Olga Rodríguez

Periodista y autora de 'Karama. Las revueltas árabes' (Debate)

Ilustración de Iker Ayestaran

Un día más, los puentes que cruzan el Nilo en El Cairo permanecen ajenos a lo que sobre su propio asfalto ha acontecido en los últimos meses y semanas. El sonido de las bocinas invade la atmósfera cairota mezclado con la contaminación que emana de los tubos de escape de los vehículos.

Cerca de la calle Mohamed Mahmud, escenario de la batalla de hace unos días, una mujer con la cabeza enfundada en un turbante grita con un sonido similar al de un loro. Los vecinos de la zona no se inmutan. Algunos la llaman la mujer-pájaro. Forma desde hace años parte del paisaje cotidiano del barrio.

Agazapada en una esquina pide limosna y de vez en cuando agita sus brazos como si fueran alas. Según el autor Tarek Osman, al menos 17 millones de egipcios sufren problemas de depresión severa y otros trastornos. La pobreza y la corrupción han contribuido a alimentar enfermedades psicológicas en una sociedad en la que la clásica cortesía y caballerosidad egipcia –shahama, en árabe– lucha codo con codo con una atmósfera de rudeza y represión.

El sueldo medio de un trabajador de una fábrica estatal es de 70 dólares. El de un médico de un hospital público con años de experiencia, de 150 dólares. Tiene que trabajar muchas horas extras para vivir dignamente.

En la década de 1990, Egipto fue “intervenido” y conducido por Washington y el Fondo Monetario Internacional hacia políticas neoliberales centradas en la reducción del déficit y de la deuda externa y en la privatización de cientos de empresas públicas.

La corrupción encontró una mina de oro en esas ventas de compañías estatales, que en buena parte de los casos pasaron a manos “amigas” del régimen o del Ejército, propietario a su vez de un importante conglomerado empresarial y de otros privilegios que mantiene a día de hoy, y a los que no renunciará fácilmente.

Los oficiales retirados recibieron títulos de tierras estatales –a veces ya con infraestructuras construidas con dinero público– sobre las que levantaron hoteles, resorts de lujo y urbanizaciones.

El crecimiento del sector privado en detrimento de lo público disparó las desigualdades sociales. Ya en este siglo, el régimen impulsó la reestructuración monetaria, con la salida a Bolsa de la libra egipcia, la completa liberalización de los mercados, una reforma del sistema impositivo y reducciones en el gasto social público. El desempleo aumentó y el coste de la vida creció de manera espectacular.

Las redes públicas de atención médica y educativa han menguado desde entonces. Las clases más desfavorecidas no pueden acceder, por ejemplo, al tratamiento básico para combatir la hepatitis C, una enfermedad que infecta a 500.000 egipcios cada año.

Por otra parte, los jóvenes de clase media sufren un proceso de desclasamiento en un país donde el precio de la vivienda ha crecido de manera dramática en los últimos años, los sueldos se han estancado, y en el que la corrupción y el desempleo no ayudan a los licenciados que desean aplicar sus conocimientos en el mundo laboral.

“La clase media de hoy en Egipto es una clase derrotada y humillada”, indica Galal Amin, profesor de la Universidad Americana de El Cairo. Fue precisamente la actuación –con coordinaciones puntuales– de los movimientos sociales más desfavorecidos con los obreros y la clase media urbana la que consolidó un tejido de protesta desde el año 2006 y la que dio fuerza a las revueltas de enero y febrero de este 2011.

Las revueltas que estallaron en enero y que se repiten con nuevos capítulos son la respuesta a una situación política de represión ejercida primero por el régimen de Mubarak y ahora por la Junta militar. Pero se enmarcan también en el contexto de globalización del mercado global, que ha traído consigo un crecimiento espectacular de las desigualdades económicas y sociales.

Como indica el historiador Eric Hobsbawn, “quienes perciben con mayor intensidad el impacto de esta globalización son quienes menos se benefician de ella”. Egipto es prueba de ello.

El inicio de las elecciones legislativas ha acaparado los titulares de la prensa estos días. Pero la política no sólo se hace a través de las urnas.

En la calle, en la protesta, en la conquista de la palabra y la demanda, los jóvenes egipcios toman el espacio social que les niega un sistema moldeado a favor de los que más dinero y poder tienen.

Egipto no afronta sólo retos políticos de envergadura. Se enfrenta también, como tantas otras naciones, a una situación enmarcada en un contexto general en el que el sistema económico y el poder financiero marcan las pautas de la gestión política. A un problema global que requiere respuestas globales.

Los Hermanos Musulmanes, virtuales ganadores de las elecciones legislativas, llevan años ocupando los vacíos dejados por el Estado en los servicios sociales. Las clínicas islámicas sustituyen en muchos casos una sanidad pública en decadencia.

La Hermandad promete “pan y mantequilla” o entrega toneladas de carne en la festividad del Cordero. Sus integrantes se erigen como la voz de los pobres, pero su programa económico se basa en una economía de corte neoliberal. Sus políticas de caridad podrán aliviar pero no sofocar la precaria situación económica que sufren millones de egipcios.

Por todo ello, los activistas egipcios de izquierdas creen que el futuro seguirá definiéndose en las calles, en las protestas, y no sólo en las instituciones. Sus demandas parten de la certeza de que un cambio profundo es imprescindible.

Algunos sectores de la sociedad egipcia piensan que las aspiraciones de los revolucionarios egipcios no pueden lograrse. Otros tienen claro que lo irreal es creer que las cosas puedan permanecer como están.