Las organizaciones de derechos humanos llevan más de diez años advirtiendo del deterioro persistente que se está produciendo en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. ¿En qué punto de ese deterioro se sitúa el año 2022? ¿Ha sido otro año desastroso para los derechos humanos? ¿Ha tocado un nuevo fondo la quiebra de las normas internacionales? De ser así, ¿qué debe hacer la comunidad global al respecto?

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y sembró la devastación militar sobre un pueblo y un país en paz. En cuestión de meses quedaron arrasadas infraestructuras civiles, murieron miles de personas y muchas más resultaron heridas. Las acciones de Rusia aceleraron una crisis energética mundial y contribuyeron a debilitar los sistemas de producción y distribución de alimentos, lo que dio paso a una crisis alimentaria global que sigue afectando de forma desproporcionada a las naciones más pobres y a las personas racializadas.

Menos de una semana después de la invasión, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunció una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. El 2 de marzo, una mayoría abrumadora de países de la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa como acto de agresión. Paralelamente, países europeos que llevaban mucho tiempo rechazando la entrada de personas refugiadas abrieron sus fronteras a la población ucraniana que buscaba un lugar seguro.

A lo largo de 2022, fueron clamorosos los llamamientos internacionales que reclamaban justicia y apoyaban las investigaciones de crímenes de guerra. Posiblemente movidos por ese mismo impulso, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una resolución en su Asamblea General para contrarrestar el poder de veto en el Consejo de Seguridad, una de las causas principales de la debilidad sistémica de la ONU. ¿Podría la agresión rusa contra Ucrania actuar también como llamada de atención general? ¿Podría servir para unir al mundo en torno a los derechos humanos y los valores universales?

Más conflictos y más letales 

La guerra de Etiopía se recrudeció en 2022 y, según algunas estimaciones, se cobró cientos de miles de vidas, lo que la convertía en uno de los conflictos más letales de la historia reciente. Sin embargo, gran parte de esa masacre no salió a la luz, al ejecutarse en una campaña de limpieza étnica prácticamente invisible contra la población tigriana de Tigré occidental.

El año 2022 fue el más mortífero para la población palestina de Cisjordania en un decenio, ya que murieron a manos de las fuerzas israelíes al menos 151 personas -entre ellas, decenas de menores de edad-, la mayoría en el transcurso de las cada vez más frecuentes incursiones y operaciones de detención militares.

Las fuerzas armadas de Myanmar castigaron sistemáticamente a la población civil karen y karenni del país, lo que ocasionó cientos de muertes y el desplazamiento de al menos 150.000 personas. También la población de Haití, Malí, Venezuela, Yemen y muchos otros lugares sufrió el azote de conflictos armados o violencia sistémica y las consiguientes violaciones de derechos humanos.

Más catástrofes climáticas, más petróleo y menos reparación

Los costes devastadores de una crisis climática fuera de control quedaron meridianamente claros en 2022. Las inundaciones, las sequías, las olas de calor y los incendios provocaron muertes, pérdidas de viviendas y medios de subsistencia, y una creciente inseguridad alimentaria. Pese a estas catástrofes, cuando los dirigentes mundiales se reunieron en Egipto con ocasión de la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), no adoptaron las medidas necesarias para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1,5 °C.

Además, los Estados se negaron a atajar el impulsor principal del calentamiento global: la producción y el uso de combustibles fósiles. La cooperación global para frenar este aumento de temperatura fue ineficaz y las negociaciones no dieron lugar a los compromisos indispensables para eliminar gradualmente todos los combustibles fósiles. Sí se lograron avances en la financiación destinada a los países más afectados por las catástrofes climáticas: la creación del fondo de pérdidas y daños fue un rayo de esperanza para quienes vivían la crisis climática en primera persona. Sin embargo, el fondo distaba mucho de ser operativo, y seguían sin recibirse los 100.000 millones de dólares estadounidenses de financiación climática anual que los países ricos llevaban prometiendo a las naciones en desarrollo desde 2009.

Por su parte, las seis mayores empresas petroleras del mundo occidental obtuvieron en 2022 unos beneficios brutos récord de más de 200.000 millones de dólares estadounidenses. Esta suma descomunal no se debía únicamente a la subida de los precios de la energía, resultante de la agresión rusa contra Ucrania, sino que reflejaba el desprecio consciente del sector de los combustibles fósiles hacia el daño que sus actividades causaban en el clima y el medioambiente de todo el mundo, así como su contumaz actitud ante las indemnizaciones y reparaciones por esos perjuicios.

Doble rasero 

La pandemia de la COVID-19, primero, y la guerra de Ucrania, después, agravaron la política de doble rasero. Los Estados ricos acapararon las vacunas contra la COVID-19 y debilitaron los sistemas multilaterales de redistribución, lo que contribuyó a intensificar la desigualdad. En 2022 hubo pocos indicios de que se revirtiera la tendencia, puesto que los países ricos no tomaron medida alguna para liberar a los Estados en desarrollo de su pesada carga de deuda.

La agresión rusa contra Ucrania es también una guerra contra los valores universales y los sistemas multilaterales ideados para defenderlos. Si quiere ganar esta guerra, el mundo occidental no puede consentir en la práctica una agresión similar en otros países solamente porque sus intereses estén en juego. De hecho, el doble rasero de Occidente quedó en evidencia ante el clamoroso silencio que acompañó a las violaciones de derechos humanos cometidas en Arabia Saudí y Egipto, así como en sus respuestas incoherentes al grave impacto que sobre los derechos humanos tienen otros conflictos -algunos de los cuales constituyen crímenes contra la humanidad- y a la protección de las personas refugiadas que huyen de ellos.

En Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, el sistema de apartheid se vio consolidado en 2022. Los sucesivos gobiernos israelíes tomaron medidas que obligaron a más personas palestinas a abandonar sus hogares, ampliaron los asentamientos ilegales y legalizaron los puestos de avanzada y asentamientos existentes en toda la Cisjordania ocupada. En lugar de exigir el fin de ese sistema de opresión, muchos gobiernos occidentales optaron por

atacar a quienes denunciaban el sistema de apartheid israelí.

Las puertas de la UE, abiertas a las personas refugiadas ucranianas que huían de la agresión

rusa, permanecieron cerradas para quienes escapaban de la guerra y la represión en Afganistán y Siria. Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Estados Unidos expulsó a más de 25.000 personas haitianas y detuvo y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos motivados por el racismo contra las personas negras.

Estos ejemplos no hicieron sino confirmar al resto del mundo que el apoyo de Occidente a los derechos humanos era selectivo e interesado, lo que socavaba el apoyo global a Ucrania. Ese doble rasero no benefició únicamente a las potencias occidentales: China siguió eludiendo la condena internacional de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a las violaciones de derechos humanos masivas -equivalentes a crímenes de lesa humanidad- que se cometían en su territorio contra la población uigur y otras minorías musulmanas.

Protección de los derechos a escala nacional

Cualquier lógica que pretenda defender que la respuesta mundial a la agresión rusa supone un punto de inflexión para instaurar un sistema internacional basado en valores y en el Estado de derecho queda socavada por el palpable deterioro en la protección de los derechos humanos que los Estados han de garantizar en sus territorios nacionales.

En Brasil, Canadá, Suecia, Tanzania y Vietnam, entre otros países, se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas, al no proteger los Estados frente a las expropiaciones de sus tierras llevadas a cabo por empresas o poderes públicos. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional de acceso al aborto, lo que puso en peligro el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas.

En Afganistán, los talibanes impusieron restricciones draconianas que negaban a las mujeres y las niñas el derecho a la educación, al trabajo y a la autonomía, al tiempo que proclamaban públicamente la sumisión de la mujer al hombre. En Irán, la "policía de la moral" asesinó a Mahsa Amini por llevar mal colocado el hiyab, lo que desencadenó protestas en las que resultaron heridas, detenidas o muertas más mujeres y niñas en todo el país.

En 2022, la erosión de nuestras libertades de manifestación y expresión adquirió dimensiones de auténtico derrumbe. En Rusia se denunciaron judicialmente y clausuraron medios de comunicación por el mero hecho de haber mencionado la guerra de Ucrania. Se encarceló a periodistas en Afganistán, Etiopía, Myanmar, Rusia y decenas de países más en todo el mundo.

La tecnología se convirtió en un arma contra muchas personas con el propósito de silenciar, impedir reuniones públicas o desinformar. Quienes se manifestaban de forma pacífica fueron testigos del uso de un arsenal de armas cada vez mayor, desde porras y gas lacrimógeno hasta perdigones de goma o munición real, como vimos en Irán, Perú y Sri Lanka.

En Reino Unido, una ley represiva permitió que el poder de la policía aumentara al tiempo que se limitaba el derecho a la protesta pacífica. Presenciamos actos icónicos de resistencia, como los de las mujeres afganas que salieron a la calle para protestar contra el régimen talibán o los de las iraníes que subieron a Internet vídeos en los que se cortaban el cabello en protesta por las abusivas leyes del país sobre la obligatoriedad de llevar velo. Así que reconforta saber que, incluso en situaciones de ese nivel de represión, miles de personas se reunieron para escribir cartas, firmar peticiones y tomar las calles, lo que ha de recordar a quienes ejercen el poder que no se nos puede arrebatar nuestro derecho a exigir cambios y a reunirnos libre y colectivamente.

Conclusiones 

Puede que 2022 haya supuesto una encrucijada para el orden internacional. Así lo atestigua la renovación de la Alianza Atlántica, con un nivel de cooperación entre Estados Unidos y otras potencias occidentales difícil de imaginar un año atrás, después de la caótica retirada de Afganistán en 2021.

No obstante, no hubo ningún punto de inflexión en lo que respecta a los derechos humanos; antes al contrario, prosiguieron en caída libre. La agresión rusa sirvió para desestabilizar aún más un sistema internacional multilateral ya debilitado por Estados poderosos que llevaban decenios burlando impunemente el derecho internacional. La guerra restó recursos y atención a la crisis climática, a otros conflictos de larga data y al sufrimiento humano en todo el mundo.

La respuesta de Occidente a la invasión rusa de Ucrania puso también en evidencia su propio doble rasero y su respuesta inconsecuente a tantas otras violaciones de la Carta de la ONU, reforzando así la inestabilidad y la impunidad.

Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Quienes lideran la coalición de apoyo a Ucrania deben intensificar sus esfuerzos y crear alianzas para renovar el compromiso en favor de un sistema internacional que beneficie a la mayor parte de la población mundial.

En 2023 se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de una guerra mundial. No esperemos a que el mundo arda de nuevo para vivir realmente de acuerdo con los principios y libertades que tantos millones de vidas costaron. El año 2023 ha de constituir un punto decisivo para la defensa de los derechos humanos. Cualquier ambición menor por parte de los dirigentes mundiales sería una traición capaz de precipitar el mundo al abismo.