arriesgarse a que se produjesen bloqueos. La implementación práctica de este sistema en el CGPJ podría consistir en que si la mayoría tomase una decisión y al menos un tercio de los vocales votase en contra, ese tercio de los vocales, junto con un pequeño porcentaje de los jueces, podría promover la convocatoria de una consulta entre los jueces para anular esa decisión. De esta forma, el CGPJ tendría un incentivo para tomar las decisiones importantes por consenso sin que eso pudiese suponer un bloqueo, y a la vez se daría un cierto poder de control a los jueces pero sin darles un poder absoluto sobre el CGPJ.

Esta solución no sólo permitiría sortear el bloqueo del PP, sino que podría erigirse en un ejemplo de gobernanza que se podría aplicar a muchas otras instituciones del Estado que requieren de un especial consenso de la sociedad, como RTVE, y eventualmente podría abrirse la puerta a que la fórmula se extendiese al gobierno de todos los niveles del Estado, imitando así el ejemplo de Suiza. No obstante, de momento nos conformamos con un objetivo mucho más sencillo de conseguir, que la democracia entre por fin en nuestro sistema judicial.