Jaume Asens

Teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Transparencia y Participación de Barcelona

Con la detención esta mañana de Joan Coma, concejal de Capgirem-CUP Vic, se da otro paso más en la judicialización del proceso soberanista que se vive en Catalunya. El mes pasado detuvieron a la alcaldesa de Berga, investigada por negarse a retirar la estelada del consistorio. Y hace dos semanas le tocó el turno a cinco jóvenes independentistas, investigados por la quema de fotos del rey. La ofensiva, con toda seguridad, no va a frenarse. Son centenares los cargos electos hasta ahora imputados-investigados sobre los que pende una amenaza igualpor actos vinculados a su ideario independentista.

Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, para empezar, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, el fiscal y el juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que "para hacer la tortilla será necesario romper los huevos". O cuando conminó a los asistentes a tomarse "muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento". La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, desde su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro, Ismael Moreno. La asociación de Jueces por la Democracia, en un duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.

En el fondo, esta instrucción es una vergonzosa "causa general" contra el soberanismo municipalista. Y más cuando utiliza conceptos manchados de sangre y de funesto recuerdo para los luchadores antifranquistas. Su abogado y diputado de la CUP, Benet Salellas, lo recordaba en un mitin de apoyo al concejal. Los golpistas de 1936 fueron, precisamente, los que acusaron de sedición a los republicanos leales al estado de derecho. Lo preocupante de todo esto es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una "cultura de la excepcionalidad" que se ha ido imponiendo de forma persistente a lo largo de la última década. En primer lugar, a través de una Fiscalía proclive a obedecer mansamente las órdenes del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello fue la fulminante destitución del fiscal jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por afirmar que la reivindicación del referéndum catalán era una aspiración política no legalmente viable, pero legítima. Y en segundo lugar, por un altas instancias judiciales como la Audiencia Nacional, claramente conservadoras y vinculadas estrechamente al poder político.

En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir a aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.

Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en realidad, un conato de sedición contra la propia democracia.