Esta semana conocíamos la noticia de que el Tribunal Constitucional avalará la plena constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Tras trece años a la espera del pronunciamiento, el fallo del tribunal rechaza el recurso presentado por el Partido Popular y avala en su totalidad la conocida como Ley Aído.

Que esta ley respetaba los marcos constitucionales era algo que ya sabíamos. La ley del aborto fue participada por personas expertas, debatida ampliamente y redactada escrupulosamente desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, que el Tribunal Constitucional no resolviese la cuestión en un tiempo prudencial se había convertido en una especie de espada de Damocles que se prolongaba eternamente sobre la legitimidad de la ley en forma.

Que estuviésemos seguras del rigor jurídico de la ley de 2010 no restaba preocupación al asunto, conocemos bien que no son pocas las resistencias sociopolíticas al reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, no contribuyen al optimismo noticias de carácter internacional sobre el retroceso político y legislativo en esta materia, muy particularmente la dramática decisión del Tribunal Supremo estadounidense de derogar la histórica sentencia de Roe Vs Wade mediante la cual desde 1973 se garantizaba el derecho al aborto con blindaje constitucional.

Pero sí, ha tenido que renovarse el órgano que avala la constitucionalidad de las normas para dar carpetazo a un asunto que no se había resuelto hasta ahora por una razón clara, la incomodidad que le genera el aborto al Partido Popular.

Que nadie se engañe, el partido conservador de este país está en contra del aborto, y muy en contra. Sin embargo, ha sido muy alto el coste que el PP ha tenido que pagar cada vez que ha intentado abrir el melón para públicamente defender su posición de partida. Recordemos que en el año 2014 un intento de contrarreforma de la ley del aborto acabó con la carrera política del hasta entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. El Partido Popular, ajeno a una evidente realidad, no conocía el impacto social que provocaría el cuestionamiento de una ley que la sociedad había hecho suya, que las mujeres habían agradecido y que el movimiento feminista defendería con uñas y dientes. Es un hito en la historia feminista de este país el tren de la libertad, nombre que recibieron las grandes manifestaciones que se sucedieron el 1 de febrero de 2014 en contra de la llamada “ley Gallardón”.

Y no solo es la historia de Gallardón la que ha puesto contra las cuerdas al PP en relación al aborto, es también la historia de Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León. El PP no ha salido bien parado del reciente escándalo en Castilla y León motivado por la decisión del gobierno castellano y leonés de institucionalizar el intento de coacción a las mujeres para que no aborten mostrándoles ecografías.

A modo de conclusión, el Partido Popular tiene un problema con el aborto y ha utilizado todos los medios a su alcance para que no le salpique un posible fallo del Tribunal Constitucional. Todos los medios a su alcance. Sin embargo, la nueva mayoría progresista del tribunal ha devuelto la sensatez a la cuestión y ha anunciado el fallo en un tiempo récord, menos de un mes desde que se renovara la composición del órgano.

Que un partido político presente un recurso al Tribunal Constitucional para que valide o no una ley provoca desconfianza sobre la misma. Ahora nos toca resarcir el daño provocado por el uso poco ético que el Partido Popular hace de las Instituciones del Estado. Resarcir el daño pasa por celebrar el aval constitucional y por reconocer a quienes hicieron posible la ley. Gracias Bibiana Aído y gracias a tantas mujeres que durante muchas décadas defendisteis con valor y con argumentos muy sólidos los derechos de todas. Con la validación constitucional de esta ley gana la democracia y ganamos todas.