No cabe duda que la mejora de las expectativas de vida de la población española es una magnífica noticia. Una realidad ya cierta y perceptible que nos sitúa ante uno de los principales retos sociales de este siglo.

Vivimos más y pretendemos vivir mejor en un contexto en el que el principal sistema proveedor de protección social, la familia, se encuentra en plena transformación y las protagonistas centrales de los cuidados, las mujeres, debemos ocupar, definitivamente, nuestro espacio real en los ámbitos económicos, políticos y sociales.

Todas conocemos, tenemos cerca o directamente estamos inmersas en el cuidado de algún familiar; padre, madre, hermano, resolviendo a duras penas el día a día compatibilizando, cuando es posible, con nuestras tareas laborales. En su defecto, y ante la escasa respuesta institucional, nos vemos forzadas a “externalizar” la responsabilidad del cuidado contratando a una persona, normalmente mujer y extranjera, en algunas ocasiones en situación irregular, que se ocupa y ocupa el espacio tradicionalmente asignado a la familia y en especial, a las mujeres, como herencia de nuestra cultura mediterránea y patriarcal.

¿Somos conscientes de este grave problema con perspectiva de profundo conflicto social a medio plazo? ¿Cómo vamos a resolver los cuidados de la generación del baby boom en un contexto de debilidad evidente de los instrumentos públicos de protección?

Resulta imprescindible garantizar una pensión suficiente en el marco de un sistema sostenible, desterrar planteamientos demagógicos injustos, adheridos a intereses partidistas. Ahora bien, tan importante como cubrir nuestras necesidades económicas es canalizar las demandas de la ciudadanía cuando por circunstancias de edad, de enfermedad, de discapacidad, vemos limitada nuestra autonomía y requerimos de cuidados y atención profesional. Eso nos convierte realmente en una sociedad más cohesionada, más libre y desde luego, más igualitaria. Aquello que en los finales de los noventa se calificaba como salario diferido, herramientas clave, también, de redistribución de la riqueza.

Creo que no es cuestionable que la aprobación de la Ley de Atención a la Dependencia en 2006 supuso el mayor avance social de los últimos 25 años, tras la entrada en vigor de las Pensiones no Contributivas. Una apuesta por fortalecer nuestros mecanismos de protección, de articular soluciones coordinadas entre Administraciones, potenciando el papel de Estado como proveedor de respuestas públicas, y una fórmula que pretendía romper moldes y acuñar una nueva concepción de la protección, reforzando su componente de inversión social frente a su cuestionamiento como gasto.

Sin embargo, esta Ley bien intencionada nació ya con ciertas debilidades que requieren de una profunda reflexión y de un inmediato compromiso de corrección. Las limitaciones presupuestarias de partida, sumadas a que su desarrollo coincidió con los momentos más crueles de la crisis económica, convirtiéndose en foco principal de drásticos e injustos recortes, la han convertido en un derecho claramente limitado y escasamente reconocido por la sociedad.

No es nada despreciable las miles de personas dependientes atendidas y el empleo generado. Como son evidentes los esfuerzos realizados para construir un sistema complejo, anclado en unos Servicios Sociales de competencia autonómica con déficits estructurales y que arrastran modelos dispersos, obligando a armonizar realidades muy dispares. Una Ley que ha conseguido meter cabeza en el debate social y político, consiguiendo ser materia de interés en los diferentes Parlamentos, eso sí, un interés más gestual que real.

Me indigna la escasa ayuda o más bien, digámoslo, el bloqueo al que determinados Gobiernos regionales han sometido a este derecho, con evidentes comportamientos irresponsables en su papel de Estado.

Un ejemplo, en definitiva, de la mala política de la que la Comunidad de Madrid y sus sucesivos Gobiernos Populares son abanderados. De cómo nuestros derechos de ciudadanía se ponen al servicio de intereses partidistas, a disposición del “pim pam pum” político, una muestra de manipulación institucional en el que las necesidades de las personas quedan al albur de encuestas electorales y de luchas de poder. Eso sí, el poder económico siempre sale beneficiado.

Desde el primer momento, siendo presidenta Esperanza Aguirre, la Ley de Dependencia fue convertida en materia de confrontación política contra el Gobierno de Zapatero. Las personas dependientes madrileñas y sus familias sufrieron situaciones inverosímiles, dramáticas e incluso trágicas.

Bloqueo, retrasos, opacidad, desinformación, listas de espera, discrecionalidad, desprotección, son sustantivos que caracterizan la gestión de este derecho en nuestra región que, hoy, 12 años después de su entrada en vigor, registra resultados muy cuestionables, ocupando los últimos puestos en los indicadores comparativos entre regiones.

Más de 22.000 personas en el limbo de la desatención, la apuesta por servicios de bajo coste y el abuso de la fórmula del cheque servicio, delegando en la familia y en el mercado la responsabilidad de la atención, todo ello, aderezado por fuertes dosis de precariedad laboral, con sus consecuencias en la calidad de los servicios, es la escenificación de un despropósito que debe ser urgentemente enmendado.

No podemos esperar más. Revertir los recortes, incrementar la cobertura y las intensidades de los servicios, respetar la decisión y voluntad de las personas dependientes, gestionar de forma eficaz y transparente, garantizar la suficiencia, situar la calidad del empleo como eje central del sistema y sobre todo, repensar el modelo, se convierten en tareas inaplazables, imprescindibles para taponar la herida del presente y resolver con justicia el futuro.

Y en ello, no podemos ser impasibles, condescendientes. Debemos encajar que nuestro deterioro físico o intelectual forma parte de la vida, afrontándolo con dignidad y defendiendo con beligerancia también ese derecho.